Motocicletas y salud pública: una carga en aumento Periódico Correo

1.- Motocicletas y salud pública: una carga en aumento

Los servicios estatales de salud en Guanajuato enfrentan una creciente presión por la atención a personas lesionadas en accidentes viales que involucran motocicletas. En 2025, la incidencia no solo ha aumentado, sino que contribuyen a la saturación. La consecuencia directa de un sistema de transporte deficiente, una autoridad municipal permisiva y una política pública que prefiere reaccionar en urgencias que prevenir en las calles.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, en 2024 se registraron 4,230 egresos hospitalarios por accidentes en motocicleta, lo que equivale a un promedio de 11.5 diarios. Entre enero y mayo de 2025, ya se han contabilizado 1,882, con un promedio diario que subió a 12.4. El alza es sostenida y preocupante.

Esta elevada accidentabilidad no solo representa una carga para hospitales y clínicas, también exige una movilización constante de recursos municipales de seguridad y protección civil. En municipios como Moroleón —donde circulan más motocicletas que automóviles— el fenómeno ha sido especialmente visible. Autoridades locales lo atribuyen a múltiples factores: exceso de velocidad, maniobras temerarias, omisiones al reglamento de tránsito y deficiente infraestructura urbana, como la proliferación de baches.

La Jurisdicción Sanitaria V, con sede en Salamanca y que incluye municipios como Moroleón, Uriangato y Yuriria, ha documentado que el 38% de los accidentes viales involucran motocicletas, una cifra casi equiparable a los accidentes con automóviles, del 40%.

A nivel federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a trabajar en una reforma que busca unificar la normatividad sobre el uso de motocicletas, con el fin de reducir accidentes y descongestionar los servicios de traumatología. Además, se prevé el lanzamiento de campañas nacionales de concientización. En lo local existe normatividad clara desde el ámbito municipal, que se aplique, ya es otra cosa.

La creciente preferencia por la motocicleta como medio de transporte económico —ante las deficiencias del transporte público o su alto costo— augura un panorama aún más complicado si no se implementan medidas integrales de prevención y regulación.

Que por cierto, desde 2019 se había planteado la posibilidad de convertir el Hospital General de León de la calle 20 de enero en un centro especializado en atención traumatológica. La sobrecarga que hoy experimenta el nuevo Hospital General de León —alimentada en parte por esta epidemia de accidentes en motocicleta— debería llevar al actual secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, a retomar con urgencia ese análisis y definir el uso estratégico de aquellas instalaciones aún sin destino claro.

2.- Falsas narrativas y desinformación como estrategia del crimen organizado

El sábado, Yuriria fue escenario de un fuerte operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Como suele ocurrir en estos casos, el despliegue no pasó desapercibido y pronto comenzó a circular en redes sociales una versión alarmante: la supuesta ejecución de una familia en la comunidad de El Xoconostle. El rumor ganó fuerza y fue incluso retomado por algunos medios locales, amplificando la desinformación.

Sin embargo, la versión fue desmentida oficialmente. De acuerdo con el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, el operativo no tuvo lugar en El Xoconostle, sino en la comunidad de Palo Alto. Ahí, las fuerzas federales lograron la detención de cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva, a quienes se les aseguraron armas de alto calibre y equipo táctico. No hubo tal masacre.

Lo que estamos presenciando es una sofisticación de la estrategia mediática del crimen organizado y de sus bases sociales de apoyo. Ya no se trata únicamente de enfrentarse a las fuerzas de seguridad con armas; ahora, buscan debilitar su legitimidad mediante el uso de rumores y campañas de desinformación que apelen a la sensibilidad social y generen rechazo hacia los operativos.

Esta no es una táctica nueva, pero sí más afinada. Se trata de sembrar dudas, manipular emociones y posicionar una narrativa que victimice a los criminales y desacredite la intervención del Estado. La difusión de supuestos abusos por parte del Ejército —como robos de dinero destinado a tratamientos médicos o agresiones a adultos mayores— responde a una estrategia clara: construir historias sentimentalistas que faciliten su mediatización.

Esto no significa que se deban minimizar las posibles violaciones a derechos humanos que puedan ocurrir durante los operativos. La crítica y la vigilancia ciudadana siguen siendo necesarias. Pero también es urgente reconocer que hay una guerra por el control del relato, donde el crimen organizado busca imponer su versión para frenar las acciones del Estado y mantener su dominio territorial.

El reto es enorme. No solo para las autoridades, que deben actuar con transparencia y apego a la legalidad, sino también para el periodismo, que debe responder con rigor, verificación y responsabilidad ética. Y para la ciudadanía, que no puede consumir información sin cuestionarla.

3.- Celaya se da el lujo de despreciar a quienes sí construyen comunidad desde el deporte

El celayense Jorge Luis Ramos Hernández, medallista en el campeonato mundial de Kickboxing, denunció que la titular del Sistema de Cultura Física y Deporte de Celaya (SIDEC), Alma Gorety Martínez García, cerró las puertas para facilitar un espacio en la Deportiva Miguel Alemán Valdés para realizar un selectivo municipal de Artes Marciales Populares. El reclamo del deportista no es menor, sobre todo si se considera el historial de trabajo que ha sostenido a través de su academia, impulsando la participación de delegaciones de Guanajuato en distintos torneos nacionales e internacionales.

Según Ramos Hernández, se fueron cumpliendo los requisitos y gestionó las citas necesarias y, aun así, fue plantado por la funcionaria no una, sino dos veces el mismo día. Frente al señalamiento público, Martínez García negó haberle cerrado la puerta, argumentando que no pudo asistir a la reunión porque se alargó una ceremonia de graduación de secundaria y que había dejado instrucciones para iniciar el diálogo sin su presencia. Una justificación que, lejos de aclarar el incidente, exhibe la falta de seriedad.

La respuesta institucional no hace más que evidenciar el desdén hacia quienes sí están construyendo comunidad desde el deporte. Que un atleta de alto rendimiento tenga que realizar por cuenta propia un selectivo municipal, porque el gobierno local no muestra voluntad de colaboración, es una señal inequívoca del extravío de prioridades.

En un municipio golpeado por la violencia y donde los eventos deportivos se han cancelado por razones de seguridad, cerrar la puerta a iniciativas ciudadanas que promueven la disciplina, la organización y la reconstrucción del tejido social, resulta no solo torpe, sino irresponsable. Especialmente cuando provienen de personas con probada trayectoria y voluntad.

Lo mínimo que se esperaría de la autoridad municipal es apertura, respeto y capacidad de diálogo. No excusas ni desplantes. Porque si hoy un deportista de alto rendimiento tiene que abrirse camino sin respaldo de su propio municipio, ¿qué puede esperar la juventud que apenas empieza? Celaya ya tiene demasiadas heridas abiertas como para desperdiciar a quienes sí quieren sanar.

Contra Retrato

Melanie Murillo Chávez

A la presidenta municipal de Silao se le avecina una embestida disfrazada de fiscalización, pero motivada por la revancha.

Desde la bancada de Morena en el Congreso se acusó que la compra del terreno para las nuevas instalaciones de la Feria —por 80 millones de pesos— se habría realizado con un sobreprecio y, además, en una zona afectada por una supuesta falla geológica. Pedirán la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASEG), la Fiscalía General del Estado y hasta por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. La alcaldesa ha rechazado los dichos y defendido que la compra se dio incluso a un costo menor del real en el mercado.

Sin embargo, detrás de esa supuesta cruzada por la transparencia, aparece la sombra de Ricardo García Oseguera, empresario dueño de NKN del Centro, señalado como promotor de dicha ofensiva.

Y aquí el fondo del asunto cambia de tono: no es la preocupación genuina por el uso del dinero público, sino el ánimo de venganza del empresario. García Oseguera perdió el contrato de uso y manejo del relleno sanitario en Silao, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado permitiera al municipio avanzar para liberarse de ese acuerdo leonino. La razón: su empresa no sólo incumplía con garantizar el servicio, sino que ni siquiera contaba con capacidad técnica.

Desde luego, la administración de Murillo Chávez está obligada a rendir cuentas claras. La compra del terreno debe transparentarse hasta el último metro cuadrado. Pero no se puede permitir que la rendición de cuentas se pervierta y se utilice como instrumento de vendettas empresariales. Que García Oseguera quiera cobrar factura era algo esperado; que los diputados de Morena se presten al juego, es impresentable.