La presidenta de la Comisión de Presupuesto fundamenta dictamen que transfiere funciones del CONEVAL al INEGI Elarsenal.net
México.- La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), fundamentó el dictamen que reforma disposiciones de las leyes General de Desarrollo Social, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Contabilidad Gubernamental, en materia de transferencia de funciones del CONEVAL al INEGI.
En sesión extraordinaria vespertina, indicó que el dictamen marca un punto de inflexión e inaugura un nuevo paradigma, el cual no parte de instituciones, parte de datos, no improvisa soluciones, construye respuestas con base en evidencia y no confunde movimiento con avance; es decir, mide, compara, corrige y mejora.
Con ello, agregó, México está dando un paso crucial hacia la inteligencia institucional y la armonización legal es lo que permite que una reforma constitucional cobre vida, que baje del texto al territorio y del papel a la vida, que se traduzca en políticas reales, en presupuestos alineados, en evaluaciones útiles y en transformaciones concretas para la vida de las personas.
Hizo notar que cada ajuste que se hace al marco legal tiene una dirección clara: que el Estado sirva mejor, que rinda cuentas con más rigor y que actúe con mayor justicia y eficiencia, “porque no se trata simplemente de mover atribuciones entre dos instituciones”.
El INEGI, dijo, asume una nueva responsabilidad estructural y estratégica: proveer con rigor técnico y visión de Estado la evidencia que permite al gobierno valorar su política social, medir el desempeño institucional y optimizar la asignación y el impacto de la gestión pública.
“No impone un rumbo –subrayó–, pero sí entrega el mapa, el conocimiento que hace que cada acción pública tenga sentido, propósito y justicia. Está enlazada a reformas constitucionales y legales que buscan simplificar trámites, digitalizar servicios, reducir costos y crear entornos más atractivos para el capital y la creación de empleos”.
Destacó que nadie podrá invertir con confianza si no hay datos que le den claridad, certeza y medición de los riesgos. Por ello, se precisa de un modelo que no evalúe desde el escritorio, sino con los pies en la tierra; un modelo que no acumule datos, sino que los convierte en elementos para la creación de políticas que transformen vidas.
“Afirmamos con certeza que no hay improvisación, no hay vacío y no hay desmantelamiento. Hay una transición inteligente, ordenada y profundamente transformadora. La evaluación en este nuevo diseño no desaparece; se amplía y se democratiza. No se aísla, se articula. No se debilita, se vuelve más útil, más práctica y más cercana. Porque medir sin transformar es simulación. Y en este gobierno evaluar sirve para corregir y corregir sirve para servir”, enfatizó.
Observó que el INEGI será a partir de ahora el ente que concentre estas funciones, ya que se habla de una de las instituciones con mayor credibilidad, solidez, técnica y prestigio nacional e internacional; una institución que ha demostrado ser capaz de generar, integrar y difundir información confiable, precisa y oportuna.
Gómez Pozos aseveró que “el INEGI seguirá siendo una brújula confiable para el país, una institución capaz de traducir la complejidad social en datos precisos que ayuden a entender y transformar la realidad; seguirá aportando claridad sobre los avances sociales que día a día se construyen en México, incluyendo cómo millones de personas dejan atrás la pobreza, dándole rostro humano a la estadística y rumbo justo a las decisiones de Estado”.
Sostuvo que esa es la dimensión del cambio que se está consolidando. “Ya no hay lugar para esquemas institucionales y fragmentados que dividirían funciones similares entre organismos distintos y que dificultaban la articulación de la evaluación con la política pública. Hoy consolidamos capacidades en una sola institución con visión integral, sin duplicidades ni dispersión”.
La evaluación, estimó, debe ser un instrumento al servicio del pueblo y convertirse en una herramienta viva del cambio. Por ello, el dictamen es parte de la lógica de la simplificación orgánica, que no significa reducir funciones, sino quitarle el peso muerto al aparato público.
Puntualizó que la reforma, más allá de un simple ejercicio administrativo, es una decisión ética y al aprobarlo “estaremos abriendo una nueva etapa en la vida pública del país, una etapa donde el conocimiento no solo orienta, sino inspira; donde las cifras no son frías, sino senderos, y donde cada dato confiable es una semilla de futuro para construir un México más justo, más dinámico y más próspero para todas y todos”.
Con información de la Cámara de Diputados
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