Más poder al Presidente Mexicanos Contra La Corrupción

La mejor caracterización del enésimo ensayo de Andrés Manuel López Obrador por establecer en el orden jurídico la concentración del poder y el ejercicio discrecional del mismo en el Poder Ejecutivo, es la caricatura de Paco Calderón (Reforma, 11/04/23) en la que personifica a López Obrador como un reyecito que dice: quiero una ley que me permita brincarme las demás.

De hecho, lo viene haciendo desde que se sentó en el trono. Así lo demuestran las más de 50 controversias y acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas a la Constitución y leyes generales impulsadas por él y aprobadas por sus mayorías en el Congreso. Lo demuestran también los literalmente miles de amparos en contra de sus actos de autoridad.

Ahora quiere legalizar la preeminencia del Ejecutivo y su poder discrecional de una vez por todas a través de la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras 23 leyes. El contenido de los cambios que se pretende es propio de un absolutista, de una autoridad que quiere dominar el mayor número de manifestaciones del poder del Estado sin límite alguno.

Cinco puntos resumen de manera muy apretada el ánimo despótico del Presidente y su determinación de alterar la relación entre gobernantes y gobernados, en detrimento de estos últimos.

El primero es todo aquello que revive el infame acuerdazo de noviembre de 2021, mediante el cual se eximió a los proyectos y obras del gobierno considerados de interés público y seguridad nacional o prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional de cumplir en tiempo y forma las leyes que regulan la obra pública. Aplicaba a innumerables sectores: comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos. Recuérdese, además, que cuando se trata de leyes, decretos o actos de gobierno que sean de seguridad nacional, no procede el amparo. El acuerdazo que ahora se pretende legalizar fue, en palabras reveladoras cuando no cínicas de López Obrador, “un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”. No importaba que lesionara diversos derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano, a la salud, a la información pública, a la libertad de competencia. Ahora será ley y la cancha quedará libre para que el gobierno en turno pueda llevar a cabo, sin obstáculo alguno, los proyectos que se le ocurran.

El segundo es el paquete de facultades adquiridas de golpe: la revocación de permisos, concesiones, autorizaciones o licencias de manera anticipada; la limitación de los montos de indemnización que el gobierno deberá pagar por dicha terminación anticipada junto con la eliminación del resarcimiento por daños cuando ésta esté amparada por el principio del interés público, general o social, y el derecho a declarar unilateralmente la nulidad de actos administrativos que beneficien a los particulares, en detrimento del interés general. Obviamente, definido por el gobierno mismo. O sea, juez y parte.

Tercero, abre una nueva ventana para saltarse la obligación constitucional de que la licitación nacional sea el procedimiento regular para la adquisición de bienes y servicios. Además, permite adquirir bienes en licitación pública internacional sin agotar la nacional.

Cuarto, el retorno de los topes salariales a los funcionarios públicos y la prohibición de que se desempeñen en la iniciativa privada –ahora, entre cuatro y diez años– en sectores con los que hubo relación durante el desempeño del cargo público.

Quinto, en lo internacional, se elimina o atenúa el derecho de atender a tratados internacionales en materia de expropiación, así como para definir los montos de indemnización. Esto bajo el argumento de que la “tendencia a recurrir abusivamente a las instancias de arbitraje contra el Estado mexicano ha crecido exponencialmente, dada su inclinación a resolver en favor de las corporaciones”.

Con estas modificaciones se altera la relación entre gobernantes y gobernados y desaparece la poca seguridad jurídica de la que gozan los particulares y su derecho a defenderse frente a los actos arbitrarios de los gobiernos. 

En particular, quedan en la indefensión los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. ¿Quién querrá invertir en estas condiciones?

Como bien dice Sergio López Ayllón (Milenio, 12/04/2023), hasta hoy la idea era la sujeción de la acción administrativa al derecho, y ahora lo que se propone es la discrecionalidad, que fácilmente puede tener una “deriva autoritaria”.

Todo bajo el pretexto de acabar con la corrupción que, como ha quedado demostrado, está, en el mejor de los casos, en los mismos niveles de sexenios anteriores. Todo amparado en el interés público, general y social o en motivos de seguridad nacional, que son definidos a modo por el propio Ejecutivo.

En suma, estamos ante un atentado más en contra del Estado de derecho y ante una regresión autoritaria.

Nota publicada en Excélsior: https://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-amparo-casar/mas-poder-al-presidente/1582414