Oficializaron un nuevo sistema de seguridad para la venta y distribución de autopartes Infobae
El Gobierno nacional oficializó un nuevo sistema de seguridad para facilitar el proceso para verificar que las autopartes disponibles para su venta cumplan con las normas establecidas. A partir de ahora, los productos deberán contar con una certificación y un código QR, que permita acceder a la información completa de los mismos.
La normativa entró en vigencia esta madrugada, luego de que la Secretaría de Industria y Comercio publicara la Resolución 222/2025 en el Boletín Oficial. Se trata de una modificación que afectará a todos los productos incluidos en el Anexo C del Decreto 779/95, ya que pasará a ser requisito que estos cuenten con una Licencia de Certificación.
“Entiéndese como Licencia de Certificación al instrumento emitido por un Organismo Certificador de acuerdo a lo contemplado en el Artículo 3° de la presente resolución, que da cuenta del cumplimiento de los requisitos de seguridad respecto de las autopartes de seguridad analizadas en virtud de alguna de las normas especificadas para cada supuesto en el Anexo C del Decreto N° 779/95 y sus modificatorios", establecieron el artículo 2° de la presente medida.
De esta manera, se determinó que los organismos autorizados para emitir las certificaciones incluirán a los entes reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Argentino de Normalización (IRAM) y entidades acreditadas por el Organismo Argentino de Acreditación(O.A.A.) o por la red internacional ILAC.
Además, será obligatorio que cada autoparte incluya un Código QR visible en el producto o en su empaque principal, el cual permitirá acceder a la información completa sobre la certificación, datos del fabricante o importador y detalles del producto, como la marca, el modelo y el número de certificación. “En todos los casos deberá estar adherido en un lugar que posibilite la lectura del código QR por parte de los usuarios y consumidores”, indicaron.
En el caso de las autopartes y elementos de seguridad importados, las autoridades explicaron que los empresarios deberán presentar información detallada a través del Sistema Malvina y asumir bajo declaración jurada la responsabilidad por el uso y destino de las autopartes. También estarán obligados a disponer y presentar copias de las certificaciones en caso de requerimiento de la autoridad de aplicación.
Por otro lado, la Secretaría de Industria y Comercio estableció un plazo máximo para implementar este sistema de identificación será de 180 días. Una vez que se venza el período señalado, quedará prohibida la comercialización de autopartes de seguridad que no cumplan con los requisitos de certificación.
Para los repuestos originales destinados al mercado de reposición, bastará con la Licencia para Configuración de Modelo (LCM) del vehículo correspondiente, siempre que se trate de elementos idénticos a los utilizados en la fabricación del vehículo homologado.
Por su parte, la Subsecretaría de Gestión Productiva tendrá a su cargo el control y la fiscalización del cumplimiento de la normativa mediante planes de inspección periódica. Las sanciones por incumplimiento prevén la aplicación de las disposiciones del Decreto 779/95, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto 274/19 de Lealtad Comercial.
Cómo funcionará el sistema de recuperación de autopartes
La medida se enmarca en el proceso de desregulación que impulsa el gobierno nacional bajo la conducción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de dinamizar distintos segmentos de la economía. Así, la Secretaría de Industria y Comercio confirmó que la cantidad de autopartes que los desarmaderos legales podrán recuperar de vehículos siniestrados o dados de baja aumentará de 30 a 142 piezas
La nueva normativa beneficia especialmente al sector formal de recuperadores y venta de autopartes, regulados por el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC), al permitir la reutilización de más piezas en buen estado, favorecer la economía circular y reducir el volumen de residuos provenientes de vehículos en desuso.
Durante una entrevista radial, el titular de Desregulación y Transformación del Estado adelantó la modificación y destacó el cambio como un incentivo para reducir el robo de autos y abaratar el costo de seguros y autopartes gracias a una mayor oferta en el mercado.
La Cámara Argentina de Recuperadores y Venta de Autopartes (Carva) había pujado por la ampliación del cupo desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Su presidente, José Luis Álvarez, remarcó que la legislación anterior obligaba a destruir piezas por un valor cercano a 600 mil millones de pesos anuales y que, en comparación, países europeos como Alemania y Francia permiten recuperar entre el 85% y el 95% de las partes de un auto.
“Hoy es un día histórico. La ampliación a 142 autopartes representa casi el 80% del vehículo y es parte del proceso para modernizar el sistema de recupero, haciendo más eficiente y sustentable la actividad y generando más empleo”, resaltó Álvarez al analizar el alcance de la resolución en diálogo con Infobae.
Dentro de la ampliación, la normativa distingue entre autopartes habilitadas para “Auto, pick up y camión” (APC) y aquellas solo para “Camiones” (C). Además, 32 piezas vinculadas a la seguridad vehicular requieren una constancia emitida por un ingeniero mecánico, ya que cuentan con el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS).
Según Carva, el listado podría extenderse hasta 350 autopartes si se modifican las exigencias de homologación que, en casos de elementos de seguridad, implicarían pruebas destructivas de prototipos. Ese es uno de los puntos pendientes de discusión técnica entre las cámaras empresarias y las autoridades regulatorias.
Cada año más de 35.000 autos salen del circuito automotor bajo este régimen, por lo que generarían un volumen considerable de piezas aptas para recupero. Con las nuevas reglas, el sector apuesta a mejorar la competitividad, ampliar la oferta legal y disminuir prácticas delictivas asociadas a la compra y venta de autopartes robadas.
