FIDESSEG: la victoria empresarial y la deuda a la transparencia Periódico Correo
1.- FIDESSEG: la victoria empresarial y la deuda a la transparencia
En la pugna por el FIDESSEG en el estado de Guanajuato, los empresarios lograron que el fideicomiso retomara su operación bajo los mismos términos en los que venía funcionando desde su creación hace seis años.
El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) informó que el próximo 19 de mayo, tanto los subcomités como el Comité Técnico deberán sesionar para definir la convocatoria 2025, con la que las asociaciones civiles podrán presentar sus proyectos y acceder a los recursos. Sobre esa fecha, hasta la noche de este miércoles, desde el gobierno estatal aún se afirmaba que se encontraba en revisión.
En términos simples, el sector empresarial consiguió revivir al FIDESSEG a través de amparos, después de que el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo intentó extinguirlo. Ni siquiera la integración del Comité Técnico, donde el empresariado conserva una influencia holgada en el manejo de recursos públicos, se verá afectada.
Tampoco es que la victoria empresarial en la defensa del fideicomiso venga envuelta en olivos: también quedaron al descubierto los intereses particulares de este grupo sobre el manejo de los recursos, en un entorno marcado por la opacidad.
El ejemplo más reciente se refleja en el amparo promovido por Salvador Cayón Ceballos, quien buscaba revertir su remoción del Comité Técnico del FIDESSEG, ostentándose como representante del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato sin serlo. Al final, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato negó la suspensión definitiva. Pero las ambiciones quedaron claramente expuestas.
Con la reactivación del fideicomiso se espera no solo la recuperación del diálogo, sino también el reconocimiento de la necesidad de transformar, de manera consensuada, la forma en que se distribuyen estos recursos. La transparencia y la fiscalización deben ser bandera, no simulación. No se puede ondear una supuesta preocupación por las asociaciones civiles y por quienes ayudan, si al final los mecanismos para hacerlo no son efectivos ni confiables.
2.- Batean aborto en Guanajuato y la discusión que falta
La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato bloqueó las iniciativas que buscaban despenalizar el aborto en la entidad. Con el voto mayoritario de los diputados del PAN —Susana Bermúdez Cano, Jared González Márquez y Rolando Alcántar Rojas—, se dictaminó en sentido negativo las propuestas presentadas.
El archivo definitivo aún está pendiente y será discutido en el Pleno del Congreso, donde se anticipa un debate álgido y polarizado. Cabe señalar que el PAN, por sí solo, no cuenta con los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada, por lo que, si desea frenar definitivamente las iniciativas, deberá contar con el respaldo de otras fuerzas políticas.
Por lo pronto, la diputada local del PRI, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, dejó clara su postura a favor de la despenalización, lo que anticipa que, en este tema, no irá de la mano con el PAN. En un primer sondeo, todo indica que al PAN no le alcanzan los votos, por lo que las iniciativas podrían regresar a comisión para un nuevo análisis. Aunque nada está escrito y todo puede pasar.
Como parte de su posicionamiento en contra de la despenalización, el diputado panista Rolando Alcántar Rojas sostuvo que el Estado no incurre en desacato respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se establece que criminalizar el aborto constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres. Su argumento fue que un amparo no tiene efectos generales, sino que solo aplica a las partes involucradas.
La realidad, tarde o temprano, alcanzará a Guanajuato. Conviene recordar lo ocurrido en Aguascalientes: tras la negativa de su Congreso a despenalizar el aborto autoprocurado y consentido, organizaciones promovieron un amparo, y la Suprema Corte terminó por eliminar el tipo penal correspondiente en esa entidad. Ese, quizá, podría ser también el camino que le espera a Guanajuato.
3.- UG desmenuzará administración de Donald Trump
La Universidad de Guanajuato será sede del ciclo de análisis “Trump 2025: ¿Qué debemos saber y por qué importa?”, que se llevará a cabo los días 20, 21, 22 y 26 de mayo. El encuentro, organizado por el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, está dirigido principalmente a estudiantes universitarios, aunque también estará abierto al público en general, en un esfuerzo por ampliar el debate y la comprensión social sobre las implicaciones del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
El ciclo de conferencias abordará, desde distintas perspectivas, los elementos centrales de la gestión de Trump, destacando temas de evidente relevancia como su política arancelaria, la renegociación del comercio exterior y la incertidumbre económica que generan sus decisiones en estos ámbitos. Asimismo, se analizará su política interior, en particular su embestida contra las comunidades de la diversidad sexual y de género, así como los retrocesos en derechos civiles y libertades individuales. En conjunto, el foro buscará reflexionar sobre el estado actual de la democracia estadounidense.
Uno de los temas que sin duda generará mayor discusión es la creciente preocupación por el impuesto del 5% a las remesas y donde México será uno de los países más afectados. La propuesta ya fue aprobada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y continúa su curso legislativo, hasta llegar al Senado. De ser aprobada en ambas cámaras, será turnada para su promulgación al propio presidente Trump.
Para dimensionar la magnitud del posible impacto, basta señalar que, solo en el primer trimestre de 2025, México recibió 14 mil 269 millones de dólares en remesas, provenientes en su mayoría de trabajadores en Estados Unidos. De ese total, Guanajuato captó mil 218 millones de dólares, lo que representan el 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal. En entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, la situación es aún más crítica, ya que los envíos representan más del 10% del PIB, convirtiéndose en una fuente de ingresos esencial para millones de familias.
La nueva embestida fiscal de Donald Trump no solo pegará duro a los más desfavorecidos en su país, sino que en México también podrían incrementar la desigualdad y carencias de las miles de familias que dependen en gran medida de las remesas.
Contra Retrato
Juan Miguel Ramírez Sánchez
El presidente municipal de Celaya ya dejó una nueva estampa de la política de altura que practica. Durante la entrega de más de 800 sacos de maíz para siembra y forraje, reclamó la falta de apoyo al campo por parte del gobierno estatal y afirmó que esa era la razón por la que no invitó al evento a la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa.
Señaló que su administración no aceptará que solo se les quiera dar un millón 700 mil pesos en apoyo al campo; que, si no son entre 5 y 10 millones de pesos, ni se molesten. Eso sí, nada dijo del reclamo de productores del campo al gobierno federal por los adeudos en la compra de granos a precio de garantía y subsidios por consumo eléctrico, que derivaron en manifestaciones este lunes y martes en las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Celaya.
Son claras las carencias del alcalde para promover el diálogo y la gestión, que al final son parte de sus atribuciones como presidente municipal. Aunque sus dichos pueden estar sustentados —pues otros ediles en varios municipios han criticado la falta de apoyo de la Secretaría del Campo—, prefiere recurrir a posiciones que caen en lo infantil.
Por cierto, también este miércoles se dio otra muestra del desgobierno que existe en Celaya, pues se confirmó la renuncia del director de Protección Civil, Jorge Alfredo Santoyo Niño, y de la suboficial mayor, Gisela Tinajero Silva. El primero, supuestamente por atender negocios personales, y la segunda por temas familiares. Aunque en el caso de Tinajero Silva, le preceden quejas del personal administrativo por presunta violencia laboral.
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