El caso de Jennifer Fernanda y la importancia de las instituciones en la protección de la sociedad Newsweek en Español
El reciente caso de Jennifer Fernanda, una menor de 15 años que fue reportada como desaparecida en Tijuana y posteriormente localizada en Puebla en compañía de un hombre mayor de edad, resalta la importancia de las instituciones y del marco legal para la protección de los ciudadanos. La rápida intervención de la Fiscalía General del Estado de Baja California y la coordinación con la Fiscalía de Puebla permitieron la localización de la joven y la captura del presunto responsable. Este caso demuestra que cuando las instituciones funcionan adecuadamente, la sociedad se beneficia de la seguridad y la justicia que estas pueden brindar.
Las leyes y las instituciones existen para mantener el orden y garantizar la protección de las personas más vulnerables. Daron Acemoglu y James Robinson, economistas y politólogos, en Por qué fracasan las naciones, explican que las sociedades que cuentan con instituciones sólidas logran mayor estabilidad y bienestar para su población. En este sentido, la existencia de protocolos claros para la búsqueda de personas desaparecidas, la capacidad de respuesta de las autoridades y la coordinación entre fiscalías estatales muestran que el sistema de justicia puede ser eficaz cuando opera bajo marcos institucionales bien establecidos.
El papel de la ley en la defensa de los menores
El hecho de que un hombre de 33 años haya sido detenido por el delito de desaparición cometida por particulares agravada deja en claro que las leyes deben aplicarse sin excepción. John Locke, filósofo y padre del liberalismo político, en Dos tratados sobre el gobierno civil, argumenta que la sociedad civil sólo puede funcionar cuando sus miembros están sujetos a un sistema de normas que garantizan la protección de sus derechos. En este caso, la ley protege a los menores de edad de situaciones de vulnerabilidad, asegurando que los adultos que los sustraigan o manipulen enfrenten consecuencias legales.
Desde una perspectiva psicológica y sociológica, es importante considerar que los delitos de este tipo no ocurren en el vacío. Erving Goffman, sociólogo y psicólogo social, en Estigma: La identidad deteriorada, describe cómo ciertas personas pueden aprovechar la confianza o la vulnerabilidad de los demás para manipularlos. Es por esto que las instituciones deben desarrollar mecanismos de prevención, no solo de reacción, para evitar que más menores sean víctimas de desapariciones o manipulaciones por parte de adultos con intenciones ilícitas.
Factores psicológicos y sociales detrás de estos casos
Aunque Jennifer Fernanda aparentemente salió de su hogar por voluntad propia, es necesario entender que los menores de edad pueden ser fácilmente influenciados por adultos con mayor experiencia y capacidad de persuasión. Jean Piaget, psicólogo del desarrollo, señaló en sus estudios sobre la adolescencia que en esta etapa los jóvenes aún no han desarrollado completamente su capacidad de razonamiento crítico y son más propensos a tomar decisiones impulsivas sin evaluar las consecuencias a largo plazo. A esto se suma el concepto de “manipulación coercitiva” descrito por Robert Cialdini, psicólogo especializado en persuasión, quien sostiene que ciertos adultos pueden ejercer influencia sobre menores mediante técnicas de convencimiento emocional y psicológico, explotando su necesidad de afecto o independencia. Por esta razón, la ley protege a los adolescentes de situaciones donde puedan ser persuadidos por personas mayores que buscan su propio beneficio.
El uso de la tecnología y la cooperación interinstitucional
El proceso de localización de Jennifer Fernanda también resalta la necesidad de fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y la cooperación interinstitucional para mejorar la eficiencia en la búsqueda de personas desaparecidas. Michel Foucault, filósofo y teórico social, en Vigilar y castigar, plantea que el poder de las instituciones no solo radica en la aplicación de castigos, sino en su capacidad para vigilar y prevenir delitos. En este sentido, la rápida respuesta de las fiscalías y el uso de tecnologías de rastreo han sido clave en este caso y deberían replicarse en otros procesos de búsqueda.
Más allá de la correcta actuación de las autoridades en este caso, queda claro que aún es necesario mejorar las estrategias de prevención y sensibilización en torno a la desaparición de menores. Nancy Fraser, filósofa y teórica feminista, en Escalas de justicia, enfatiza la importancia de contar con mecanismos institucionales que garanticen el reconocimiento y la participación de todos los ciudadanos en la vida pública. En este sentido, la universidad no solo debe garantizar el derecho a la educación de todos sus alumnos, sino también asegurarse de que puedan desempeñarse sin discriminación ni obstáculos administrativos innecesarios.
Más prevención, menos reacción: el reto pendiente
El caso de Jennifer Fernanda pone en evidencia que la existencia de un marco legal sólido y de instituciones eficientes es crucial para la protección de la sociedad. La ley, cuando es aplicada de manera correcta, no solo castiga a los responsables, sino que también genera confianza en la ciudadanía y refuerza la idea de que los derechos individuales son protegidos. Sin embargo, la prevención sigue siendo el reto más grande. Es fundamental que el estado y la sociedad trabajen juntos para fortalecer la educación, la concienciación y los mecanismos de alerta que permitan actuar antes de que los delitos ocurran. En una sociedad organizada, las leyes y las instituciones no solo deben reaccionar, sino prevenir para garantizar la seguridad de todos. N
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