Misiva ominosa El Financiero

No recuerdo una comunicación de talante más autoritario que la que enviaron cinco personas con altas responsabilidades públicas a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado doce de abril. Es un escrito digno de un régimen autoritario. Ahora sí, lamento reconocerlo, un eco chavista nos circunda.

El tema no es nuevo y es de la máxima importancia. Se trata de la figura de la prisión preventiva oficiosa que está en la Constitución y que el gobierno actual quiere ampliar a múltiples delitos. Una medida que consiste en lo siguiente: la simple acusación por parte de la autoridad en contra de una persona por la supuesta —y no probada— comisión de un delito, conlleva su detención inmediata. O sea: se te acusa y se te priva de la libertad sin más, de inmediato; sin defensa ni valoración judicial alguna. Una medida que, con razón, la mayoría de las personas juristas respetables consideran incompatible con un Estado constitucional de derecho.

Sobre el tema he tenido oportunidad de escribir en otras columnas en este mismo espacio; así que ahora centro mi atención en las personas firmantes y en los argumentos de la carta dirigida al tribunal constitucional.

La primera firma es de la secretaria de Gobernación. Encargada de la política interna, la joven abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, encabeza una causa que contradice a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México es parte. Lo hace a sabiendas de que el artículo 1º constitucional señala, entre otras cosas, lo siguiente:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección (…).

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (…).

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. (…).”

Lo sabe porque lo estudió en la universidad y, por lo mismo, también sabe que el pretendido sustento jurídico de la carta que ha firmado no resiste un mínimo análisis serio. También conoce el principio de presunción de inocencia que está contenido en el artículo 21 de la propia Constitución y sabe cuál es la competencia en México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Supongo que también ha leído los precedentes de ese tribunal internacional en materia de prisión preventiva oficiosa. Así que sabe que el artículo 19 de nuestra Constitución es inconvencional y, por lo mismo, debe ser inaplicado. Pero saberlo es una cosa y acatarlo es otra. Lo que la secretaria de Gobernación le pide a la SCJN es desacatar lo que la Constitución ordena. Ni más, ni menos.

Desconcierta más aún —incluso es causa de lamento— la última firma plasmada en la misiva. La secretaria de Relaciones Exteriores derrama su prestigio en un trazo vergonzoso. La diplomática que fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) entre julio 2008 y marzo 2022, suscribe una carta en la que se afirma que la Corte Interamericana es “una instancia regional de impartición de justicia donde (sic) sus jueces representan los intereses de gobiernos extranjeros y de la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Más allá del despropósito, preocupa la voz que lo profiere. La claudicación de la embajadora solo puede anunciar causas nefandas.

La tercera funcionaria firmante, en realidad, es un ariete de los otros dos signatarios. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana acompaña a los secretarios de la Defensa Nacional y de la Mariana en la defensa de una figura jurídica que, por un lado, evidencia la ausencia de autoridades de procuración de justicia civiles capaces de investigar y perseguir delitos y, por el otro, muestra los dientes amenazantes del Estado. Una figura que nos recuerda que un Estado débil también puede ser autoritario; débil por su incapacidad para brindar seguridad a las personas y perseguir los delitos con profesionalismo, capacidad técnica y rigor jurídico y autoritario por recurrir a la violencia como método para subsanar lo anterior. El peor de los mundos.

Dos ideas deslizadas en el documento incrementan mis alertas. Con ellas concluyo. Primero, la alusión a la seguridad nacional como argumento para conminar a los jueces constitucionales a mantener vigente la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ésta, se dice en la carta, “se impone a individuos asociados a grupos del crimen organizado” con capacidad económica que podrían evadir a la justicia; además, suprimirla implicaría “un riesgo para la seguridad de la población”. Transpiran mucho Bukele esas afirmaciones.

La segunda es una —nueva— intimidación al Poder Judicial. La preocupación de las personas firmantes aumenta —nos dicen— “ante la corrupción que con frecuencia se ha detectado al interior (de ese poder) por parte de algunos juzgadores que actúan de manera facciosa para favorecer a delincuentes.”

Se trata de una afirmación sin pruebas, pero tan amenazante como la prisión preventiva oficiosa que este gobierno quiere utilizar a discreción.