Cómo es la reforma de la escuela secundaria que debaten la Nación y las provincias Infobae
Junto con el plan de alfabetización, la Secretaría de Educación de la Nación está avanzando en otra política que considera prioritaria: la transformación de la escuela secundaria. El año que viene se cumplen 20 años desde la sanción de la Ley de Educación Nacional, que estableció la obligatoriedad de este nivel educativo para todos los chicos de la Argentina. Sin embargo, después de dos décadas –y de varias reformas–, la secundaria enfrenta desafíos críticos en todo el país.
Los resultados de la prueba Aprender 2024 muestran que el 85,8% de los estudiantes del último año de secundaria no alcanzan un nivel satisfactorio en Matemática. En Lengua las cifras son mucho mejores, pero están lejos de lo deseable: el 42% de los alumnos no alcanza el nivel esperado. Las desigualdades por nivel socioeconómico son brutales: en Matemática, el 28% de los estudiantes del quintil más alto (los más ricos) alcanzan el nivel satisfactorio, pero la cifra desciende al 5,2% en el quintil 1 (el más bajo).
Un panorama más completo –y más dramático– surge de mirar no solo los desempeños en las pruebas estandarizadas, sino también las trayectorias escolares, es decir, el recorrido de los estudiantes desde que ingresan hasta que terminan. El Índice de Resultados Escolares elaborado por Argentinos por la Educación señala que, de cada 100 estudiantes que empiezan primer grado, solo 13 terminan la escuela en tiempo y forma, es decir, sin repetir ni abandonar y con conocimientos suficientes de Lengua y Matemática, según datos de 2023. De los que empiezan primer grado, solo el 61% llega 12 años después al último año de secundaria: el otro 49% repite o abandona.
La problema estructural de la educación argentina es cada vez más evidente en la vida cotidiana y repercute directamente en las oportunidades de los adolescentes –incluso de quienes consiguen su título–. Lo sintetizó hace unas semanas Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, cuando contó en un evento en la Escuela Técnica Roberto Rocca que la abrumadora mayoría de los candidatos que entrevistaron para cubrir un puesto en una planta de Pluspetrol en Neuquén no pudieron resolver el siguiente ejercicio de regla de tres simple: “Si con dos litros de aceite puedo sostener cuatro motores, ¿cuántos litros de aceite necesito para sostener diez motores?”. Hace unos años, las dificultades de Toyota para conseguir jóvenes calificados también fueron noticia por el mismo motivo.
En este escenario, la Secretaría de Educación de la Nación, a cargo de Carlos Torrendell, está promoviendo en el Consejo Federal de Educación (CFE) la discusión sobre la transformación de la escuela secundaria. Infobae pudo acceder al “documento marco” que el Gobierno nacional hizo llegar a las provincias, donde se presentan los puntos centrales de la propuesta. Si bien la escuela secundaria depende de cada jurisdicción –y varias ya están avanzando con sus propios procesos de reforma, entre ellas la provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba–, la iniciativa nacional pretende consensuar un marco federal común y, a la vez, impulsar los cambios en las provincias más rezagadas.
La propuesta apunta centralmente a flexibilizar el formato tradicional de la secundaria y a dar mayor “libertad” a las escuelas para reformularse: no se propondrá un modelo único, sino que se alentará la autonomía de cada institución educativa para probar diversidad de modelos (por ejemplo, formas alternativas de agrupar a los alumnos y de organizar el tiempo y el espacio), a partir de algunos lineamientos comunes. El texto oficial propone pasar “de la enseñanza centrada en el docente, a los aprendizajes en profundidad, atendiendo a las necesidades de la sociedad y del mundo del trabajo”.
El documento, presentado como “preliminar” y titulado Transformación de la escuela secundaria, se está discutiendo en el CFE, el organismo que reúne a todos los ministros de educación del país. Dentro de la secretaría nacional, la iniciativa está a cargo de Alfredo Vota, subsecretario de Políticas e Innovación Educativa.
Si bien el texto reconoce los avances logrados desde 2006 y los acuerdos construidos en el CFE para mejorar la escuela media, también plantea que en estos 20 años “no se logró modificar algunas de sus principales características tales como la construcción enciclopedista de la estructura curricular, la formación y las características del trabajo docente, así como el formato institucional”.
Los cuatro ejes de la reforma abarcan cambios en la organización institucional de las escuelas (para avanzar hacia regímenes académicos más flexibles), en la enseñanza y los diseños curriculares (para garantizar “aprendizajes relevantes” y asegurar que los egresados tengan herramientas para insertarse en el mundo laboral, continuar sus estudios y construir su proyecto de vida), el “acompañamiento de las trayectorias” (para reducir los altos niveles de abandono) y el desarrollo profesional docente (que incluye una revisión de la carrera y un mayor énfasis en la evaluación).
Para cada uno de estos ejes, la propuesta nacional define tres “niveles” de implementación, de manera que, en función de las necesidades de su comunidad o de las posibilidades de su equipo, una escuela podría avanzar gradualmente en alguna de las cuatro dimensiones y luego con las otras: el documento oficial plantea la metáfora del ecualizador. “Cada jurisdicción o escuela debería abordar los cuatro ejes propuestos de manera simultánea, adaptando la intensidad de su trabajo según sus capacidades”, señala el texto.
Los principales ejes de cambio
Con respecto a la organización institucional, el horizonte de la reforma es ir hacia la acreditación por materias, es decir, sin repitencia del año completo: una dirección en la que ya avanzaron varias jurisdicciones, entre ellas provincia de Buenos Aires y CABA. También se estipula un examen integrador al final de la secundaria, tal como lo propuso el Gobierno en la primera versión de la Ley Bases, en diciembre de 2023. Además, se prevén “espacios curriculares” (materias) optativos, docentes por cargo con horas institucionales (es decir, no “profesores taxi” que vayan de escuela en escuela) y asignaturas cuatrimestrales además de las anuales, como en la universidad.
“Cada establecimiento escolar podrá, a partir de un marco común, establecer el régimen académico y la modalidad de organización institucional que considere más adecuados a las características de su comunidad”, sostiene el documento. Y continúa: “No se trata de encajar en una estructura prefijada, sino de realizar, a partir de criterios generales y de objetivos comunes (jurisdiccionales y nacionales) las adaptaciones que cada situación requiera”.
En relación con la organización de la enseñanza y el aprendizaje, la propuesta apunta a estimular que haya momentos de trabajo autónomo de los estudiantes, con proyectos individuales y grupales, materias troncales (Lengua y Matemática) y otras organizadas por “áreas” (como Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), y una mayor articulación de la escuela con el mundo del trabajo y de los estudios superiores.
Además, se priorizan varias cuestiones que vienen resonando en los últimos años: metodologías “activas” (como el aprendizaje basado en proyectos), el enfoque en “capacidades” (antes que contenidos), habilidades socioemocionales, educación financiera, emprendedurismo, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, entre otros.
“En muchos casos, los diseños curriculares no pasan de ser buenos deseos de las diferentes gestiones, pero no se trasladan a la acción cotidiana de la clase”, plantea el documento en alusión a reformas previas, y subraya que es fundamental que los cambios impacten en lo que hacen los docentes en el aula: las “prácticas de enseñanza”.
Para el acompañamiento de las trayectorias escolares, en una instancia inicial se propone fortalecer el rol de los preceptores y los profesores tutores, y se destaca la utilidad de los sistemas de información digital para contar con herramientas que permitan un seguimiento actualizado de la situación de cada estudiante. También se propone habilitar “agrupamientos flexibles” de los alumnos en función de criterios distintos de los habituales (por ejemplo, según sus intereses, conocimientos previos o diversidad social).
El documento sostiene que es necesario “reconceptualizar los modos de estar en la escuela”, lo que implica trayectorias diferenciadas, más allá de la agrupación por edades. Además, se prevén pasantías laborales y académicas, instancias de mentoría y orientación vocacional, y se propone que las escuelas acompañen a los egresados en su primer año de estudio o de trabajo.
De cara al desarrollo profesional de los equipos docentes y directivos, el documento prioriza la formación en el uso de inteligencia artificial y sugiere que haya una carrera diferencial para los docentes “destacados”, que se promueva la investigación y otras vías de ascenso horizontal (por ejemplo, que un maestro pueda crecer profesionalmente acompañando a docentes noveles) y que se construyan redes de educadores.
También se enfatiza la evaluación de los docentes, otro punto del programa educativo previsto en la primera Ley Bases. El documento oficial reivindica la necesidad de construir una “cultura de la evaluación” orientada a la mejora, en la que “los errores no son ni punidos, ni ignorados, sino tenidos en cuenta y asumidos, para promover un sistema virtuoso de transformación”.
Los “principios” propuestos para orientar el trabajo federal son el foco en el estudiante, “flexibilidad y libertad” para que las escuelas se transformen, la necesidad de que la secundaria abra las puertas a que los estudiantes puedan continuar sus estudios e insertarse en el mundo laboral, la cooperación y articulación con la sociedad civil, la “transparencia pedagógica y administrativa”(a partir de una “gestión basada en datos”), la “inversión inteligente”, la innovación y la “mejora continua”.
La iniciativa oficial prevé que la Nación brinde apoyo a las escuelas que elaboren planes de mejora institucional orientados a avanzar en estos cuatro ejes. Para la implementación, proponen empezar con 200 “escuelas innovadoras”, seleccionadas con acuerdo de la Nación y las provincias. Según el documento, el Gobierno nacional se compromete a aportar recursos, formación y acompañamiento para estas instituciones: “Se espera que puedan ser casos de estudio y fuentes de inspiración para que más escuelas puedan sumarse a la transformación que el sistema requiere”.
