Hace 9 años sabían Corral y Conagua de presas en ‘El Saucito’ Diario.mx

La existencia de cuatro presones y una presa en el rancho El Saucito, propiedad de César Duarte Jáquez, ubicada en el municipio de Balleza, había sido detectada por el exgobernador Javier Corral Jurado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde 2016, según datos de la instancia federal, pero fue hasta el pasado martes que fueron tomadas acciones para liberar el paso del agua.

El miércoles, el director de la Conagua en Chihuahua, Román Alcántar, dijo desconocer por qué no actuaron anteriormente, pero destacó que lo relevante era que esta semana personal del organismo, con apoyo de la Guardia Nacional, acudió al lugar asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) desde 2017, para destruir las construcciones utilizadas para almacenar agua de manera indebida.

De acuerdo con la información de la Comisión, desde 2016 notificaron al aún gobernador Duarte que las construcciones que estaban en su rancho no contaban con permiso, por lo que debía regularizar la situación.

El caso ya había sido señalado públicamente por los habitantes de la región de Balleza, ya que una de las promesas incumplidas por la administración de Jáquez fue la construcción 18 presas para el beneficio de 15 municipios, incluyendo La Boca, en el citado municipio.

Incluso la obra aparece en el Plan Estatal 2010 – 2016, pero solamente fue realizada la presa Piedras Azules, en el municipio de Allende. Sin embargo las denuncias fueron, además del incumplimiento de las obras, que el exmandatario sí construyó una presa en Balleza, pero en el rancho El Saucito, con el objetivo de regar nogaleras.

En lo que respecta a la Conagua, luego de notificarle al exmandatario que era indebido que tuviera esas construcciones, le siguieron procesos legales; en 2019 el organismo multó al exmandatario con un millón y medio de pesos, por lo que recurrió a otros medios de defensa, que quedaron agotados alrededor de septiembre de 2020, según expuso Román Alcántar.

Pero el exmandatario ni pagó la multa, ni Conagua actuó, a pesar de que en ese momento el bien estaba asegurado por la administración de Javier Corral.

Hay manejo político en caso de El Saucito: abogado de Duarte

La exposición que ha sido realizada respecto el rancho El Saucito por el Gobierno Federal he tenido un fondo político y con una serie de imprecisiones, aseguró el abogado Carlos Mendoza, representante legal del exgobernador, César Duarte.

Agregó que a la fecha no les ha sido liberada la propiedad de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que fue confirmado por la dependencia estatal a través de su área de Comunicación Social.

Indicó que lo mostrado en la Conferencia de Prensa de la Presidencia de la República el miércoles por la Conagua fue solamente la destrucción de una barda de mampostería que no rebasa el metro y medio, la cual tenía alrededor de 40 años, mientras que el presón que anunciaron que van a demoler, fue construido en la década de los 40, pero recibió un recubrimento en cemento en la cortina.

Dijo que las construcciones no tenían el permiso de la Conagua de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de 1997, en la que toda obra debía ser registrada, pero destacó que esto no las hace ilegales.

Añadió que los vecinos del lugar actualmente utilizan el agua acumulada en dichos presones para sus actividades y habrían sido quienes presentaron un amparo que impidió la demolición de la infraestructura, pero dijo desconocer cómo se enteraron de la presencia y objetivo del personal de la Conagua.

El amparo 1183/2025 fue ingresado el lunes para impedir la demolición de obras dentro de predio ejidal, fijando la fecha para la audiencia incidental a las 9:35 horas del martes 3 de junio y la audiencia constitucional para el 25 de junio.

El representante legal agregó que el rancho no es la única propiedad que no le ha sido liberada por la Fiscalía, ya que aún exigen que le sea entregada una casa en Parral y una en Balleza.

Comunidad pidió amparo que detuvo demolición

El abogado Carlos Omar Villalobos Peinado fue quien promovió el citado recurso legal; a través de un comunicado de prensa precisó que fue contactado por una comunidad de indígenas integrantes del ejido “El Trigueño”, municipio de Balleza, que forman parte de un grupo vulnerable por lo que están protegidos por diversas disposiciones constitucionales para salvaguardar sus derechos fundamentales, incluso por la propia Ley de Amparo.

“Me ponen en contexto de la situación que les atañe, manifestando desde el día sábado 24 de mayo del año en curso, que tuvieron conocimiento de la llegada de maquinaria pesada al municipio de Balleza, a bordo de un tráiler, cuyos conductores preguntaron a diversos pobladores por el rancho El Saucito, que venían procedentes de Guasave, Sinaloa, con la instrucción de derribar con maquinaria y explosivos las represas de ese predio”, señaló.

Añadió que esos mismos funcionarios comentaron que recibieron la instrucción de trasladarse a Parral y que regresaban el martes, acompañados de la Guardia Nacional y de elementos de la Fiscalía General del Estado, para dar cumplimiento a la instrucción.

“Ante la preocupación de la inminente destrucción de los presones que contienen poca agua, pero que ellos tienen permiso de aprovechar para su sustento diario, para sus actividades incluso de supervivencia, tal como ha venido sucediendo desde hace décadas atrás, según me informan”, indicó.

“Me informan que ese cuerpo de agua es el más cercano y apropiado para diversas actividades importantes tales como el combate de los múltiples incendios que hay en la región, derivados de la sequía extrema que padecen en los últimos años, además ellos lo utilizan para el consumo diario de sus actividades de supervivencia y salud”, añadió.

Destacó el impacto ambiental de derribar ese cuerpo de agua, ya que los jabalíes, conejos y patos, entre otras especies lo usan de alimento, necesitan de esa agua, por lo que derribarla los dejará en una situación precaria.

“Procedo a plantear la estrategia de manera urgente, teniendo como consecuencia la elaboración de un juicio de amparo con una suspensión planteada la cual firman habitantes indígenas del ejido El Trigueño, municipio de Balleza, Chihuahua, y unos otros estampan su huella, todos debidamente identificados, aún con el tiempo en contra y diversos factores, es que planteó el amparo de manera urgente”, dijo.

“Es una verdadera lástima que politicen este tipo de temas, surgiendo una serie de rumores y calumnias, lanzando ataques amenazantes, por defender los derechos humanos de los grupos más vulnerables de la sociedad, razón por la que invito a las autoridades correspondientes a un acercamiento para poder garantizar el aprovechamiento del vital líquido a nuestras comunidades indígenas aledañas, pues la preocupación es alta entre los mismos”, concluyó.