Denuncian que 3 de 3 sigue en letra muerta Rio19
Ciudad de México.- A pesar de ser considerada como un logro innegable en la lucha de las mujeres, la reforma constitucional llamada 3de3 contra la violencia, que impide que deudores alimentarios, personas con antecedentes de violencia familiar o delitos sexuales accedan a candidaturas es inoperante, porque a dos años de distancia ninguna de sus disposiciones está contenida en las leyes electorales del país.
Queremos que la 3de3 contra la violencia no sea letra muerta, sino un requisito firme, ineludible y verificable”, explicó la senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, quien es la primera senadora de la LXVI Legislatura que alerta sobre la omisión del Congreso de la Unión, que desde el 29 de noviembre del 2023 arrastra el rezago en las leyes que deben regular el ordenamiento constitucional.
La reforma constitucional del 2023, aprobada en el llamado jueves negro del último día de sesiones del periodo ordinario en abril y que modifica los artículos 38 y 102 de la Carta Magna, ordena que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos, como lo es el votar y ser votado se suspenden “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Detalla que se suspenden también “por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
Y advierte que “en los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
En su momento, la reforma, que ya es norma constitucional desde el 30 de mayo del 2023, fue celebrada por diversos colectivos feministas, pero en términos jurídicos, estas órdenes constitucionales todavía no son aplicables en el día a día de los procesos electorales del país, porque no se han llevado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el marco jurídico que regula la competencia electoral a nivel federal y estatal, dado que al ser general, las leyes estatales deben ajustarse a sus términos.
La omisión, que ya suma 17 meses, impide que se frene el avance electoral de personas que hayan ejercido violencia familiar o que sean deudores alimentarios.
Para la senadora del Partido Verde, Rocío Corona, “es necesario actualizar nuestros ordenamientos electorales para alinearlos en lo establecido en la Constitución siguiendo los lineamientos definidos por el Instituto Nacional Electoral, permitiendo una homologación precisa a la legislación correspondiente y reflejando de manera detallada la reforma constitucional, particularmente en lo que respecto a los legisladores del Congreso de la Unión”.
Las leyes deben visibilizar “la problemática de la violencia contra las mujeres en el ámbito electoral y eliminar lo excepcional de la igualdad y equidad para convertirlos en principios cotidianos antes, durante y después de cada proceso electoral, basta mencionar un ejemplo que sustenta la necesidad de esta reforma”, aseguró.
Recordó que “en el pasado proceso electoral, tan sólo en dos estados, 497 mujeres fueron obligadas a renunciar a sus candidaturas alegando cuestiones personales, pero sabemos que, en realidad, fue para apartar esas candidaturas para después ganar, darle el paso al ejercicio del cargo a un hombre”.
Así, impulsa una reforma legal para que en Ley de Instituciones y Procesos Electorales se agregue como requisito para cualquier cargo de elección constitucional el “no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o como deudor alimentario o moroso.
