San Bartolo de Berrios y cómo el crimen rompe a San Felipe Periódico Correo
1.- San Bartolo de Berrios y cómo el crimen rompe a San Felipe
Civiles armados a bordo de varias camionetas ingresaron por un costado de la comunidad de San Bartolo de Berrios, en San Felipe. Eran las dos de la mañana cuando, en plena plaza central, acribillaron a siete hombres, todos jóvenes de entre 17 y 25 años. Las víctimas intentaron huir y buscar refugio, pero fueron perseguidas y ejecutadas. Sus cuerpos quedaron esparcidos en distintos puntos del lugar.
Todavía hacia las siete de la mañana de este lunes, los cadáveres seguían tendidos en la calle. Las autoridades ministeriales llegaron con varias horas de retraso; fueron los propios pobladores quienes, en un intento de auxiliar a los jóvenes, terminaron por confirmar sus muertes. Entre las víctimas se encontraban dos hijos del delegado de la comunidad. De acuerdo con testimonios locales, ninguno de ellos era identificado como parte de actividades delictivas.
Tras la masacre, considerada la más grave en la comunidad más poblada de San Felipe, aparecieron mantas con amenazas firmadas por un grupo criminal local. Fueron colocadas en diversos puntos del municipio, incluso una de ellas en el acceso principal a la cabecera municipal. En los mensajes, el cártel local advertía a una organización delictiva originaria de Jalisco, que mantiene el control territorial.
San Bartolo se localiza a 20 minutos de la cabecera municipal y a una distancia similar del límite con San Luis Potosí. Según reportes de seguridad, el cártel local se ha desplazado a nuevas regiones del estado tras operativos recientes y detenciones en la zona Laja-Bajío. Busca controlar territorios fronterizos con otras entidades, aprovechando las rutas de escape que ofrecen estas condiciones. De hecho, en San Luis Potosí ya se han documentado hechos delictivos vinculados con este grupo criminal originario de Guanajuato.
San Felipe lleva meses inmerso en un proceso de descomposición de su seguridad pública debido a la disputa por el control territorial. En esta misma comunidad, San Bartolo de Berrios, la madrugada del 24 de febrero hombres armados dispararon en un palenque clandestino, ubicado a escasos metros del sitio donde fueron ejecutados los siete jóvenes. Aquella noche murieron dos personas y nueve más resultaron heridas.
El 10 de abril, una mujer fue asesinada sobre la carretera San Felipe, cerca del entronque a San José del Cubo. Aunque en un inicio se habló de un asalto, los indicios apuntaron a un ataque directo. La víctima era originaria de San Bartolo de Berrios y conocida por sus negocios comerciales. Su muerte ni siquiera figura en los reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado, ya bajo la dirección de Gerardo Vázquez Alatriste. Como si no hubiese ocurrido.
La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez —y que hizo mutis total por esta masacre—, conoce la relevancia estratégica de este municipio para las organizaciones criminales: uno de los principales corredores para el tráfico de armas y un corredor de migrantes para los "polleros" o "coyotes". Basta recordar el caso del secuestro de migrantes en 2023, localizados en San Luis Potosí, y la negación del hecho por parte del entonces alcalde Eduardo Maldonado García.
La presencia estatal y federal no puede limitarse al entronque de la carretera San Felipe–Dolores Hidalgo. González Martínez debe reforzar la vigilancia en este municipio, que representa desafíos particulares por ser el de mayor extensión territorial en Guanajuato. Hoy, comunidades como San Bartolo de Berrios están bajo el control de grupos delictivos que imponen sus reglas, disputan el poder a sangre y fuego, y dejan tras de sí escenas de masacres impunes. La respuesta de la autoridad se queda corta.
2.- Trabajadores de Teatro Bicentenario entre sobrecarga y precariedad laboral
El equipo técnico del Teatro del Bicentenario acordó con Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato, un plazo de 10 días para obtener una respuesta a sus demandas laborales. Estas van desde el incumplimiento de leyes laborales por parte del Forum Cultural Guanajuato hasta condiciones inhumanas como la falta de agua potable para los empleados.
El acuerdo se dio tras una encerrona realizada este lunes en las oficinas del propio Forum. La funcionaria estatal evitó emitir una postura oficial al término del encuentro.
De no haber mejoras, los trabajadores están dispuestos a iniciar un paro laboral, lo que impactaría directamente el arranque de la temporada de ópera, con la consecuente cancelación de funciones.
Las exigencias no son nuevas; datan de varios años y sexenios sin que se haya atendido adecuadamente la situación. Técnicos y personal de mantenimiento denuncian la falta de equipamiento básico para realizar su trabajo en condiciones mínimas de seguridad. Afirman que, durante la temporada de espectáculos, llegan a acumular hasta 100 horas extras al mes sin recibir pago adicional, únicamente tiempo de descanso compensatorio, sujeto a la decisión de sus superiores.
El equipo técnico, además, labora con sobrecarga debido a la falta de personal. Seis vacantes en las áreas de producción, iluminación y tramoya siguen sin ocuparse, lo que agrava la precariedad operativa.
Estas problemáticas ya habían sido expuestas, en múltiples ocasiones, a Adriana Camarena de Obeso, directora del Forum. No solo optó por ignorarlas sistemáticamente, sino que evitó escalar el problema a sus superiores. La omisión no es pasiva: es negligente, cómoda y funcional, a los intereses de esta última.
Fue la propia secretaria de Cultura quien convocó a la reunión del lunes. Según explicó al personal inconforme, desconocía las condiciones laborales debido a la reciente centralización del Forum bajo su dependencia —que a más de medio año en el cargo parece poco creíble—. El equipo técnico dejó en claro que no se trata de un ataque personal contra la funcionaria, sino de un reclamo legítimo por condiciones laborales dignas y el cumplimiento de las garantías mínimas que establece la ley.
En 10 días la respuesta institucional no solo definirá el rumbo de este conflicto, sino también el nivel de compromiso real del Estado con la cultura y sus trabajadores, que al final, también forman parte del tan publicitado “Gobierno de la Gente”.
3.- La exhibición política que viene en el Congreso de Guanajuato
La Comisión de Justicia dictaminó en sentido negativo tres iniciativas de reforma al Código Penal estatal en materia de despenalización del aborto. Lo novedoso fue el movimiento legislativo de la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros.
La legisladora votó en contra del dictamen y anunció la emisión de un voto particular. Esta figura legislativa permite que, si el Pleno del Congreso rechaza el dictamen —lo cual es probable si se alinean Morena, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y el PT—, se discuta el contenido del voto particular. Eso podría dar un giro al curso legislativo y abrir la puerta a la despenalización del aborto. Más aún, forzaría a las y los diputados a fijar una postura clara, sin evasivas. Una exhibición política.
“El núcleo de esta propuesta consiste en dictaminar en sentido positivo las iniciativas materia del dictamen, porque de lo contrario estaríamos faltando como legisladores y legisladoras a nuestra obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, explicó la diputada.
Esta ventana legislativa también ha reactivado la movilización de colectivos feministas, que ahora concentran esfuerzos en cabildear con legisladores indecisos, en particular con la diputada del PRI, Rocío Cervantes Barba.
Este jueves, el Congreso de Guanajuato se perfila como escenario de una discusión intensa, donde al menos se cerrarán las puertas a posicionamientos tibios. Quedará claro quiénes están en contra de la despenalización del aborto, incluso frente a los criterios ya establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Contra Retrato
Fidel Armando Ruíz Ramírez
La funeraria propiedad del presidente municipal de Juventino Rosas vive tiempos de bonanza. Su eficiencia en los trámites funerarios es notable, aunque para lograrlo tenga que pasar la ley por el arco del triunfo. Al final, ¿quién se atreve a decirle que no al alcalde?
La madrugada del jueves 15 de mayo, un hombre identificado como Salvador sufrió un accidente automovilístico cuando regresaba de Guanajuato capital. Murió en el sitio, y las autoridades ministeriales realizaron el levantamiento del cuerpo. Hasta ahí, todo dentro del protocolo.
Sin embargo, para el viernes el cuerpo ya había sido sepultado. Lo grave es que la inhumación se llevó a cabo sin contar con la documentación obligatoria, ya que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no había emitido el oficio de inhumación necesario. A la cadena de irregularidades se sumó la oficina del Registro Civil, que expidió el acta de defunción sin contar con dicho documento.
El caso ya es conocido por autoridades estatales y por la propia Fiscalía, y no se recibió con buen ánimo. Aunque pudiera justificarse como una “agilización” del proceso en beneficio de la familia del occiso, lo cierto es que la normalización de estas prácticas representa un grave riesgo: pone en entredicho la legalidad de los procedimientos forenses y que se pueden prestar a otras irregularidades más graves que pueden afectar investigaciones judiciales.
No se trata solo de un trámite adelantado. Se trata de un ejemplo más de cómo el poder político se mezcla con los intereses privados y de cómo, cuando se es alcalde, hasta la muerte puede ser convertida en negocio... exprés.
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