Campo de Guanajuato con sequía de recursos federales Periódico Correo
1.- Campo de Guanajuato con sequía de recursos federales
Los agricultores en Guanajuato no solo enfrentan la baja en la producción provocada por la sequía, que ha reducido significativamente las cosechas —principalmente de trigo—, sino que además siguen a la espera de que el gobierno federal salde las deudas pendientes con los productores, arrastradas desde los ciclos agrícolas de 2023 y 2024 por parte de la extinta paraestatal Selgamex.
Uno de los primeros en alzar la voz fue Jesús Marmolejo Ramos, presidente de la Sociedad de Porcicultores, Ganaderos y Agricultores del Campo del Bajío, quien señaló que la falta de pagos limita su capacidad de reinvertir en los cultivos. A este reclamo se sumó Héctor Ortega Razo, representante de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Salamanca, quien lamentó que el precio por tonelada de trigo esté muy por debajo de los 7 mil pesos que esperaban, y que actualmente oscila en los 5 mil pesos que están pagando empresas acaparadoras.
Las inconformidades no son exclusivas de Guanajuato. Desde hace años, productores de distintas regiones del país han exigido precios de garantía, pagos en tiempo y forma, y la restitución de subsidios al consumo eléctrico que no fueron respetados o renovados.
La política federal de entregar apoyos de manera directa a los productores, con el argumento de evitar el manejo discrecional por parte de líderes agrarios y autoridades estatales, tampoco ha dado los resultados esperados. Así lo evidencian las múltiples inconformidades y movilizaciones protagonizadas por decenas de campesinos que aseguran no haber recibido los recursos prometidos.
Justino Arriaga Rojas, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado, reconoció que aún hay adeudos con agricultores guanajuatenses desde 2023 debido a la falta de suficiencia presupuestal. Aseguró que el recurso llegará y exhortó a los productores a acudir directamente a la delegación con sede en Celaya. Eso sí, advirtió que hay personajes que se ostentan como líderes campesinos y se aprovechan de productores desinformados, retrasando la gestión de pagos: vaya, los de la queja eterna, que en su momento gozaron de las mieles de manejar una buena bolsa de recursos a cambio de su complacencia política.
Prometer no empobrece, pero al igual que la sequía por temporal, la sequía de recursos ya se alargó demasiado. Los adeudos con los agricultores de Guanajuato llevan años sin resolverse. Ahora, con un delegado de la Secretaría de Agricultura que es guanajuatense y conoce el campo, se esperaría que haya mayor fluidez y se liquiden, por fin, los “pendientes”.
2.- Escala conflicto por Los Mexicanos por posibles intereses ocultos
Se disipan las dudas sobre las motivaciones de la síndica del Ayuntamiento de Guanajuato y presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico Territorial y Planeación, Adriana Ramírez Valderrama, al defender al particular propietario de las 316 hectáreas por donde pasa el camino Los Mexicanos, cerrado pese a que conectaba varias comunidades y era utilizado por deportistas. Su esposo, el notario Andrés Guardado Santoyo, fue quien escrituró el predio adquirido por más de 17 millones de pesos por la empresa ICREAR S.A. de C.V., propiedad de la familia Webb.
La edil argumenta que, al momento de la escrituración, aún no ocupaba un cargo público y, por tanto, no habría conflicto de interés. Sin embargo, ya como síndica, defendió abiertamente al particular y justificó el cierre del camino, a pesar de los reclamos de los cuevanenses. El trasfondo de la operación notarial no puede desligarse de su postura asumida en comisiones.
Además del conflicto por el cierre del camino Los Mexicanos, surge una nueva arista: como reveló Periódico Correo, Andrés Guardado Santoyo también realizó escrituras bajo el Programa de Regularización de Predios en colonias de escasos recursos, promovido durante el gobierno de Alejandro Navarro Saldaña y continuado por la actual administración de Samantha Smith Gutiérrez. Esta última no descartó retirar a Ramírez Valderrama de la Comisión de Desarrollo Urbano, ya que sus trabajos están directamente vinculados con dicho programa.
Mientras crecen los señalamientos por posibles conflictos de interés, la alcaldesa Smith Gutiérrez asegura que su gobierno no desistirá en buscar la reapertura del camino. Sin embargo, un amparo promovido por los propietarios impide cualquier acción municipal para retirar las rejas colocadas en este paso antiquísimo. Quienes exigen la reapertura han depositado cierta confianza en la alcaldesa para que, por la vía legal, logre resolver el caso. Por ahora, queda esperar.
Por cierto, este viernes la síndica Adriana Ramírez Valderrama amedrentó a un reportero de Periódico Correo tras la publicación en la que se informó que su esposo fue quien escrituró el terreno en disputa. La información se sustenta en documentos oficiales. Al ser cuestionada, acusó falsedades y declaró: “le deseo muchas bendiciones para que no ande diciendo tantas mentiras y no dañen a su familia como usted está dañando la mía”. Queda registro de sus palabras.
3.- Piden mecanismo para obligar a Fiscalía a investigar desaparición
En Guanajuato podría activarse un mecanismo inédito para la búsqueda de personas desaparecidas, el cual obligaría a las autoridades a coordinarse de manera interinstitucional, algo que en el discurso es constante, pero en la práctica ha mostrado graves deficiencias.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato solicitó a la jueza Karla Macías Lovera, del Juzgado Noveno en Irapuato, la creación de una Comisión Especial de Búsqueda por la desaparición de Víctor Manuel Delgado, quien fue privado de su libertad en marzo en la comunidad Venado de San Lorenzo, Irapuato. Ese día, los hombres que se lo llevaron se identificaron como presuntos agentes de la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, no se conoce su paradero.
Si la jueza autoriza el mecanismo, la Fiscalía estaría obligada a conformar la Comisión Especial; de lo contrario, incurriría en desacato, lo que implicaría consecuencias legales para el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste.
Hay expectativa entre activistas de derechos humanos, pues la jueza Macías Lovera ha emitido resoluciones de avanzada en materia de desaparición. En el caso de Salvador Cárdenas, también desaparecido en Irapuato, determinó que los responsables fueron elementos del Ejército y ordenó la reparación del daño, incluyendo una disculpa pública a la familia.
Apodada “la jueza de hierro” en círculos jurídicos, ha sido noticia por otras decisiones emblemáticas: en 2022 emitió una suspensión definitiva contra la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que la convirtió en blanco de ataques por parte de la 4T. De forma más reciente también concedió un amparo a empresarios por la extinción del Fidesseg, aunque al mismo tiempo advirtió sobre su influencia en el uso de recursos públicos.
A la luz de sus fallos, Macías Lovera ha demostrado no frenarse ante figuras con poder económico o político.
Contra Retrato
Guadalupe del Pilar Fuentes Cortez
El nuevo Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato se encuentra, junto con la administración estatal y de la mano de la Secretaría de Gobierno, en proceso de construcción de una reforma integral a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato.
Entre las principales modificaciones que impulsa el colegio —ahora presidido por Fuentes Cortez, quien ya proyecta una renovación profunda del ejercicio notarial— destaca la intención de establecer nuevos mecanismos y candados de seguridad. El objetivo es mejorar el rastreo de documentos y agilizar su autentificación como una estrategia para combatir los fraudes, una problemática que ha golpeado recurrentemente al gremio y que ha derivado en múltiples denuncias en el estado.
Uno de estos candados consiste en incorporar un sello digital con código QR en los documentos notariales, tecnología que ya se utiliza en la Ciudad de México. Este punto fue abordado recientemente durante una reunión entre integrantes del Colegio de Notarios de Guanajuato y autoridades estatales, entre ellas el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
El funcionario ha adelantado algunos de los elementos que se podrían contemplar en la reforma, como el establecimiento de medidas para detener una práctica detectada en municipios como San Miguel de Allende: la intervención de notarios de Querétaro que han encontrado un jugoso nicho de negocio en la escrituración de propiedades, particularmente por tratarse de transacciones en dólares. Aunque la ley vigente no lo prohíbe de forma expresa, se trata de una omisión legal que ahora se busca corregir con esta reforma en construcción.
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