La historia de Meritage: el súper lujoso proyecto en Medellín que involucró secuestros, mafia, la compañía de uno de los empresarios más ricos de Colombia Infobae

El condominio Meritage Luxury Community, ubicado en la vía Las Palmas, Antioquia, está en el centro de una disputa legal que incluye denuncias de mafia, narcotráfico y secuestros. Los terrenos involucrados, valorados en $50.000 millones, son objeto de conflicto entre Iván López Vanegas, Héctor Javier Restrepo Santamaría, Ángel Seda e inversionistas.

Iván López Vanegas, extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas en 2003 y absuelto en 2007, poseía un terreno que, según el, tenia desde el año 1994, pagado con dinero licito. López presentó una denuncia contra Restrepo, conocido como Perra Loca, líder de la Oficina de Envigado, por haber “robado” los terrenos donde se contruiría el proyecto Meritage años después.

Según El Espectador, López Vanegas afirmó que su hijo, Sebastián López Betancur, fue obligado a firmar escrituras bajo coacción después de ser secuestrado en el año 2004 por parte de alias Perra Loca, situación que llevó a la transferencia de la propiedad de Santa María de Las Palmas, que formó parte del proyecto Meritage.

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Según El Colombiano, el 16 de septiembre de 2004, en la Notaría Segunda de Envigado, se llevó a cabo una diligencia en la que un lote fue transferido mediante una escritura pública a José Luis Varela Arboleda, según informaron medios locales. Las investigaciones posteriores revelaron que Varela, un vendedor ambulante de mangos afiliado al Sisbén, no tenía la capacidad financiera para adquirir el terreno y afirmó no haber participado en la transacción.

Iván López, quien denunció la situación, explicó que a partir de esa venta inicial comenzó una cadena de operaciones en las que el terreno fue subdividido en varios lotes y cambió de propietario en múltiples ocasiones, en aparentes ejercicios de testaferrato.

Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca, apareció en la cadena de ventas del lote. López tuvo un encuentro con él en Miami en diciembre de 2011, facilitado por Guillermo Arango, apodado “Gurú”, un comerciante de tierras en Medellín. Perra Loca le ofreció una finca en Cartagena o $10 mil millones, pero la oferta no prosperó ya que la finca carecía de documentación adecuada y Perra Loca fue arrestado poco después.

En julio de 2014, López decidió iniciar un proceso judicial para recuperar su propiedad, una década después de la supuesta usurpación, motivado por el fallecimiento de individuos vinculados al secuestro de su hijo y sintiéndose más seguro para proceder. La acción de tutela interpuesta por López fue fallada en su contra, pero el juez remitió copias a la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro para seguir investigando.

Sorprendentemente, la trazabilidad de escrituras realizada por la Superintendencia reveló que en 2006, entre varios propietarios figuraba Tatiana Gil Muñoz, una modelo paisa y expareja del hijo de Iván López. Posteriormente, Gil se casó con Guillermo Arango alias Gurú, quien fue comisionista en una de las ventas.

Después de Gil, el terreno fue adquirido por María Cecilia Uribe Quintero en 2007 y en 2013 pasó a manos de inversionistas que promovieron el proyecto Meritage.

En el centro del conflicto judicial se encuentran los desarrolladores del complejo Meritage, Sociedad La Palma Argentina, Fiduciaria Corficolombiana, que hace parte del Grupo Aval y Royal Property Group. El proyecto Meritage comenzó en 2014 y ya incluía más de 130 ventas cuando Seda escuchó los rumores sobre la reclamación de Iván López. La situación le sorprendió, ya que dos certificaciones de la Fiscalía aseguraban la transparencia en la adquisición del lote. La primera, del 30 de octubre de 2007, indicaba que ni las vendedoras ni el terreno estaban bajo investigaciones penales en ese momento.

Esta transacción fue realizada entre María Cecilia Uribe (Sociedad La Palma Argentina) y las vendedoras Tatiana Gil Muñoz y Marcela Rendón Gil. La segunda certificación, del 9 de septiembre de 2013, también de la Unidad de Extinción de Dominio, confirmó la ausencia de investigaciones en curso contra 30 personas físicas y jurídicas relacionadas con el terreno.

En 2016, la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre las 55 hectáreas, alegando que pertenecían a Iván López. La entidad judicial confiscó el bien, en el que se había invertido para construir 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas.

Después de años de investigaciones, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió una sentencia favorable para el Estado colombiano el 27 de junio de 2024 en la disputa que había sido iniciada por el inversionista Ángel Samuel Seda, quien reclamaba una compensación de $389 millones de dólares, monto que supera el billón de pesos colombianos.