Prohibido viajar: Daniel Ortega convierte a Nicaragua en una jaula para sus funcionarios por temor a que den información a Estados Unidos Infobae
Hasta antes de noviembre, la lista negra incluía solo opositores o críticos del régimen. El patrón común era que una vez en la ventanilla de Migración, el funcionario advertía al viajero que había un problema con el pasaporte, y por lo tanto debía hacer unas consultas. Al regresar le dice que no puede viajar pues se confirmó el problema, el pasaporte quedará retenido y debe presentarse en las oficinas de Migración central para que les regresen el pasaporte.
Así les sucedió a los periodistas Mauricio Madrigal, de Canal 10, y Vladimir Vásquez, del periódico digital Confidencial, y a monseñor Silvio Fonseca, Vicario de Educación y Familia de la Arquidiócesis de Managua, para mencionar casos que han sido públicos. Sin embargo, las retenciones de pasaporte y prohibiciones de viajar son mayores porque muchos optan por guardar silencio a la espera de que se cumpla la promesa hecha en la ventanilla del aeropuerto. Sin embargo, el pasaporte nunca regresa.
Este mes de noviembre la lista se habría ampliado a funcionarios y colaboradores de régimen de Ortega, y sus familiares quienes sorprendidos han escuchado la frase que hasta hace poco era reservada para los opositores: “Usted no puede viajar”.
La razón del cambio parece estar en una orden firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 16 de noviembre pasado, que prohíbe la entra a ese país de Daniel Ortega y sus funcionarios y colaboradores por “los actos represivos y abusivos del gobierno”.
“He determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a miembros del Gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros descritos en esta proclamación quienes formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua” , cita la orden firmada por Biden. La lista de personas no gratas para el gobierno norteamericano incluye alcaldes, legisladores, funcionarios, colaboradores y sus familiares.
Sin embargo, el mismo documento establece excepciones para aquellas personas que “el Secretario de Estado determine que ha cesado las acciones que socavan las instituciones democráticas y ha tomado medidas concretas para ayudar a restaurar la democracia en Nicaragua” y también cuando “la entrada de la persona promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos”.
“Existe una paranoia de que alguien del régimen filtre algo a países del extranjero, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido”, dice Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua. “Se tiene el temor de que filtren información vinculada a la corrupción, a los crímenes de lesa humanidad, al narcotráfico y al lavado de dinero”.
Los medios de comunicación nicaragüenses han informado de al menos diez casos de funcionarios, colaboradores del régimen o sus familiares que han sido impedidos de salir del país durante este ultimo mes.
El portal informativo Divergentes informó que Álvaro Baltodano Monroy, hijo del general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, delegado presidencial para Fomento de las Inversiones fue imposibilitado de viajar recientemente. Según el medio, citando fuentes anónimas del Ministerio de Gobernación, la decisión obedece a una orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo de “no permitir que ninguna persona que tenga información oficial salga del territorio”.
Igualmente se conoció que el empresario Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme) y cercano al régimen fue regresado del aeropuerto cuando buscaba cómo salir del país.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, aseguró, citando “varias fuentes gubernamentales”, que el exdirector de la Policía Sandinista y exembajador ante El Vaticano, Francisco Bautista Lara, fue impedido de salir de Nicaragua por el aeropuerto Augusto C. Sandino, y se le retuvo su pasaporte.
Tanto Torres como Bautista Lara negaron la información al ser consultados por los medios sobre la noticia. “Eso es falso. Totalmente falso. No he necesitado salir, pero si quiero salir, salgo cuando quiera salir”, aseguró Bautista Lara al portal informativo Artículo 66.
Otros nombres de personas retenidas que se han mencionado a través de diversos medios son la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; una hija del exjefe del Ejército, general en retiro Javier Carrión, Alejandro Martínez Cuenca, presidente ejecutivo de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), y María Caridad González Chamorro, esposa del empresario Gerardo Baltodano, entre otros.
“Nadie ligado al gobierno te va a confirmar que le prohibieron viajar y le retuvieron el pasaporte, porque sería exponerse a mayores represalias”, asegura un periodista que ha investigado el tema. “Todos tienen la esperanza que es una situación temporal y prefieren no denunciar su caso”.
El mayor Samcam atribuye la paranoia al “síndrome Ligia Gómez y Rafael Solís”.
Gómez es una exsecretaría política del Frente Sandinista en el Banco Central, que se negó a participar en la represión, huyó al exilio y el 27 de septiembre de 2018 dio su testimonio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos. “El testimonio que dio Ligia Gómez sirvió para que todo mundo conociera la fatídica orden de Rosario Murillo de “vamos con todos” que los llevó a cometer crímenes de lesa humanidad”, dice el militar en retiro.
Rafael Solís era, hasta el 8 de enero de 2019, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y uno de los principales operadores del régimen en el sistema judicial. Renunció a su cargo, al partido y se fue al exilio.
Recientemente huyó del país el comisionado mayor de la Policía Javier Martínez, quien pidió asilo político a principios de este mes en Estados Unidos.
Una fuente de Migración confirmó que efectivamente ahora la “lista negra” se ha incrementado. “Antes te pasaban los nombres y uno los anotaba y tenía los papelitos al lado. Eran unos diez casos, pero ahora es toda Nicaragua”, dice.
En el Centro de Datos se realizan los “consolidados”, como les llaman a los “resúmenes de vida” de las personas. “Son de cinco a siete líneas por cada uno, ahí están movimientos, situación legal, nombres y apellidos, cédula, tipo de pasaporte, vínculos familiares y de ahí se desprende todo”, relata. “Las listas (negras) se hacen con la información de internet. Lo que tengas en la web te salva o te hunde”.
El mayor Roberto Samcam, que trabaja en temas de seguridad desde el exilio, dice que las listas ahora se elaboran desde la Comisión de Inteligencia Nacional (CIN), que “oficialmente no existe” y en la que participan la Policía, el Ejército, el Ministerio de Gobernación y la gubernamental Unidad de Análisis Financiero (UAF).
“La CIN está compuesta por Daniel Ortega a la cabeza, Néstor Moncada Lau, que es quien operativiza las órdenes, y es el enlace entre las estructuras y la presidencia, asesor en temas de seguridad e inteligencia de Ortega. Luego está (general) Rigoberto Balladares Sandoval, jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID), Luis Cañas Novoa, viceministro de Gobernación, (comisionado) Adolfo Marenco Corea, jefe de inteligencia de la Policía, (general) Leonel Gutiérrez López, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Róger Ramírez Guzmán, también viceministro de Gobernación, y Denis Membreño, que al frente de la UAF es quien tiene el control de todas las cuentas y los flujos de efectivo que tienen los blancos del régimen. Todo lo aprueba la Rosario (Murillo) y Daniel Ortega”, explica Samcam.
Para el mayor en retiro hay “un resquebrajamiento de la confianza” en Ortega y Murillo entre sus colaboradores altos y medios. “Antes, todo lo que hacía el comandante (Daniel Ortega) y la compañera (Rosario Murillo) era sabio. Ahora no. Cuadros intermedios están buscando cómo proteger a sus familiares y buscan ´coyotes´ para que los saquen por puntos ciegos y pidan asilo”.
“Están comenzado a ver un deja vu de los años 80″, dice. “Nicaragua va a volver a sufrir todo lo que se sufrió en los años 80 y la gente empieza a ver con mucha precaución esto”.
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