De ‘dato protegido’ a la instrumentalización de la violencia Vanguardia.com.mx

Por Leslie Idalia Jiménez UrzuaPara nadie es ajeno el caso de la diputada conocida como “dato protegido”.
Desde memes hasta notas periodísticas, quienes habitamos crónicamente Twitter (sí, dije Twitter, porque para mí ese congal siempre se llamará así) hemos presenciado puntualmente las “disculpas públicas” de una ciudadana sentenciada, mientras la diputada recibe, una y otra vez, el recordatorio del rechazo social que su actuar ha provocado.
Y entre lo viral y lo indignante, ha surgido algo que, buscando lo positivo, merece señalarse: esta discusión pone sobre la mesa un debate necesario, aunque incómodo.
La derecha lleva meses intentando capturar ese argumento para deslegitimar el feminismo: que el concepto de violencia de género se ha distorsionado.
Y aunque su agenda es regresiva y revictimizante, esta vez algo de razón hay: el concepto está siendo instrumentalizado, especialmente por quienes legislan, para fines personales o políticos, alejados de una agenda de justicia feminista real.
TE PUEDE INTERESAR: Ciudadana pide disculpas a ‘Dato Protegido’, tras sanción por violencia política a diputadaEl caso de la diputada “dato protegido” no es un episodio aislado.
Hay antecedentes.
Y por eso urge preguntarnos: ¿para quiénes están legislando? Porque para las miles de mujeres que enfrentan a diario la violencia institucional de un Estado que las ignora, desde las fiscalías hasta los tribunales, está claro que no.
La propia diputada publicó un video en el que afirma que no tiene problema en ser “una mártir” por los derechos de las mujeres, que respeta la libertad de expresión y que se asume víctima de violencia de género.
Pero hay que decirlo con claridad: una servidora pública con un sueldo de 75 mil 609.
27 mensuales, con fuero, capital económico, capital cultural y redes de poder, no está en desventaja frente a ninguna mujer.
Ni siquiera frente a aquella a la que llevó ante el Tribunal.
La diputada no está defendiendo derechos, está defendiendo intereses.
No está sentando precedentes de justicia, sino reafirmando una estructura de privilegios y poder que no representa a las víctimas.
La justicia no puede seguir basándose en una mirada despolitizada del género.
Urge que el enfoque de justicia deje de sustentarse únicamente en una perspectiva de género formalista y vaciada.
Necesitamos un enfoque interseccional que reconozca la complejidad real de las violencias que atravesamos las mujeres en este país.
No todas las mujeres vivimos las mismas condiciones, ni partimos del mismo lugar.
En México, las mujeres no sólo somos violentadas por razón de género, sino también por la identidad de género, la orientación sexual, el color de piel, la clase social, la discapacidad, la escolaridad, el territorio en el que vivimos o del que fuimos expulsadas.
Mientras en el Congreso se legisla desde los privilegios, la violencia contra las mujeres sigue siendo cotidiana, brutal y estructural.
Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 70.
1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.
No son cifras.
Son vidas.
Son mujeres sin fuero, sin asesores, sin redes de protección.
Mujeres que sobreviven, que callan por miedo, que denuncian y son revictimizadas.
NO TODO LO QUE USA PAÑUELO MORADO ES FEMINISTAYa basta de servidoras públicas (de cualquier partido) que creen que con colocarse un pañuelo morado están militando con las demás.
Sus acciones, sus alianzas y su forma de hacer política evidencian lo contrario: instrumentalizan el discurso feminista mientras lo vacían de contenido, se apropian de un dolor que no les cruza, usan al Estado como escudo para su ego y sus estrategias y, al mismo tiempo, respaldan a agresores señalados por violencia sexual cuando les conviene políticamente.
TE PUEDE INTERESAR: Una disculpa ya fue suficiente, dice diputada BarrerasCada vez que lo hacen, no sólo deslegitiman la lucha feminista, sino que profundizan la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones, refuerzan el uso punitivo y selectivo del Estado, y banalizan el sentido profundo de la justicia con perspectiva de género.
Porque no se trata de usar el lenguaje de los derechos para blindarse del escrutinio público.
Se trata de reconocer que, en este país, militar por los derechos de las mujeres implica incomodar al poder, no servirse de él.