KEKÉN Y BACHOCO PAGAN SOBORNOS Sol Yucatán
- Les sale más barato pagar un moche a las autoridades que solucionar sus problemas de inseguridad. La empresa de la familia Abraham entrega el dinero en una oficina que tienen en Ciudad Industrial.
- Las plantas procesadoras operan en medio de la ilegalidad, debido a los constantes accidentes que ocurren en el interior del inmueble con protección de las propias autoridades.
- La ley de protección al trabajador en Yucatán es letra muerta, debido a que, a pesar de que han ocurrido muertes y accidentes de gravedad, no existen sanciones ni procesos contra los responsables.
Redacción/Sol Yucatán
La corrupción de las autoridades ha llevado a Yucatán a niveles históricos de accidentes y muertes laborales.
En los últimos cuatro años se ha casi duplicado la cantidad de accidentes laborales en la entidad y las muertes se han disparado, a pesar de esta situación, las autoridades encargadas de investigar y sancionar protegen a las empresas.
En gran medida escudándose en que son generadoras de empleo y contribuyen a la economía de la entidad, sin embargo, a un muy alto costo que es la integridad y la vida de sus colaboradores.
De acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo de Yucatán, en el 2021 Yucatán tenía 5 mil 661 accidentes laborales y durante ese año 14 personas perdieron la vida, principalmente en empresas del ramo de la construcción, catalogado como el oficio más peligroso en el país, seguido de empresas manufactureras.
En el 2022 la cifra creció a 5 mil 996, es decir, se registró un incremento del 5.6% y se reportaron 16 decesos.
Sin embargo, en el 2024, la situación es totalmente diferente, ya que durante ese año ocurrieron 11 mil 44 accidentes laborales, lo que equivale a un crecimiento del 84.2% en apenas cuatro años.
Además, se reportaron 36 decesos, registrándose un crecimiento del 125%.
La situación es alarmante si tomamos en cuenta que, en promedio, en Yucatán ocurre un accidente de trabajo cada 47 minutos, de acuerdo con los datos del IMSS.
La Ley Federal del Trabajo establece diversas sanciones a las empresas cuando ocurre un accidente, las cuales van desde multas que oscilan de 50 a 5 mil UMAS (5,657 a 565,700 pesos). En caso de comprobarse negligencia o instalaciones inseguras, se puede decretar el cierre temporal y, en casos más graves, el cierre definitivo, y los directivos podrían ser sometidos a procesos penales por homicidio o lesiones imprudentes.
A pesar de que en Yucatán existe la reglamentación y los elementos para castigar a las empresas, esta ley, al menos en Yucatán, es letra muerta.
El personal de Protección Civil Estatal y Municipal, así como el personal de la Secretaría de Trabajo Estatal y Federal, están corrompidos; realmente no realizan su trabajo y se concentran en trámites burocráticos a cambio de sumas de dinero.
Kekén o Maxicarne es una de las empresas donde en los últimos años se han registrado accidentes de trabajo, al grado de que cinco personas han perdido la vida por inseguridad en su planta.
Por lo cual el accidente en el que murió Reyes Jesús Kuk Iuits no es un hecho aislado y las propias autoridades lo saben, a pesar de ello, no existe una investigación ni sanciones oficiales por estos hechos, ya que pagan sobornos a las autoridades para recibir protección.
Por su parte, la familia clama justicia, ya que responsabilizan de la muerte a los encargados y dueños de la empresa, quienes no ofrecen las condiciones idóneas para un trabajo seguro.
Detrás de la ola de inseguridad se esconden casos de corrupción, debido a que el inmueble cada seis meses es verificado por personal de Protección Civil Municipal, Estatal y de la propia Secretaría del Trabajo, como consta en las bitácoras de seguridad de la planta, aunque los propios trabajadores aseguran que es alto el grado de inseguridad en la planta.
La familia Casares G. Cantón, una de las más pudientes, dueña de este corporativo, ha estado involucrada en historias de corrupción hacia las autoridades, solo basta con revisar los atropellos que han sufrido pobladores de diferentes municipios de Yucatán que luchan contra las megagranjas.
Trabajadores de la planta de procesado de Kekén de Umán aseguran que los accidentes a diario suceden dentro de la planta y que no salen a la luz pública, por los acuerdos que existen con las autoridades.
Uno de ellos es el de una mujer, quien perdió un dedo al atorarse la mano en una charola en movimiento. Para no perder la mano completa, tuvo que jalar, lo que ocasionó que su dedo se desprendiera.
Otro accidente fue el de un obrero, a quien le cercenaron una mano con una sierra lineal.
Así como fracturas de brazos y piernas por las condiciones del piso y las goteras en el techo, lo que ocasionó humedad y que varios de los empleados se resbalaran y cayeran.
Aun así, la planta continúa operando con normalidad, sin que las autoridades indaguen e interpongan sanciones.
Otra de las empresas que se encuentra en el ojo del huracán por sus constantes accidentes laborales y donde personas han perdido la vida es la planta procesadora Bachoco, localizada de manera sospechosa también en Umán.
En los últimos tres años, 12 personas han perdido la vida en la planta laboral, a pesar de ello, continúan con sus operaciones como si no pasara nada.
No hay que olvidar que los accionistas de esta empresa son la familia Abraham, familia política del exgobernador y actual senador de la república Mauricio Vila Dosal.
Apenas en agosto pasado, dos hombres murieron al caer a la laguna de desechos y uno más resultó seriamente herido.
Tampoco existe una investigación o sanción.
Un ex jefe de seguridad de la planta aseguró a Sol Yucatán que las autoridades son corrompidas por la empresa, donde les sale más barato pagar un moche que solucionar sus problemas de inseguridad. La fuente indicó que el dinero es entregado en una oficina que la empresa tiene en Ciudad Industrial.
Se señala directamente de corromper a las autoridades a Katia Perera, Karla Saldaña e Henry Roura.
Además, ambas empresas generan contaminación del agua, debido a que carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales y su agua contaminada la descargan directamente al manto freático.
Otra empresa, que también se encuentra en esta situación, es Canteras Peninsulares, donde hace un par de años uno de sus trabajadores murió. La familia asegura que fue por la inseguridad del lugar, el caso se encuentra bajo investigación en la Fiscalía, aunque la familia denuncia que en la dependencia protegen a la empresa.
Síguenos en Google News
Te podría interesar:
The post KEKÉN Y BACHOCO PAGAN SOBORNOS appeared first on Sol Yucatán.
