Pablo de la Peña: ¿Qué podemos hacer para acelerar la movilidad social en México? El Financiero

En la edición anterior de esta columna, hablé sobre la falta de movilidad social y económica que tenemos en el país, tanto de las consecuencias como de algunos factores que la limitan.

En la edición anterior señalaba que según la encuesta realizada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), sobre Movilidad Social, el 74 por ciento de quienes nacen en hogares pobres permanecen pobres toda su vida; y México, como lo documenta el informe de la OCDE “A Broken Social Elevator?”, es uno de los países donde más generaciones (hasta seis) se requieren para alcanzar el ingreso promedio nacional.

Todo parece indicar que, en México, el lugar y la posición socio-económica de nacimiento siguen siendo los principales predictores del destino en términos de bienestar.

A pesar de las reformas educativas, los programas sociales y las narrativas de meritocracia, las probabilidades de que una persona supere las condiciones socioeconómicas de sus padres siguen siendo mínimas.

Señalé la vez anterior que la falta de movilidad social mina la cohesión social, frena el crecimiento económico y debilita la legitimidad democrática. Si el esfuerzo no rinde frutos y si el talento queda atrapado por el origen social, no por el mérito, las sociedades se estancan y se polarizan, y es algo que evidentemente estamos observando en muchos países de América Latina.

Revisando con mayor detenimiento el documento de la OCDE y para no quedarnos con la sensación de que no hay nada que hacer, podemos identificar algunas reformas prioritarias para acelerar la movilidad social en México. Algunas de estas recomendaciones son: primero, invertir en la primera infancia.

El reporte de la OCDE señala que las brechas de salud y aprendizaje comienzan desde el nacimiento. La malnutrición, el bajo peso al nacer, la exposición a ambientes inseguros y la falta de estimulación cognitiva explican gran parte de las desventajas acumuladas.

México debe invertir decididamente en políticas de desarrollo infantil temprano. Esto incluye expandir la cobertura y calidad de estancias infantiles (no eliminarlas), fortalecer los programas de salud materno-infantil, y garantizar diagnósticos tempranos en lenguaje, audición y nutrición. Según estudios internacionales, las intervenciones en los primeros cinco años tienen retornos sociales y económicos más altos que cualquier otro nivel educativo.

Segundo, mejorar la calidad y equidad de la educación. Aunque el acceso a la educación básica se ha expandido, las brechas de calidad siguen siendo profundas. Como documenta el CEEY, sólo el 10 por ciento de los jóvenes del estrato más bajo llega a la universidad.

Además, la escuela pública en zonas marginadas suele tener infraestructura precaria, y escasa vinculación con el sector productivo.

La OCDE recomienda fortalecer la calidad docente, yo creo que tenemos muchos muy buenos profesores en muchos estados, pero no tienen los recursos y materiales didácticos para hacer más efectivo su trabajo.

También es cierto que tenemos otro grupo de profesores con perfiles menos deseables y que manchan esta formidable tarea de educar y formar a nuevas generaciones.

Es necesario también reformar los mecanismos de asignación de plazas, implementar tutorías para estudiantes rezagados, y diseñar políticas de financiamiento que prioricen a las escuelas de contextos vulnerables.

Creo que no hay mucha transparencia en cuanto al uso de los recursos que se invierten en el sector educativo. Además, se debe ampliar el acceso a la educación media superior y superior, eliminando barreras económicas, geográficas y culturales.

Tercero: formalizar y dignificar el empleo. La informalidad laboral es uno de los mayores obstáculos para la movilidad social. Recordemos que, en México, más del 50 por ciento de los trabajadores carece de prestaciones, seguridad social y oportunidades de desarrollo profesional.

Esto rompe el vínculo entre esfuerzo y recompensa, desincentiva la inversión en capital humano y perpetúa la desigualdad. Tenemos un gran reto en México para reducir la informalidad, pues evidentemente no ha sido prioridad para ningún gobierno, quizá porque políticamente no es conveniente. Creo que se puede incentivar la formalidad laboral mediante incentivos fiscales, educación financiera y simplificación administrativa.

Finalmente, debemos cerrar las brechas territoriales. El informe del CEEY indica que las probabilidades de movilidad social varían significativamente entre regiones.

En el norte del país, un joven que nace en pobreza tiene el doble de probabilidades de salir de la pobreza que uno en el sureste. Esta desigualdad territorial refleja décadas de centralismo, abandono e inversiones mal focalizadas.

Seguimos manteniendo programas sociales que perpetúan la dependencia, el clientelismo y la pobreza, necesitamos fomentar el autoempleo de mayor calidad que genere círculos virtuosos en las regiones que más lo necesitan, pero para eso hay que invertir en educación de calidad y fomentar el espíritu de superación y autosuficiencia; todo parece que los gobiernos que hemos tenido le tienen miedo a tener una sociedad más educada y autosuficiente.