Procuraduría investiga a exmiembros del Ministerio de Educación por irregularidades en millonario contrato Infobae
La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra tres exfuncionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en relación con posibles irregularidades en la adjudicación de una licitación a la empresa UNE- EPM Telecomunicaciones, por un monto superior a los 3.400 millones de pesos.
Los implicados son Dalila Astrid Hernández Corzo, exsecretaria general del MEN; Karen Ezpeleta Merchán, exsubdirectora de contratación del MEN; y Roger Quirama García, exjefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información. Estos cargos surgen a raíz de un contrato de nube privada para el MEN y las Secretarías de Educación, el cual fue adjudicado a UNE- EPM Telecomunicaciones bajo circunstancias que podrían considerarse irregulares.
Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel.
Según la investigación, ocho ítems del contrato no incluían el Impuesto de Valor Agregado (IVA), lo que hizo que la oferta de la empresa a la que se le adjudicó pareciera más favorable financieramente en comparación con las demás. Sin embargo, el valor real del contrato debió ser superior a los 4.000 millones de pesos.
Se alega que Hernández Corzo adjudicó la orden de compra a una oferta que no era la más favorable en términos financieros, violando así el deber de selección objetiva. Además, se encontró que el documento de estudio previo no mencionaba correctamente la aplicación del IVA en los servicios contratados, lo que fue pasado por alto en el proceso de adjudicación.
La exsubdirectora de contratación, Ezpeleta Merchán, también enfrenta cargos por presuntamente no verificar el cumplimiento de los requisitos en la presentación de las ofertas, así como por no asegurar que la orden de compra fuera adjudicada de acuerdo con los estudios previos emitidos por su dependencia.
Por último, Quirama García, como supervisor dentro de la orden de compra, es cuestionado por presuntamente vulnerar el deber de selección objetiva al firmar el documento que favorecía a UNE - EPM Telecomunicaciones.
La Procuraduría ha calificado provisionalmente la conducta de estos tres exservidores como falta gravísima a título de culpa gravísima, y el proceso disciplinario continuará conforme avance la investigación.
Dalila Astrid Hernández Corzo es una de las presuntas responsables, pues dirigía ese asunto. Hernández asumió el 20 de mayo de 2020 como secretaria General del Ministerio de Educación Nacional. Ella es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho de los Negocios y una Maestría en Derecho Público. La mujer tiene una trayectoria de más de 30 años años en el sector público y ha ocupado diversos cargos en entidades nacionales y distritales.
La Fiscalía investigó a la exministra de Educación, María Victoria Angulo
Cabe recordar que en agosto de 2022 la Fiscalía emitió una orden judicial para que Yanhet Cristina Giha Tovar (del gobierno Santos) y María Victoria Angulo González (del gobierno Duque), exministras de educación de Colombia, comparecieran ante la justicia para responder por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público.
De hecho, solo un mes después, en septiembre de ese mismo año, Noticias Uno conoció que la Universidad Sergio Arboleda había firmado contratos con el Gobierno del expresidente Iván Duque por un total de 90.000 millones de pesos, incluidos acuerdos con el Ministerio de Educación. Encontraron también que al menos diez entidades gubernamentales mantuvieron una relación directa con dicha institución educativa.
Según reportes del medio referido, durante la administración de Iván Duque, la Universidad Sergio Arboleda se posicionó como el principal socio de capacitación del Gobierno del expresidente. El financiamiento recibido por la universidad provino del sector público, es decir, del erario de los colombianos.
Además, se revela que el Ministerio de Educación mantuvo un contrato con dicha institución por un monto de 1.293 millones de pesos. Este contrato fue firmado el 25 de junio de 2019 y estuvo vigente durante la gestión de la exministra María Victoria Angulo.
