Esto piden los frentes antigentrificación y esto ofrece el gobierno Obras Web
La discusión en torno al acceso justo a la vivienda en la Ciudad de México se encuentra en un punto crítico. A inicios de julio comenzaron a realizarse protestas en contra de la gentrificación , por lo que el gobierno de la capital respondió con el Bando 1 , un paquete de medidas para contener el alza de rentas, regular las plataformas de hospedaje temporal y reforzar la producción de vivienda pública. En paralelo, colectivos como el Frente Anti Gentrificación CDMX multiplicaron sus movilizaciones y demandas y señalaron que las propuestas oficiales no responden a la urgencia ni a la profundidad del problema.
Mientras el gobierno plantea regulaciones sobre el mercado inmobiliario, los frentes sociales reclaman un cambio estructural que vaya más allá de los incentivos y normativas. En palabras del Frente, “la vivienda en México no debe ser un negocio”. Sus demandas incluyen una Ley Inquilinaria con límites al precio del alquiler, el reconocimiento de modelos colectivos de tenencia y el fin de los desalojos en contextos de especulación.
Regular el mercado o desmercantilizar el suelo El Bando 1 reconoce la gentrificación como un fenómeno multicausal y propone instrumentos jurídicos para estabilizar los precios del alquiler. Entre sus primeras disposiciones, establece que las rentas habitacionales no pueden aumentar por encima de la inflación, lo que ya estipula el Código Civil local. También prevé la creación de un “Índice de Precios de Alquiler Razonable” para zonas de tensión inmobiliaria y una Defensoría de los Derechos Inquilinarios que atienda abusos y desalojos ilegales. No obstante, en el pliego petitorio del frente se exige que se dejen de considerar las viviendas como propiedad sujeta al mercado y se reconozca el derecho a la vivienda como un bien común. “El derecho a la vivienda no debería limitarse a obtener un crédito privado o del Infonavit, esto debería ser solo una opción más”, afirma el colectivo en una de sus publicaciones. Además de limitar precios, proponen modelos alternativos como cooperativas de vivienda y fideicomisos de tierras comunitarias. También demandan consultar obligatoriamente a los habitantes de cada zona antes de iniciar cualquier proyecto inmobiliario o comercial. Producción de vivienda Uno de los puntos centrales del Bando 1 es el impulso a la producción de vivienda pública en zonas céntricas. Para lograrlo, el gobierno emitirá un acuerdo de facilidades administrativas y fomentará proyectos sostenibles, con reserva territorial y participación comunitaria. Sin embargo, desde el Frente cuestionan la definición misma de “zonas de tensión” y el modelo de vivienda que se promueve. “No quedó claro qué variables se usarán para definir esas zonas ni qué estrategias se implementarán ni en qué plazos”, dijo Luna, uno de sus voceros, en entrevista. El colectivo subraya que los programas de vivienda deben adaptarse al contexto cultural y social de cada población, en lugar de replicar esquemas homogéneos. “El tema es que los políticos tienen propuestas increíbles. Todo suena bien en el papel, pero, mientras siga sin existir una ley clara que regule todo, para nosotros siguen siendo solo palabras”, expresó.
Políticas públicas inclusivas El Bando 1 establece que los programas de arrendamiento social deberán atender a los grupos prioritarios definidos por la Constitución de la Ciudad de México. También contempla una ampliación del programa de mejoramiento de vivienda, así como el desarrollo de un plan maestro en cada polígono, a través de procesos de planeación participativa. Los colectivos coinciden con este eje y piden que esta inclusión sea explícita y vinculante. En su comunicado, el Frente exige garantizar políticas públicas verdaderamente inclusivas, “accesibles para personas con discapacidad”, así como programas de vivienda dirigidos a mujeres víctimas de violencia, personas en situación de calle, comunidad LGBTIQ+ y migrantes. También demandan que se priorice a pueblos originarios y personas afromexicanas y se evite la “asimilación identitaria” que ocurre cuando la vivienda pública se homologa sin considerar las particularidades culturales de las comunidades. Desalojos y uso del suelo En su parte medular, el Bando 1 incluye la intención de regular las rentas de corta estancia, controlar el cambio de uso del suelo y sancionar prácticas especulativas. También propone crear un Observatorio de Suelo y Vivienda para monitorear los contratos de arrendamiento y la dinámica de precios. El Frente insiste en su demanda que se prohíban expresamente los desalojos nocturnos y se atienda a personas con discapacidad, infancias y personas adultas mayores. Reclaman también que la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi) detenga el acaparamiento de suelo por parte de inmobiliarias y que en los programas urbanos se consideren reservas específicas para vivienda social. Dos perspectivas en tensión El Frente afirma que no se opone al turismo ni a la movilidad internacional, pero sí a que la ciudad se reorganice en función de quienes tienen mayor poder adquisitivo. “No puede ser que el obrero que mantiene viva la ciudad tenga que viajar cuatro horas al día porque no puede pagar un cuarto donde trabaja”, comentó Luna. Mientras el Bando 1 apuesta por medidas legislativas, índices de precios y mecanismos de consulta ciudadana, los colectivos sociales insisten en que se necesita una transformación más profunda: redistribución del suelo, reconocimiento de formas colectivas de tenencia y políticas inmediatas que se traduzcan en resultados tangibles antes de eventos internacionales como el Mundial de 2026. Ambas visiones reconocen el problema. Las diferencias aparecen en el ritmo, la profundidad y el enfoque de las soluciones. ]]>
