CRIMEN ORGANIZADO en AMÉRICA LATINA penetra la POLÍTICA y las INSTITUCIONES del ESTADO Punto Por Punto

El poder del crimen organizado en América Latina -los carteles de la droga, los grupos criminales de tráfico de personas y la criminalidad transnacional- se ha extendido significativamente en las últimas décadas, según investigadores. De estar ligado principalmente al narcotráfico, ha pasado a ser un actor político y social con la capacidad de infiltrarse en instituciones estatales, y de controlar e incluso alterar procesos democráticos.

• Pero este fenómeno no es nuevo, explica Steven Dudley, cofundador y director del centro de investigación InSight Crime: «Son formas de corrupción que existen porque las élites de poder tradicionales no tienen interés en crear estructuras para regular fuertemente las instituciones, a fin de no ser vigiladas en sus actividades”.
• A juicio de Iván Briscoe, director de Política de International Crisis Group (ICG), el objetivo del crimen organizado sigue siendo sacar el mayor rédito económico posible, «aprovechando la porosidad del Estado a los intereses privados y explotando redes privadas de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo”.

Los métodos de infiltración del crimen organizado

¿De qué manera actúan esas redes criminales? «La delincuencia organizada captura al tejido económico para usar a empresas legales como infraestructura de producción y distribución, y el sistema político le permite contar con la protección de sus mercados para seguir con la distribución, a través de la corrupción y el lavado de dinero”, dice al respecto el investigador y académico Edgardo Buscaglia, director del International Law & Economic Development Center.

«Este fenómeno va en aumento debido a una mayor captura del tejido político y social, porque, a la vez, están disminuyendo los índices de desarrollo humano, y eso alimenta los niveles de ingreso de la delincuencia organizada,” subraya Buscaglia, autor de una docena de libros sobre el tema.

• Por su parte, Sandra Pellegrini, analista de Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), que investiga la violencia contra actores políticos en la región, indica a DW que «esos grupos tienen diversas estrategias para infiltrarse en la administración pública, en los círculos de poder y en los procesos de tomas de decisiones, pero esas estrategias son poco visibles y muy difíciles de medir, en especial, si la capacidad de investigación en cada país está debilitada”.

Gobiernos dictatoriales y democracias

«Las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura son un parte fundamental en los casos de corrupción más grandes de las últimas dos décadas, que fueron en Brasil los de Petrobras y Odebrecht, y allí el crimen organizado no fue responsable de todos los actos de corrupción”, aclara Briscoe. «Pero si hay canales de corrupción y de tráfico de influencias, normalmente también estará presente la criminalidad organizada”.

• El experto resalta, por otra parte, las diferencias entre gobiernos autocráticos y regímenes dictatoriales, y los sistemas democráticos. «En las democracias, el clientelismo criminal no llega a los extremos que se dan en los sistemas dictatoriales”, destaca. Y ejemplifica con el caso de Venezuela.

«Venezuela es uno de los países donde vemos los acuerdos más fuertes entre el crimen organizado y la política. Hay evidencia de acciones judiciales de Estados Unidos contra los nexos de los cárteles del narcotráfico con militares y con el Gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre conexiones entre militares y la minería ilegal en el sur del país”, sostiene Briscoe.

Colombia tiene mayor capacidad de combatir la delincuencia organizada, contrasta Buscaglia. Pero los grupos criminales «se han atomizado, generando una violencia cada vez mayor». Aunque «en Colombia, la violencia es más política que generada por la delincuencia organizada”, destaca, en referencia al atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay.

Caballo de troya del crimen organizado

La forma más común de infiltración de organizaciones criminales en la política es a través de la financiación de campañas electorales, según los investigadores. «Se potencia el pago de sobornos a cambio de protección, por ejemplo, en las rutas del narcotráfico”, detalla Pellegrini. «Esos grupos también ofrecen seguridad privada o movilización de votantes, algo muy claro en el caso de Haití”.

• Eso también pudo constatarse en México, durante fases de transición democrática, dice Briscoe: «Aprovechan la fragmentación del Estado para dirigirse a los puntos débiles, donde pueden explotar la corrupción y la complicidad para abrir espacios para sus negocios”, pondera. «En el caso de México, es el famoso ‘Plata o plomo’, para corromper a alcaldes, jueces, fiscales de distrito”.

«A través de la corrupción política controlan a los jueces, exigiendo que no se avance en investigar determinado caso en el que una empresa amiga les financia la campaña electoral. Y algunos jueces, generalmente dependientes de los políticos, obedecen”, consigna Buscaglia.

• Para Steven Dudley, «esos grupos no debilitan a las instituciones, sino que estas ya estaban debilitadas, y el Estado no responde a las necesidades de la población, sino a los de esos grupos criminales. Se trata de un sistema depredador en el cual ya nadie confía, y eso es como una profecía autocumplida”.

«En Latinoamérica -salvo excepciones, como Chile o Colombia- se auditan muy poco los dineros de campaña. No hay auditorías en México ni en Argentina. Eso hace que la política siga siendo un canal de protección de las actividades mafiosas de esos grupos”, puntualiza Buscaglia.

• Por su parte, Sandra Pellegrini, la investigadora de ACLED, resalta además que «la coerción violenta no solo disuade a los candidatos, que se retiran de las campañas, sino que también reduce la participación en zonas de alta violencia”.

La influencia de los clanes políticos

«El dinero sucio en las campañas electorales en México o Colombia, por caso, van de la mano de los poderes locales autoritarios en los llamados enclaves políticos, gobernados por familias o clanes donde hay complicidad de los políticos con las organizaciones criminales”, señala Briscoe, del ICG. Y enumera casos notorios en la costa atlántica de Colombia y en el departamento de Petén, en Guatemala.

• Sandra Pellegrini recuerda que hubo nexos comprobados entre grupos criminales y las fuerzas del orden y las autoridades en varios países, como México, Honduras, El Salvador y Ecuador. Para ella, «es importante hacer visibles los actos de violencia contra políticos” para contrarrestar el poder de los grupos criminales.

¿Qué estrategias podrían frenar esta evolución? «Una acción transparente por parte de comisiones de investigación parlamentaria”, explica Briscoe. «Un sistema de auditoría de acciones públicas y, en el sistema judicial, la persecución de los crímenes, que fortalezca a la Justicia”. Y recuerda a la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), en Guatemala, que intentó limpiar al Estado de los intereses criminales y corruptos, además de encaminar reformas legales.

«La gente acude a la delincuencia organizada como un mecanismo para sobrevivir”, subraya, por su parte, Buscaglia. «Los indicadores de desarrollo están colapsando en América Latina. Cuando el Estado falla en garantizar los derechos humanos fundamentales, eso alimenta a la delincuencia organizada”, concluye.

Crimen organizado desata ola de asesinatos contra políticos en México

Durante los primeros tres meses de 2025, al menos 50 políticos fueron asesinados en México, principalmente a nivel municipal. Así lo reporta el informe Violencia Política en México, elaborado por la consultora Integralia, publicado el 11 de mayo.

• De enero a marzo se documentaron 104 actos de violencia política en el país. El homicidio doloso fue el delito más frecuente, seguido por amenazas (24 casos), atentados con arma de fuego (15), secuestros (11), desapariciones (2) y otros delitos (2).
• Entre las víctimas destacan Manuel Gamboa, director de Gobernación de Ixtaczoquitla, Veracruz; Carlos Ramsés Neri, aspirante a alcalde en Veracruz; y Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Debilidad institucional

El informe señala que 81.7% de las víctimas ejercían, habían ejercido o aspiraban a ocupar cargos en gobiernos municipales. Esta situación refleja la debilidad institucional de los municipios frente al crimen organizado.

• Integralia identificó casos de violencia política en 78 municipios. Cuernavaca y Huitzilac, en Morelos, registraron cinco incidentes cada uno. El estado de Morelos acumuló 17 casos, la cifra más alta del país. Le siguieron Veracruz (13), Oaxaca (12), Puebla (11) y Guerrero (9), estados con altos niveles de criminalidad.

Afiliación política de las víctimas

En cuanto a la afiliación política de las víctimas, Morena concentró 30 casos, seguido por el PRI (10) y Movimiento Ciudadano (9). El informe aclara que esta tendencia obedece a la mayor cantidad de cargos públicos que ostenta Morena.

• Integralia concluye que estos actos buscan influir en los procesos electorales y asegurar el control territorial y financiero por parte de grupos criminales. Las amenazas y atentados contra aspirantes buscan incidir en los resultados electorales, mientras que los secuestros y amenazas a funcionarios buscan garantizar el control local.
• Por otro lado, el informe destaca que, hasta el 31 de marzo, no se han registrado incidentes de violencia política relacionados con la elección judicial programada para el 1 de junio. Se atribuye esta situación a la baja visibilidad de dicho proceso y a la posibilidad de que las organizaciones criminales utilicen otros métodos de influencia.
• Finalmente, el documento reporta una disminución del 59.2 % en los casos de violencia política en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 255 incidentes. Esta reducción se explica por el mayor número y relevancia de cargos en disputa durante las elecciones de 2023-2024.

No obstante, el registro no alcanzó a documentar el asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, quien fue ultimada la noche del domingo 11 de mayo, durante una caravana política mientras recorría el municipio acompañada por simpatizantes. El ataque se registró en el barrio Camino a Jáltipan, al sur del estado, en el contexto de las campañas previas a las elecciones del próximo 1 de junio.

EU presionó a México para que investigue a políticos vinculados al crimen organizado

El gobierno de Estados Unidos presionó a México para que investigue y procese a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado y los extradite a Estados Unidos si hay cargos criminales que responder allí, según Reuters.

• La agencia de noticias cita fuentes familiarizadas con el asunto que señalan que las solicitudes han sido planteadas al menos tres veces por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y su equipo en reuniones bilaterales y conversaciones con funcionarios mexicanos.
• Las peticiones buscan presionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que investigue a los actuales funcionarios electos y lance una ofensiva sin precedentes contra la narcotráfico, dijeron cuatro fuentes.
• De acuerdo con dos de las fuentes, en las reuniones, los funcionarios estadounidenses pidieron acciones contra varios políticos de Morena, el partido de Sheinbaum, y amenazaron con imponer más aranceles si México no tomaba medidas.

Siempre según Reuters, Estados Unidos planteó la solicitud por primera vez en la reunión del 27 de febrero en Washington, encabezada por Rubio y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y otros funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, así como del Tesoro, asistieron a la reunión, igual que el fiscal general de México, Alejandro Gertz, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

• En el encuentro también se discutió la posibilidad de agilizar la captura o deportación de objetivos prioritarios de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), según dos de las fuentes de la agencia de noticias.
• Como parte de las discusiones, funcionarios estadounidenses plantearon también la idea de nombrar a un zar del fentanilo en Estados Unidos para que se comunique de manera directa con Sheinbaum sobre el progreso en el combate a la producción y tráfico del opioide sintético.

EU pide a México reforzar inspecciones a cargamentos y viajeros en frontera común
Washington también presionó a México para que realice inspecciones más exhaustivas de los cargamentos y viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre ambos países, según dos de las personas familiarizadas con el tema.

• Reuters indicó en su artículo publicado este miércoles que no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado o pruebas en su contra.

Sin embargo, dos de las fuentes de la agencia dijeron que se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, sin que se conozcan los nombres.

«Son rumores», dice Sheinbaum sobre presunta lista de políticos sospechosos

Sobre el tema de la presunta lista, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no hay una confirmación al respecto por parte del Departamento de Estado de EU, por lo que solo se trata de «rumores».

En una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, en mayo pasado, Sheinbaum dijo que era información falsa, por lo que pidió a los medios de comunicación actuar con responsabilidad./Agencias-PUNTOporPUNTO