Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L. Quadratín México

El escandaloso affaire de Arturo Zaldívar y la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La desatención a la protesta social. 

Uno de los hechos que pone en entredicho en la propia sociedad y más en tiempos electorales a este gobierno de López Obrador, es que ha hecho de la mentira su forma de gobierno. No resuelve los problemas ni atiende las denuncias públicas planteadas. Siempre se justifica que “tiene otros datos” o descalifica a los quejosos, al decir que “son conservadores o manipuladores”. La mentira como religión. La honestidad como su falaz escudo y “no somos iguales” como su hipócrita y falsa salida para eludir la verdad de los hechos.

Pero, así como él sostiene en sus soliloquios mañaneros que “el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, también se cansa de tanta mentira presidencial y sí el periódico del oficialismo, La Jornada, se queja de que en los debates los candidatos de Morena no han hecho lo suficiente para defender al gobierno de la IV Transformación, lo cierto es porque aproximadamente el 75 por ciento de los mexicanos lo desaprueba.

Y, por muchas razones, que no tienen que ver con “los privilegios” ni simpatías políticas, sino por el hartazgo a tanta impunidad, por la forma en que cruel e impunemente ha dilapidado los recursos públicos, porque no rinde cuentas y, sobre todo, por los pésimos resultados en temas tan trascendentales como salud, el empleo, vivienda, servicios públicos, seguridad y procuración de justicia, etc.

Una de las peculiaridades del gobierno de López Obrador ha sido no recibir personalmente a los grupos de las madres buscadoras de desaparecidos, a los familiares de los niños enfermos de cáncer, a los representantes de diversas comunidades indígenas que han sido desplazados por la violencia ejercida por grupos violentos y criminales en sus respectivas regiones, a los familiares de las personas asesinadas por las bandas del crimen organizado, a las organizaciones de transportistas, comerciantes, ejidatarios y productores agricultores que ya están hasta la madre de las extorsiones y amenazas de las bandas delincuenciales que operan libremente a lo largo y ancho del país, con la complacencia de autoridades estatales, militares y municipales, éstas últimas sometidas a lo que digan los dirigentes de estos grupos delincuenciales, como lo hemos estado denunciando y, sin embargo, la respuesta institucional, gubernamental, ha sido siempre la misma, la descalificación, el insulto, no escucharlos, no atenderlos, no resolver sus quejas. La protesta social colectiva vista desde el poder público morenista como manipulada por la oposición.

Los ejemplos sobran. Está el caso del paro de labores de los policías de Campeche, por incumplimiento a su pliego petitorio de demandas laborales, donde la gobernadora expriísta, experredista y ahora flamante morenista Layda Sansores Sanromán, se atrevió a decir que hay mejor seguridad sin la presencia policial. Tal vez porque ahora dicha entidad está manos del crimen organizado. ¿Será?

La semana pasada se conoció que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, ordenó una investigación en contra de su antecesor el exministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea y varios de sus excolaboradores por presuntos delitos en contra de la procuración y administración de justicia, lo que ha desatado una gran controversia política y legal de gran envergadura.

En el centro de esta trama se encuentra el abogado Miguel Alfonso Meza, quien ha sido identificado como una de las figuras detrás de una de las denuncias que desencadenó la indagación contra Zaldívar. Meza, trabajó en la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, de Claudio X. González, y ahora apoya abiertamente al candidato presidencial Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano.

Meza acusó a Zaldívar Lelo de la Rea de tráfico de influencias, abuso de funciones y violaciones a la independencia judicial. A esta denuncia, se sumó la magistrada de circuito del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa, de Zapopan, Jalisco, Elba Sánchez Pozos, quien anunció que presentará una denuncia contra Arturo Zaldívar.

La magistrada precisó que presentará la denuncia por abuso de funciones, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubriendo, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempleo y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función. Aseguró que desde 2019 denunció diversos actos indebidos al interior del Consejo de la Judicatura, por lo que fue suspendida y cambiada de adscripción a Sinaloa, lo que se considera como un castigo.

El abogado Miguel Alfonso Meza expuso que a Zaldívar Lelo de la Rea “lo denuncié por tráfico de influencias, abuso de funciones y violaciones a la independencia judicial. Ahora, la ministra Piña deberá decidir si se inicia una investigación y el pleno de la propia Corte deberá juzgarlo.

Por su parte, Arturo Zaldívar ha negado en diversas entrevistas las acusaciones en su contra, calificándolas como una persecución política orquestada por su sucesora Norma Piña. Y ha recibido el respaldo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, quien ha denunciado la investigación como un intento de desacreditar a Zaldívar por motivos ajenos a su desempeño profesional.

Y, ahora, como se esperaba, entró en su defensa Andrés Manuel López Obrador, quien en anteriores mañaneras, había dicho que le hizo diversas peticiones a Zaldívar donde le solicitó personalmente su ayuda para resolver algunos casos de Estado como fueron los casos de corrupción en Pemex y el caso de Ayotzinapa, entre otros.

No hay que olvidar tampoco que la investigación en curso abarca no sólo a Zaldívar, sino también a otros exfuncionarios cercanos a él, señalados por presuntamente comprometer la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación en beneficio de intereses personales y de terceros, como son Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien fuera exsecretario general de la Presidencia del CJF; al extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, magistrado Jaime Santana Turral; Arely Gómez González, responsable de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la entonces Contraloría del Poder Judicial, y ahora auditora en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de ser hermana del funcionario de Televisa Bernardo Gómez. Eso, sin contar por supuesto a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico presidencial.

Según López Obrador Zaldívar Lelo de la Rea “tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un exmiembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial, y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones, de jueces, de magistrados y de ministros, pero está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político, no representan al pueblo.

El ex presidente de la SCJN ha calificado la situación como una cacería de brujas, una inquisición sin precedentes que busca perjudicar a quienes han servido al poder judicial con integridad. Además, ha señalado la aparente preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de las elecciones, lo que podría estar motivando este tipo de acciones.

Usted juzgue. Lo que es un hecho es que desde que llegó Norma Piña, López Obrador no ha podido meter las manos en el Poder Judicial y eso tiene muy molesto al tabasqueño.

Y hablando, del conflicto con Ecuador, la actual ministra de Gobierno y encargada del Interior del Ecuador, desde noviembre de 2023, en el gobierno de Daniel Noboa, es la mexicana Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, abogada, nacida en Durango y naturalizada ecuatoriana desde noviembre del año pasado. Ella fue la responsable de haber ordenado la toma violenta por asalto de la embajada mexicana.

Mónica Rosa Irene nació en la ciudad de Durango. Es hija del abogado Héctor Alfredo Palencia Alonso, quien fue director del Instituto de Cultura del estado de Durango bajo la administración de Ángel Sergio Guerrero Mier. En 2009, recibió la especialización en Derecho Penal y Criminalidad Organizada por el Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas, por la Universidad de La Habana.

Se casó el 9 de mayo de 1985 con el arquitecto Ramón Arturo Verduga Álvarez, con quien tuvo tres hijos. El arquitecto Verduga falleció el 25 de noviembre de 2014. Después, tuvo como pareja al médico y político Francisco Huerta Montalvo; el 1 de julio de 2022, Francisco Huerta falleció, desde entonces no se le conoce pareja. Según su declaración patrimonial de 2022, Palencia declaró poseer casi un millón de dólares.

Por ello, llama la atención que el gobierno mexicano no haya emprendido en la fiscalía general de la República ninguna denuncia en contra de esta señora por el delito de traición a la patria, lesiones y daño en propiedad ajena, toda vez que fue ella, quien ejecutó y ordenó el asalto a la embajada mexicana en la ciudad de Quito. En fin.

Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, tras realizar estudios en la Universidad Juárez del Estado de Durango, obtuvo la licenciatura en Derecho, recibiendo también la Medalla Benito Juárez. Sin embargo, no existe ningún registro de título o cédula profesional por parte del Registro Nacional de Profesionistas de México. A los 21 años, decidió emigrar a Ecuador.

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