Lima, 27 oct (EFE).- Un grupo de defensores de los derechos humanos y del medioambiente, llegado de diversas regiones del Perú, se manifestó este miércoles en Lima para exigir un alto a la violencia y demandar al Estado que les garantice protección. "Lo que estamos haciendo acá es haciendo llegar nuestra demanda para que oportunamente accione el Estado (...), que tome las acciones correspondientes antes de que haya más matanzas o asesinatos", declaró a Efe Agustina Mayán, representante de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Junto a esta representante de la norteña región de Amazonas, unas dos decenas de defensores de derechos humanos y del medioambiente se plantaron frente al Ministerio de Justicia, en el distrito limeño de Miraflores, para denunciar las amenazas e intimidaciones que sufren a diario. Además, exigieron la implementación del nuevo protocolo que el Ejecutivo peruano aprobó el pasado mes de abril y que tiene como objetivo mejorar la protección de los defensores. Entre sus principales reclamos figura también la urgencia de que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que obliga a los países firmantes de América Latina y el Caribe a garantizar la protección de los líderes y defensores ambientales. Al Poder Judicial, los defensores pidieron que se desarrolle un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia para prevenir y evitar la criminalización de la protesta. "Pareciera que la Justicia está para los que atentan contra la vida y contaminan y no para los defensores, que terminamos denunciados, perseguidos y judicializados", espetó Mayán. La mujer explicó que, en el distrito amazónico de Cenepa, fronterizo con Ecuador, los conflictos vienen aupados por la presencia de la minería ilegal y aluvial. "Por denunciar a estos mineros ilegales yo terminé presa y estamos a un paso de que seamos asesinados", alertó la vocera de la Odecofroc, a quien la Justicia la acusó de haber secuestrado a tres hombres que "fueron retenidos por la población porque habían entrado ilegalmente y estaban haciendo labores de minería". Desprovistos de protección, los líderes son a menudo amenazados si denuncian a las autoridades y, cuando se atreven a hacerlo, se encuentran indefensos e inmersos en complicados procesos legales que pueden durar muchos años. Perú ocupa el noveno lugar en la lista de los países que registran el mayor número de asesinatos a defensores ambientales del mundo, según reveló un reciente informe de Global Witness. Esto luego de haber contabilizado un total de seis asesinatos a líderes ambientales durante el año pasado, en plena pandemia del coronavirus. Ante esta situación, el Gobierno de Perú aprobó el año pasado un mecanismo para mejorar y acelerar la protección a los defensores de los derechos humanos y del medioambiente. (c) Agencia EFE
