Cómo ICE busca aumentar las deportaciones mediante arrestos en los tribunales Diario.mx

Se suponía que una audiencia el martes en el tribunal de inmigración de Van Nuys, California, sería una rutina para una joven familia de Colombia, el primer paso en lo que esperaban que fuera una solicitud exitosa de asilo.

Para su sorpresa, el juez le informó al padre, Andrés Roballo, que el gobierno deseaba desestimar su caso de deportación. Desconcertado, el Sr. Roballo dudó un momento y luego respondió: «Mientras me quede con mi familia».

Momentos después, al salir de la sala del tribunal hacia una sala de espera, el Sr. Roballo fue rodeado por agentes federales vestidos de civil que lo condujeron a una sala lateral. Otros agentes guiaron a su conmocionada esposa, Luisa Bernal, y a su hijo pequeño hacia el ascensor.

Afuera del juzgado, la Sra. Bernal se desplomó en una banca. "Lo tienen, lo tienen", se lamentó. "No entendíamos que esto pasaría".

El arresto del Sr. Roballo fue parte de una nueva y agresiva iniciativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para detener a los inmigrantes en los tribunales de inmigración, la última escalada de la administración Trump en su esfuerzo total por aumentar las deportaciones.

Los agentes han comenzado a arrestar a los inmigrantes inmediatamente después de sus audiencias si se ha ordenado su deportación o si sus casos han sido desestimados, una medida que permite su rápida expulsión, según abogados de inmigración y documentos internos obtenidos por The New York Times.

Las operaciones, que han tenido lugar en todo el país durante la última semana, han requerido un alto nivel de coordinación entre los abogados del gobierno en los tribunales y los oficiales de ICE que esperan para realizar los arrestos, según los documentos.

Esta táctica supone una ruptura significativa con las prácticas anteriores, cuando los funcionarios de inmigración evitaban en gran medida los arrestos en los tribunales por temor a que disuadieran a las personas de cumplir las órdenes. Los críticos, incluidos algunos exfuncionarios de seguridad nacional, afirman que la práctica es engañosa y podría ser contraproducente.

“Arrestar a las personas allí subvierte el proceso legal y hará que otras tengan demasiado miedo de presentarse en el futuro, lo que en última instancia empujará a las personas aún más a las sombras y a perder su estatus legal”, dijo Deborah Fleischaker, alta funcionaria de ICE durante la administración Biden.

“En realidad, no tenemos un proceso migratorio si les impedimos a las personas cumplir y avanzar por el sistema tal como fue diseñado”, dijo. “Quienes se presentan a sus audiencias en la corte de inmigración están, por definición, cumpliendo”.

Los funcionarios federales dicen que la iniciativa ahorra recursos valiosos, permitiendo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas identifique más rápidamente a los inmigrantes que están sujetos a deportación en lugar de desplegar oficiales para tratar de rastrear a las personas después de que salen del tribunal y a menudo se pierden de vista.

“Si un individuo está pasando por un proceso y va a recibir una orden de deportación, en ese mismo momento queremos arrestarlo”, dijo Garrett J. Ripa, un alto funcionario de ICE en Miami, en una entrevista.

“Es más fácil para nosotros”, añadió, señalando que el enfoque también evita arrestos en las comunidades.

Cuando se le preguntó si los arrestos podrían disuadir a la gente de presentarse ante el tribunal, el Sr. Ripa dijo que no estaba claro.

"Creo que está apenas en la etapa de iniciativa", dijo. "Así que no tengo ninguna prueba concreta que lo demuestre".

Un alto funcionario del ICE dijo en una declaración que los fiscales de la agencia todavía tenían discreción para desestimar los casos.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, agregó que la mayoría de los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos en los últimos dos años estuvieron sujetos a deportaciones aceleradas.

“Biden ignoró este hecho legal y optó por liberar a millones de inmigrantes indocumentados, incluyendo delincuentes violentos, en el país con una citación para comparecer ante un juez de inmigración”, declaró. “El ICE ahora está cumpliendo la ley y está sometiendo a estos inmigrantes indocumentados a deportación acelerada, como siempre debió haber sido”.

Los migrantes que son objeto de persecución judicial suelen estar allí porque el gobierno federal ha iniciado un proceso de deportación en su contra por su entrada ilegal a Estados Unidos, no por otros presuntos delitos. Algunos de ellos también podrían estar solicitando asilo como defensa ante la deportación por temor a regresar a sus países.

Greg Chen, director sénior de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, afirmó que su organización ha documentado docenas de arrestos en tribunales de 11 estados y 16 ciudades desde la semana pasada. Entre los detenidos se encuentran migrantes cuya situación migratoria no ha sido resuelta por los tribunales o que se han opuesto a los intentos de desestimar sus casos, según los abogados.

“Nos preocupa que esto sea una forma de colusión entre los tribunales y el ICE”, dijo el Sr. Chen. “Muchos son elegibles para asilo u otras protecciones legales, pero debido a que la administración Trump presiona a los jueces en los tribunales para que desestimen los casos y así el ICE pueda arrestarlos y acelerar su deportación, les está privando de una audiencia justa”.

Una portavoz de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que administra el sistema de tribunales de inmigración, se negó a hacer comentarios.

El miércoles en Nueva York, agentes del ICE, con mascarillas y fotografías de los migrantes que buscaban arrestar, esperaban junto a los ascensores de los juzgados del Bajo Manhattan. Afuera, manifestantes intentaron bloquear las furgonetas que transportaban a migrantes detenidos, lo que resultó en el arresto de 23 personas.

Entre los migrantes arrestados en el vestíbulo de un tribunal de Manhattan se encontraba un joven venezolano que parecía ser el primer estudiante de una escuela pública de la ciudad de Nueva York detenido por el ICE desde que el presidente Trump asumió el cargo. El estudiante, Dylan, de 20 años, entró al país el año pasado registrándose a través de una aplicación móvil que el gobierno de Biden había ofrecido a los migrantes para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos mientras solicitaban asilo.

Cuando se presentó a la corte el 21 de mayo, su caso fue desestimado. Agentes de ICE lo siguieron hasta el ascensor y lo arrestaron en el vestíbulo, según su madre, Raiza.

“Fue como una trampa”, dijo Raiza, quien habló bajo condición de que no se revelara su apellido.

El arresto de Dylan siguió el nuevo plan de acción.

El día anterior, el 20 de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había distribuido un memorando interno en el que instruía a los fiscales del gobierno a colaborar con los agentes de deportación en la operación, según una copia obtenida por The Times. La agencia buscaba arrestar a personas con probabilidades de ser deportadas o que fueran susceptibles de un proceso de deportación acelerada, conocido como expulsión acelerada, según el memorando.

La deportación acelerada, que no requiere una audiencia ante un juez, era un proceso previamente reservado para los migrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera. La administración Trump lo ha ampliado para incluir a los migrantes que llevan menos de dos años en el país.

Si un migrante indocumentado ya no tiene un caso pendiente ante el tribunal, puede ser objeto de una deportación acelerada. Bajo la nueva política, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) insta a los fiscales a buscar casos que puedan ser desestimados, lo que podría acelerar las deportaciones de más personas, según la guía interna.

Se les indicó a los fiscales que dieran a los oficiales de ICE al menos dos días para planificar un arresto en el tribunal y que también les avisaran con 24 horas de anticipación. También se les indicó que informaran a los oficiales de deportación "la ubicación exacta de la sala donde se llevará a cabo la audiencia del extranjero y una estimación del tiempo estimado de la audiencia", según el memorando.

Por lo general, la desestimación de un caso de deportación es un resultado positivo para un migrante. Sin embargo, según los abogados, los jueces no les han informado que una desestimación puede conllevar su arresto. Y, en algunos casos, los jueces han accedido a desestimar los casos a pesar de las objeciones de los migrantes, señalaron los abogados.

El día que se emitió la guía, Leandro B. Ferrer, abogado de inmigración, declaró que agentes del ICE lo habían emboscado a él y a sus clientes —dos hombres cubanos con solicitudes de asilo pendientes— al salir de un tribunal en Phoenix. Un juez acababa de conceder la solicitud de los abogados del gobierno para que se desestimaran sus casos.

“Naturalmente, como abogado, esta es una noticia que usted quiere escuchar: una desestimación en un tribunal de inmigración equivale a desestimar los cargos penales contra un acusado en un tribunal penal”, dijo el Sr. Ferrer.

Luego, los oficiales de ICE arrestaron a sus clientes, quienes permanecen detenidos, dijo.

“Fue una trampa, nada menos que una trampa”, dijo Ferrer, quien predijo que las tácticas podrían disuadir a los migrantes de presentarse ante los tribunales y provocar su deportación por no asistir a las audiencias.

Muchos defensores de la inmigración dijeron que nunca habían visto a agentes de ICE en el tribunal hasta la semana pasada. Brittany Triggs, abogada de Buffalo, comentó que los vio en el vestíbulo, en los pasillos cerca de los baños y en una sala de espera.

En una audiencia reciente, recordó, el juez le dio a un inmigrante venezolano hasta el 5 de junio para responder a la moción del gobierno de cerrar su caso. La audiencia terminó y el hombre se fue varios minutos antes que la Sra. Triggs. Más tarde, dijo, se preguntó: "Dios mío, ¿y si lo arrestan de todas formas?".

A la mañana siguiente, consultó el localizador de detenidos del ICE en línea y descubrió que el hombre estaba detenido en una instalación en Batavia, Nueva York, a unos 45 minutos de distancia.

Los inmigrantes que entran ilegalmente a los Estados Unidos generalmente son puestos en procesos de deportación y deben comparecer ante el tribunal para varias audiencias, incluso si solicitan asilo, mientras sus casos avanzan a través del sistema atrasado.

El gobierno federal tiene derecho a detener a personas durante sus procesos migratorios. Sin embargo, tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos y ser procesados en la frontera, generalmente se les permite defender sus casos mientras viven en comunidades de todo el país. Muchos no se consideran amenazas a la seguridad pública, y resulta costoso, e incluso poco práctico, mantener a tantas personas en centros de detención.

En los últimos días, a medida que circulaban rápidamente noticias en las redes sociales de que había inmigrantes detenidos en los tribunales, algunos de ellos parecieron estar faltando a sus audiencias.

El martes, en Van Nuys, un barrio de Los Ángeles, solo cinco de los 15 migrantes que tenían casos programados se presentaron a sus audiencias en la Sala 1. Uno era un menor no acompañado que había cruzado la frontera. Otro era un hombre que dijo haber vivido en Estados Unidos durante mucho tiempo. Un guatemalteco asistió por video.

El abogado del gobierno pidió al juez que desestimara el caso de otra inmigrante, una mujer vestida de blanco, a pesar de su objeción.

"Voy a desestimar su caso sin perjuicio", le dijo el juez, Joseph A. Weiner. "Puede apelar esa decisión si así lo desea".

Al salir de la sala, la mujer fue inmediatamente recibida por dos agentes. "Hola, acompáñenos", dijo uno de ellos, y la acompañó a la sala donde habían llevado previamente al Sr. Roballo, el colombiano.

Sentada afuera del juzgado, la esposa del Sr. Roballo estaba desconsolada. La Sra. Bernal dijo que no entendía por qué solo habían arrestado a su esposo cuando todos formaban parte del mismo caso de inmigración. (Según los abogados, los hombres suelen ser arrestados solos, dejando a sus esposas e hijos libres).

La pareja y su hija habían cruzado la frontera con México hacía siete meses, dijo, y finalmente se establecieron en el Valle de San Fernando, donde tenían amigos. Esperaban contratar a un abogado y solicitar asilo.

Ahora, con su esposo bajo custodia federal y probablemente deportado, la Sra. Bernal estaba a flor de piel. "Separaron a mi familia", dijo entre sollozos. "No sé qué vamos a hacer".

Su hija de dos años, Mia Sofía, estaba a su lado. «Papá, papá», gritó con voz baja pero insistente mientras buscaba a su padre con la mirada.