Un fraude grotesco Excelsior

Si la Presidenta de la República en verdad creyera que la reforma judicial puesta ya en marcha es democrática y benéfica para la impartición de justicia, por lo menos tendría que reflexionar sobre los porqués de las objeciones de la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y los abogados, los constitucionalistas más destacados del país, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados, las asociaciones mexicanas de jueces y magistrados, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, México Evalúa, la Fundación para la Justicia, la Escuela Libre de Derecho, todos los partidos de oposición, la Asociación Internacional de Jueces, la Asociación Internacional de Abogados, Human Rights Watch y estudiantes de derecho de las mejores universidades del paísY, tras reflexionar, la Presidenta tendría que dialogar, tratando de eludir prejuicios ideológicos y liberarse de la sombra del caudillo, con esos expertos, esos alumnos, esa escuela y esas asociaciones.
No quiso hacerlo, como tampoco los legisladores oficialistas, esa espuria y servil mayoría calificada en el Congreso.
La reforma se impuso sin escuchar a nadie.
Recordemos que se llevaron a cabo foros para examinarla, pero se advirtió que lo que se dijera en ellos en nada modificaría lo que era ya una decisión tomada.
Así que esos foros fueron una simulación, una burla.
Los organizadores lo advirtieron, eso sí: se dijera lo que se dijera en esos encuentros, nada se tomaría en cuenta.
Me parece extraño que varios hayan acudido a exponer sus opiniones sabiendo de antemano que, por bien argumentadas y sensatas que fuesen, de nada servirían.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había indicado que la reforma debía aprobarse sin dilación: era urgente que el gobierno concentrara todos los poderes y se ejerciera venganza contra ministros, magistrados y jueces que habían tenido la osadía de contrariar los designios de aquel a quienes los diputados oficialistas denominaron encarnación de la patria, la nación y el pueblo.
¡Agggh! Los lacayunos legisladores, entonces, tenían que darse prisa, y anunciaron que la aprobación de la reforma sería el regalo postrero que como presidente se le entregaría a López Obrador.
Por tanto, ninguna observación que cuestionase el proyecto sería siquiera analizada.
El vasallaje sin fisuras, sin dignidad.
En un diálogo respetuoso yo le preguntaría a la doctora Claudia Sheinbaum: ¿no le parece, Presidenta, un abuso descomunal y de crueldad extrema echar a la calle a ministros, magistrados y jueces sin que hubiesen incurrido en una conducta que lo ameritara; arruinar el proyecto de vida de quienes han dedicado años a prepararse, a ascender en el escalafón; tirar a la basura su capacidad, sus conocimientos, su experiencia; agandallarse el fideicomiso del Poder Judicial federal? ¿No siente desasosiego ante el atropello de que se está haciendo víctimas a los juzgadores? ¿En serio cree que los sucesores, a quienes sólo se ha exigido ocho de promedio y cartas de recomendación, lo harán mejor que los despedidos? ¿No le parece una medida inquisitorial la creación de un tribunal que podrá despedir y denunciar penalmente a jueces y magistrados por el sentido de sus resoluciones?¿Cree usted, Presidenta, que quienes vayan a votar conocerán las trayectorias, la formación y la honestidad o deshonestidad de los candidatos para así emitir un voto informado? ¿No le basta la desastrosa experiencia boliviana para comprender que es un despropósito que los nuevos juzgadores surjan del resultado de las urnas a pesar de que los votantes en realidad no sabrán por quién han votado, pues seguramente marcarán en las boletas a aquellos que les indiquen los que los acarreen a las urnas?¿No ha escuchado, Presidenta, lo que explica el doctor Diego Valadés? El doctor Valadés advierte que, sólo en las elecciones para juzgadores federales, cada votante usará seis boletas.
El total de opciones de casillas que tiene que llenar es de 37.
Si votaran 10 millones de ciudadanos, se utilizarían 60 millones de boletas con 37 datos electorales cada una: 2,220 millones de votos, que tendrán que contar en 10 días unos cuantos individuos que integran los consejos electorales.
Como esto no es posible, quiere decir que las elecciones ya están hechas.
Faltan 17 días.
Abundan las evidencias de que, además de un atropello atroz, se trata de un fraude grotesco para capturar a los poderes judiciales.
  Columnista: Luis de la Barreda SolórzanoImágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0