México vive una de las transiciones más polémicas en su historia judicial tras las primeras elecciones populares para designar a jueces, magistrados y ministros. Aunque apenas el 13% del padrón acudió a las urnas y más del 10% de los votos fueron anulados, el Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para validar en los próximos días la llegada de cientos de nuevos integrantes al Poder Judicial, muchos con antecedentes altamente cuestionables.
Entre los perfiles más votados figuran miembros activos de la iglesia La Luz del Mundo, organización cuyo líder, Naasón Joaquín García, cumple una condena por abuso sexual de menores en Estados Unidos. Madián Sinaí Menchaca Sierra, hija del actual líder del culto, se perfila como jueza federal administrativa en Jalisco, con más de 43 mil votos. Le sigue Eluzai Rafael Aguilar, también con vínculos familiares en la jerarquía de la iglesia, quien obtuvo más de 62 mil sufragios para ser jueza penal en la misma entidad.
En Coahuila, la candidata más votada para jueza federal penal, Salma Jaanai Martínez Macías, ha declarado abiertamente su orgullo de pertenecer a dicha organización religiosa, generando inquietud sobre la mezcla entre poder judicial y creencias sectarias.
Pero no solo preocupan los vínculos religiosos. Otros candidatos acarrean acusaciones penales graves. Carmen Alejandra Lozano Maya, próxima jueza penal en la Ciudad de México, enfrenta denuncias por tortura, abuso sexual y extorsión durante su tiempo como agente del Ministerio Público en el Estado de México.
También figura Hernán Jesús Vega Burgos, quien asumirá como magistrado en Yucatán pese a haber sido denunciado en 2009 por su presunta participación en una red de trata de mujeres extranjeras. Por su parte, Tania Contreras López, con más de 217 mil votos, encabezará el Tribunal Supremo de Justicia de Tamaulipas, aunque tiene abierta una investigación por tráfico de influencias y asociación delictuosa vinculada al robo de combustible (huachicol).
Pese a las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum de renovar el sistema judicial, activistas y organizaciones no gubernamentales han alertado que la reforma —impulsada por el oficialismo— carece de filtros adecuados y abre peligrosamente las puertas del poder judicial a perfiles con antecedentes alarmantes.
El INE ha declarado que podría anular candidaturas con antecedentes delictivos “comprobados”, pero hasta ahora no ha detallado un mecanismo claro para hacerlo. La validación final de los resultados está prevista para la próxima semana.
Mientras tanto, Morena y sus aliados han consolidado su influencia sobre las principales cortes, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de supervisar la actuación de los jueces, ahora también bajo sospecha.
Lo que se anunciaba como un avance democrático en la justicia mexicana ha encendido una fuerte alarma nacional e internacional sobre el futuro del Estado de derecho en el país.
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