Demoler las viviendas del “Sanber”, la propuesta para solucionar los problemas de microtráfico del popular barrio de Bogotá Infobae
Durante varios años, el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, era una de las zonas más exclusivas de la capital de Colombia, principalmente por su cercanía con el núcleo institucional de Bogotá.
Con el paso del tiempo, las cosas cambiaron, al punto de ser en la actualidad una zona en disputa por las bandas delincuenciale y, además, tiene una masiva presencia de habitantes de calle y zonas de “pagadiario”, lo que generó una crisis de inseguridad que aumentó después de la intervención al Bronx, en 2016.
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De acuerdo con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), en San Bernardo hay más de 3.000 personas en condición de vulnerabilidad, de las cuales 1794 son residentes habituales de la zona, entre ellos víctimas del conflicto armado, migrantes y habitantes en condición de calle; la mayoría, en un tramo de poco menos de cuatro cuadras.
SAE propone derrumbar el “Sanber”
Debido a que en la mayoría de denuncias señalan nueve viviendas que, en teoría, están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero que han sido tomadas por las bandas delincuenciales, la entidad ha propuesto demolerlas para erradicar a los criminales de la zona.
Desde la SAE indicaron que tras recibir la administración de las propiedades, evidenciaron que los inmuebles están invadidos y allí funcionan discotecas ilegales, sitios de expendio de drogas y también de contrabando, lo que ya fue notificado a la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la administración de la localidad.
“Estamos ante una amenaza real para la seguridad y la legalidad en los territorios. Estos predios, que deberían estar cumpliendo una función social, han sido tomados por estructuras criminales. No vamos a permitir que sigan siendo trincheras del delito. Si no pueden ser utilizados para transformar vidas, deberán ser demolidos”, declaró a la W Radio Catalina Serrano, directora para la Democratización de Inmuebles Urbanos de la SAE.
De la misma forma, desde la SAE, que tiene la labor de administrar los bienes incautados o intervenidos por las autoridades, aseguraron que se está avanzando en un proceso para identificar si alguna de las viviendas puede funcionar como sedes institucionales, pero esto no ha sido posible por los riesgos que existen a la hora de hacer recorridos o visitas en la zona.
“Se busca definir cuáles de estos predios pueden ser recuperados para fines sociales, como centros comunitarios, sedes institucionales o proyectos productivos, y cuáles deben ser intervenidos estructuralmente o demolidos para frenar su reutilización ilegal. Si el riesgo persiste, la demolición se convierte en una salida legítima y necesaria para proteger a las comunidades y al Estado”, puntualizó Serrano.
Una de las críticas más constantes contra la Alcaldía de Bogotá es la falta de cumplimiento de las promesas realizadas a los residentes del barrio, puesto que en marzo de 2025, después del atentado en el que murieron tres personas, se anunció una inversión monetaria en San Bernardo.
En esa ocasión, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, explicó que la iniciativa buscaba atender a las poblaciones más vulnerables de San Bernardo, indicando que el barrio “es un epicentro de exclusión, aquí viene a parar la población más excluida de Bogotá y debemos convertirlo en un polo de inclusión”.
Tras el atentado se anunció que se implementaría un programa Ingreso Mínimo Garantizado, que beneficiaría a 600 residentes de San Bernardo mediante transferencias monetarias; además de habilitar una Casa de la Sabiduría, en la que las personas con discapacidad podrían contar con el Centro Integrarte de Atención Externa, pero hasta el momento esto no ha sido cumplido.
