María Fernanda Cabal cuestionó respaldo que recibió el embajador Armando Benedetti por parte del Gobierno

Claudia Lozzi, magistrada del tribunal de Cundinamarca recibió una misiva expedida por la oficina del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, es decir el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) respaldando el nombramiento del exfuncionario Armando Benedetti como emisario cafetero ante el máximo organismo agroalimentario global con sede romana. Contra dicho cargo diplomático, que cinco acciones judiciales buscan invalidar por presuntas anomalías, el Dapre elevó sus argumentos.

Frente a esta acción, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal hizo una publicación por medio de su cuenta de X en que cuestionó dicha apología por parte del Gobierno nacional al embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

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Ante el cúmulo de demandas que buscan tumbar el nombramiento, el Dapre defendió con firmeza la legitimidad del nombramiento de Benedetti como representante diplomático mediante la misiva remitida a la togada Lozzi. En ella se asevera que ninguno de los vicios esgrimidos por los accionantes se materializa. Según el togado Wilmar David Chaves, autor del escrito, el designado no afronta sanción penal o disciplinaria que amerite dejar sin efecto su designación.

Por ese motivo, la senadora perteneciente a la Comisión Primera del Senado, recordó los gastos que ha tenido el embajador Benedetti desde que ha estado en el cargo y es que, de acuerdo con la congresista de oposición, el funcionario ha recibido $518.000.000 en pagos y ha tenido gastos por más de $1.200.000.000.

“#ElPetroBenedetti El embajador de Petro ante la FAO en lo que lleva en el cargo ha recibido $518.000.000 en pagos por sus servicios y ha incurrido en gastos por más de $1.200.000.000 Ahora desde el DAPRE de Laura Sarabia salen a defender a Benedetti ante las demandas de nulidad por su nombramiento”, Comentó Cabal por medio de su cuenta de X.

Y es que, de acuerdo con el documento conocido por El Tiempo, el Dapre argumentó que “los principios mencionados no son requisitos concretos que puedan impedir el acceso a un empleo público, sino mandatos orientadores de la actividad administrativa que corresponde a las autoridades que manejan las relaciones internacionales del Estado colombiano”.

En torno al cuestionamiento por omitir el análisis de funcionarios de carrera, el Dapre esgrimió que los demandantes no allegaron un listado de servidores públicos en condiciones de asumir la representación en la capital italiana. Asimismo, sobre el reparo por el idioma adicional, se aclaró que no se consideró una disposición excepcional que podría desestimar dicho argumento.

Uno de los tópicos más debatidos en este caso gira en torno a la situación de la suspensión de Álvaro Leyva al momento del nombramiento de Benedetti. Frente a ello, la defensa del Dapre adujo que la suspensión cautelar decretada el 24 de enero de 2024 solo entró en vigor con la materialización de la medida contenida en el decreto 150 del mismo año.

El Palacio de San Carlos también ha insistido en que fue el mandatario Gustavo Petro, en su condición de jefe de Estado, quien designó al cuestionado funcionario como representante diplomático y que, al momento del decreto de nombramiento, Leyva se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, María Fernanda Cabal ya había revelado con anterioridad los gastos del embajador. Según lo expuesto, en el primer cuatrimestre de su gestión, Benedetti ha recibido ingresos millonarios: USD 12.875,67 en febrero, USD 16.794,35 en marzo, USD 17.199,04 en abril y USD 17.199,04 en mayo. Sumando esos montos, arroja un total de USD 64.068,10 en ese lapso, equivalente a $256.272.000 de nuestra moneda local, de acuerdo con lo publicado por la congresista.

A lo anterior agregó que: “En solo dos meses, abril y mayo se le pagaron por el concepto de gastos de representación USD 4.800.00 que serían unos COP 19.680.000.”.

La representante parlamentaria hizo alusión a un monto de 24.920 euros que fueron destinados a servicios de apoyo, sin que se especificara el objetivo de tales erogaciones. Aunado a ello, evidenció que se registraron egresos reiterativos vinculados a servicios de bienes raíces por sumas que ascendieron a 55.950 euros y 59.280 euros respectivamente.