Viaje al horror: un día con una fiscal que investiga los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania Infobae

Los fiscales ucranianos investigan más de 125.000 crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. El estado trata de investigar tal cantidad de atrocidades mientras la guerra continúa. Los fiscales trabajan bajo los bombardeos y se convierten ellos mismos en víctimas de la agresión rusa. En febrero de 2024, una de los fiscales regionales de Kharkiv fue asesinada por un ataque con misiles rusos junto con su marido y sus tres hijos pequeños.

Una fiscal y los bombardeos

Viktoriia Shapovalova fue testigo de la mayoría de los bombardeos y ataques con misiles contra Mykolaiv, una ciudad que antes de 2022 tenía una población de 470.000 habitantes. Permaneció allí durante los días más duros que ha vivido esta ciudad desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.

En la primavera de 2022, el ejército ruso se esforzó por tomar Mykolaiv, una capital regional situada entre Odesa y Kherson. Al no conseguir apoderarse de la ciudad, comenzó a atacar sus barrios residenciales con artillería y misiles.

Viktoriia recuerda que en marzo de 2022 iba en coche al trabajo. Estacionó, salió del coche y se dio cuenta de que oía un silencio absoluto alrededor. Se dice que no se oye nada cuando se está en el epicentro de un ataque. Un misil impactó en un edificio situado a unos 150 metros de ella. Las casas que había entre Viktoriia y el lugar del ataque le salvaron la vida. Viktoriia recuerda la sensación que sintie cuando explota un proyectil cerca de ella. “Como si tu alma se estuviera volviendo del revés”, describe.

Hubo un periodo en el que la artillería bombardeaba cada dos o tres horas. Los residentes que se quedaron en la ciudad se adaptaron a esta rutina. Viktoriia pasaba las noches en un refugio, un sótano de un bloque de 9 plantas, con su hija adolescente. Tras los bombardeos matutinos, que solían producirse sobre las seis o las siete de la mañana, Viktoriia preparaba el desayuno, sacaba a pasear a su perro y se apresuraba a ir a trabajar. Sabía que habría dos o tres horas tranquilas antes del siguiente bombardeo y, durante ese tiempo, podría trabajar.

Viktoriia Shapovalova, de 37 años, fue nombrada jefa del departamento de crímenes de guerra de la fiscalía regional de Mykolaiv en la primavera de 2022. Antes de eso, como la mayoría de los fiscales ucranianos, su trabajo no estaba relacionado con los asuntos de guerra. Tras su nombramiento, ella, como miles de sus colegas, tuvo que tener formación como investigadora de crímenes de guerra, sumergiéndose en el tema del derecho internacional humanitario. Como parte de la formación para fiscales de crímenes de guerra, Viktoriia también tuvo la oportunidad de visitar La Haya y la Corte Penal Internacional.

Durante los dos años de la invasión a gran escala, Rusia llevó a cabo más de 2.000 ataques contra infraestructuras civiles en la ciudad de Mykolaiv y la región, según la iniciativa The Tribunal for Putin.

Tras un ataque de este tipo, el equipo de crímenes de guerra, junto con la policía y los servicios de emergencia, va al lugar para documentar lo sucedido. Los ataques suelen producirse por la noche, lo que significa que Viktoriia no duerme en las 24 horas siguientes. Tiene que permanecer en el lugar del ataque hasta que sacan el último cadáver de debajo de los escombros.

Los bombardeos de barrios residenciales y otras infraestructuras civiles de Mykolayiv representan alrededor del 70% de los 2.500 crímenes de guerra que Viktoriia y su equipo investigan actualmente en la región. Dice que su experiencia de haber vivido en la ciudad durante todos los ataques le ayuda en su trabajo: “Yo estaba allí, recuerdo muchas cosas”. Pero casi todas las semanas pasa uno o dos días de trabajo fuera de su oficina, sobre el terreno.

Ganas y miedo de hablar

El este y el sur de la región de Mykolaiv fueron ocupados en la primavera de 2022 y liberados después de ocho meses, en noviembre del mismo año, junto con la orilla derecha del Dnipro y la ciudad de Kherson. Desde entonces, el equipo de Viktoriia, que incluye 10 fiscales de crímenes de guerra, investiga las atrocidades cometidas en las ciudades y pueblos ocupados.

Nos reunimos en un lugar acordado a las 9 de la mañana y nos dirigimos al norte de Mykolaiv, a un pequeño pueblo que fue ocupado durante la primera mitad de marzo de 2022 para documentar el mayor número posible de declaraciones de testigos. Un equipo de abogados de la organización sin ánimo de lucro Global Rights Compliance (GRC) acompaña a los fiscales en este viaje. GRC está especializada en derecho internacional humanitario, y los fiscales ucranianos necesitan apoyo para hacer frente a miles de casos de crímenes de guerra. Los abogados están presentes durante los interrogatorios a los testigos, leen los protocolos de los interrogatorios y asesoran al equipo de fiscales de Viktoriia sobre dónde se encuentran exactamente las violaciones del derecho internacional humanitario y qué pruebas hay que recoger. En palabras de Viktoriia: “Nos ayudan con la calidad de la justicia”.

En el asiento delantero del coche, Viktoriia hace varias llamadas para invitar a sus colegas a una sesión de formación sobre investigaciones OSINT (Inteligencia de fuentes abiertas).

“Buenos días, ¿cómo estás?”, empieza cada conversación con estas sencillas palabras. En el contexto de posibles ataques nocturnos, la pregunta y las respuestas tienen sentido.

Los coches salen de la autopista hacia un camino rural. Un rebaño de ovejas con un pastor cruza el camino. Conducimos despacio entre campos vacíos. “Vamos a encontrarnos primero con el jefe del pueblo. Él y su familia fueron secuestrados por los rusos”, explica Viktoriia el plan del día, añadiendo que esos viajes al campo suelen ser imprevisibles.

Realmente lo son. El coche se detiene de repente ante un tramo intransitable, el conductor da vueltas para encontrar un desvío. Es un día nublado, con varios grados sobre cero, y no vemos otros coches en este camino de campo. Finalmente, el conductor encuentra un desvío que atraviesa una franja forestal cercana, pero antes de que vayamos, tiene que arrancar varios árboles pequeños.

Semejante maniobra todoterreno no sería posible en el sudeste de la región, que estuvo bajo ocupación durante ocho meses y donde los rusos dejaron minas por todos los campos. En las primeras semanas tras la liberación, los fiscales de crímenes de guerra empezaron a visitar pueblos y aldeas. “Llamamos al servicio de desminado, les pedimos que limpiaran, por ejemplo, un edificio de la policía. Y después, fuimos allí a recoger pruebas”. Los equipos humanitarios de desminado trabajan todos los días, pero aún así, muchos campos y bosques están rodeados de señales rojas que dicen “¡Alto! Minas”.

El jefe del pueblo es un hombre delgado de unos 50 años. La piel de su cara sugiere que trabaja mucho al aire libre. Viktoriia empieza con algunas preguntas informales sobre la realidad bajo la ocupación rusa. Ya sabe que el jefe fue secuestrado por los rusos y golpeado, pero no denunció el incidente a la policía tras la liberación del pueblo.

“¿Para qué? Estamos vivos, y eso es suficiente”, responde al argumento de Viktoriia de que se trataba de una violación de las leyes y costumbres de la guerra. “¿Van a investigar esto?”, prosigue el hombre en tono escéptico. “Para eso hemos venido”, Viktoriia se muestra paciente. Entiende que el hombre necesita más tiempo para confiar en ella. También es consciente de que muchas personas no quieren contar públicamente lo que les ha pasado porque temen que Rusia vuelva a ocupar la región.

Así, la fiscal cambia el tema a la situación del pueblo en general. Varias casas fueron destruidas por los bombardeos, sus propietarios no tienen documentos de propiedad de esos edificios y por eso tienen problemas para conseguir ayuda para reconstruirlos. Viktoriia promete que estudiará cómo puede ayudar.

“Tenemos que documentar estos delitos aunque usted no crea que vayamos a investigarlos”, vuelve por fin al motivo de nuestra visita. Finalmente, tras fumar un cigarrillo fuera, el jefe del pueblo acepta a dar una entrevista formal.

Uno de los fiscales se queda para grabar su testimonio en vídeo, y nosotros vamos a reunirnos con el siguiente testigo: una mujer cuyo hijo fue fusilado por los soldados rusos.

“Llegaron a la casa, lo ataron, se lo llevaron y abusaron de él durante dos días. Luego lo llevaron a un bosque, le ataron las manos con un alambre y lo fusilaron. Sobrevivió y se arrastró hasta un pueblo cercano”, empieza a hablar nada más pisamos el umbral. “Por supuesto, testificaré. ¿Por qué no, si ocurrió esto?”.

Sus palabras demuestran que comparte la confianza de muchos ucranianos que vivieron la ocupación: que los culpables deben ser identificados y castigados.

El prontuario de crímenes de guerra de Rusia

Lo que les ocurrió al jefe del pueblo y al hijo de la mujer no es único, sino más bien una regla común de la ocupación rusa.

Los civiles deben estar bajo la protección de la fuerza de ocupación, según el derecho internacional humanitario. Al hablar con la población de los territorios ocupados registramos incidentes rutinarios de secuestros, detenciones arbitrarias y torturas.

En un pueblo mataron a un lugareño y secuestraron a su mujer. Con una bolsa en la cara, la llevaron a una trinchera donde los soldados la acosaron, y en un momento dado vertieron un líquido sobre esta mujer de 50 años diciéndole: “Te quemaremos y nos quedaremos viendo cómo arde la madre de Ukrop”, refiriéndose a su hijo, que luchaba en el ejército ucraniano. Pasó cinco días detenida. Durante los primeros días, los interrogatorios se sucedían cada hora, las preguntas se repetían una y otra vez, sobre todo en torno a las cosas que compartía en sus páginas de las redes sociales y a su hijo. Fue puesta en libertad tan repentinamente como detenida, sin que nadie diera razón alguna de su detención.

En otro pueblo de la región, un alcalde local fue secuestrado cuando intentaba entregar 300 barras de pan a los habitantes del pueblo. Fue torturado con descargas eléctricas y golpeado. Pasó tres meses de detención ilegal en varios centros de detención.

Y en otro pueblo, los rusos asesinaron a un anciano profesor de escuela local. Los soldados se lo llevaron de su casa. La esposa del profesor lo buscó por todas partes, yendo en bicicleta de una posición rusa a otra. Finalmente, el cuerpo mutilado fue encontrado.

Estos son sólo algunos relatos registrados por el equipo de The Reckoning Project en la región de Mykolaiv. Los investigadores de TRP documentaron varios centenares de casos similares en diversas partes de Ucrania que estuvieron bajo la ocupación rusa. Hombres y mujeres jefes de pueblos, voluntarios y activistas, ex-soldados o incluso cazadores como propietarios de armas fueron a menudo las primeras víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos.

“Las fuerzas de ocupación rusas descuidaron su obligación de proteger a la población ucraniana. En su lugar, consideraban a los ucranianos bajo ocupación únicamente desde el punto de vista de la seguridad”, afirma Raji Abdul Salam, archivero jefe de datos jurídicos de The Reckoning Project. Además categorizaron, explica, las acciones civiles y humanitarias, como el derecho de acceso a la información, la libertad de circulación y una vivienda adecuada, como amenazas potenciales a la seguridad. Este enfoque de dar prioridad a las medidas basadas en la seguridad sobre las consideraciones humanitarias privó a los ucranianos de sus derechos humanos fundamentales y exacerbó el sufrimiento causado por el conflicto.

La justicia es lenta y los fiscales deben trabajar rápido

Determinar los responsables de los bombardeos no es fácil, ya que hay que demostrar quién apretó el botón. Investigar torturas y detenciones arbitrarias es difícil por otra razón: los supervivientes no suelen saber mucho sobre la identidad de sus secuestradores y torturadores.

En la mayoría de los incidentes, documentados por los investigadores de The Reckoning Project, los soldados rusos intentaban ocultar quiénes eran: no decían sus nombres, no llevaban insignias y cubrían sus rostros con máscaras. Les tapaban los ojos o les ponían bolsas en la cabeza para que la gente no pudiera reconocer quién les estaba torturando.

“Los soldados ocultaron deliberadamente su identidad para eludir la rendición de cuentas por sus acciones, incluidos saqueos, ejecuciones extrajudiciales y detenciones ilegales”, afirma Abdul Salam, quien añade que en más del 90% de los testimonios que recogieron los investigadores de The Reckoning Project los soldados rusos ocultaban su identidad.

“Esto subraya la complicidad de la cúpula militar rusa, ya que su incapacidad para tomar medidas disciplinarias sobre el terreno condonó y facilitó estas graves violaciones del derecho internacional. La consecuencia de esta conducta indebida sin control fue un ataque implacable contra la población ucraniana, que infligió sufrimientos y traumas indecibles”, afirma el analista de The Reckoning Project.

En el camino de vuelta, Viktoriia reflexiona sobre la desconfianza de mucha gente ante las perspectivas de justicia y castigo para los criminales de guerra rusos: “Lo comprendo. La justicia es un proceso largo, y las víctimas la quieren ya. Pero la principal tarea de los fiscales es recoger pruebas de la máxima calidad”.

Son casi las seis de la tarde cuando volvemos a su oficina. Viktoriia tiene previsto seguir trabajando varias horas más. Dice que 10 minutos de descanso fueron suficientes para continuar con un montón de papeleo después de un día en el campo.

En la pared de su despacho hay un gran mapa de Mykolaiv, con un pequeño trozo de papel clavado en él. En él hay impresa una fecha: “13 de octubre de 2022″. Ese día, Rusia atacó Mykolaiv supuestamente con misiles S-300 que impactaron en un bloque de viviendas. En ese ataque murieron siete personas, una de ellas un niño. El ataque se produjo por la noche, cuando la gente estaba en la cama. Cuando busco en Google este incidente, veo un edificio residencial de cinco plantas. Su parte media superior destruida parece haber sido mordida por algún monstruo.

Este caso ya está en los tribunales. Los investigadores encontraron a un hombre, residente de Mykolaiv, que pasó información sobre este edificio a los rusos, diciendo que vio vehículos militares cerca. Hay otros cuatro incidentes de crímenes de guerra que el departamento de Viktoriia ha trasladado ahora a los tribunales. Se trata del trato inhumano a civiles: imitación de fusilamiento, y de los organizadores de un centro de detención en un pueblo de la región, donde se retuvo a personas durante varios días en condiciones horribles. Los juicios siguen su curso.

Según Viktoriia, en esos incidentes había pruebas suficientes para que los fiscales pudieran acusar a los combatientes rusos de cometer esos crímenes de guerra. La investigación de todos los crímenes, explica Viktoria, llevará años. Esta comprensión, continúa, junto con el hecho de que el mañana puede simplemente no llegar, la motiva a acelerar su trabajo.

Además, añade, se eliminan pruebas importantes en línea, como canales rusos en Telegram, ya que entienden que esos mensajes y vídeos también podrían ser pruebas.

La mayoría de los juicios a criminales de guerra rusos en Ucrania se celebran ahora en ausencia. Puede que las víctimas no estén satisfechas con este resultado, pero la fiscal explica que no sólo es importante que se castigue a un soldado concreto. “Al probar un crimen en particular, probamos la culpabilidad del autor principal. Para demostrar su culpabilidad en el Tribunal, no sólo se tendrían en cuenta nuestros veredictos, sino también nuestra base de pruebas”, dice Viktoriia.

Al día siguiente de salir de Mykolaiv, leo las noticias sobre otro ataque ruso en la ciudad y en la región. Voy a la página del fiscal regional de Mykolaiv y veo las fotos de los fiscales de crímenes de guerra que trabajan en el lugar del ataque, Viktoriia entre ellos.

Este material fue preparado como parte de “The Reckoning Project: Ucrania testifica” - una iniciativa de reporteros, analistas e abogados internacionales y ucranianos para documentar crímenes de guerra y redactar historias sobre ellos que se conviertan en documentos históricos de la invasión rusa en Ucrania. Periodistas e investigadores ucranianos recogen testimonios de víctimas de posibles crímenes de guerra, los documentan de forma neutral según una metodología que los hace utilizables en procesos judiciales. A continuación, un equipo de analistas los verifica, mientras que autores y documentalistas ucranianos crean contenidos multimedia basados en los testimonios bajo la dirección de conocidos escritores y periodistas internacionales y ucranianos tales como Janine di Giovani, Peter Pomerantsev, Laboratorio de Periodismo de Interés Público bajo el liderazgo de Nataliya Gumenyuk.