GOBIERNO de AMLO vuelve a ‘la VERDAD HISTÓRICA’ y oculta información de los normalistas desaparecidos Punto Por Punto

El pasado lunes 25 de septiembre, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa salieron molestos y decepcionados de Palacio Nacional, luego de más de dos horas de reunión con autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las que no se dio respuesta a sus demandas sobre la entrega de información faltante que estaría en manos del Ejército y se les presentó una narrativa que se asemeja a la “verdad histórica”.

• “Ni el secretario de la Defensa (Crescencio Sandoval), ni el presidente, dieron respuesta a la información que solicitaron los padres de familia, que es muy puntual”, subrayó con tono de molestia Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43.

En la reunión del miércoles pasado, los familiares de los normalistas le entregaron a López Obrador un documento firmado por todos, basado en las exigencias que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el caso por años, y que entre otros puntos señaló que el Ejército mexicano espiaba las comunicaciones del grupo criminal que atacó a los estudiantes, Guerreros Unidos, los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

En esos intercambios de comunicaciones, que quedaron registrados en documentos en poder de la milicia, habría información clave sobre qué sucedió con los 43 normalistas y cuál fue el grado de participación de militares en el caso.

• En el oficio que le fue entregado al presidente la semana pasada, los familiares exigen que se les entreguen decenas de documentos elaborados por el Ejército, que quedaron registrados, según las investigaciones del GIEI, como ‘CRFI’, en referencia al ‘Centro Regional de Fusión de Inteligencia’ que operaba en esa época en Iguala, Guerrero.

Los documentos de inteligencia militar probarían que la Sedena tenía conocimiento del grupo criminal que atacó a los estudiantes, y contendrían información sobre cuál fue el destino de los jóvenes desaparecidos.

Sin embargo, el equipo del GIEI en México denunció el pasado 26 de julio que la Secretaría de la Defensa Nacional ha ocultado reiteradamente esa documentación e incluso ha negado su existencia, a pesar del mandato presidencial de que se abriera toda la información a los padres. Tras la denuncia sobre la opacidad del Ejército, el GIEI anunció su retirada del país.

López Obrador defiende a la Sedena

El presidente López Obrador ha defendido en múltiples ocasiones a la Sedena. Lo hizo públicamente tras el anuncio de la salida del GIEI del país, y lo hizo la semana pasada en privado ante los propios padres, causando el enojo y la frustración de estos.

• Aun así, el mandatario se comprometió a que el Ejército daría una respuesta al oficio que dejaron los padres en la reunión de la semana pasada. Pero en el encuentro de ayer, en el que no estuvo ni el presidente, ni secretario de la Defensa -que envió un escrito por medio de la titular de Seguridad Pública, lo cual fue tomado como “un insulto” por los padres-, no aparecieron ninguno de los documentos del Ejército exigidos por los familiares de los 43.
• El abogado Vidulfo Rosales expuso que también se le solicitó al Ejército información concreta sobre una conversación telefónica que fue encontrada en una foja de los archivos militares, y que contendría información valiosa sobre el paradero de 17 estudiantes.

“Pero sobre esto, el titular de la Sedena lo único que refiere es que esa información la tiene el señor Gildardo López Astudillo (Alias ‘El Gil’, uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos acusado por la desaparición de los 43), y le pide al Gobierno que busque la información de esa persona, sin dar una respuesta concreta a lo que se le está solicitando”, agregó el abogado.

• De acuerdo con el medio Animal Político, quienes entrevistaron a las personas que estuvieron presentes en la reunión, aseguraron que fue uno de los momentos más tensos del encuentro. “En algo que no fue nada respetuoso, el oficio (de la Sedena) cerró diciendo algo así como que ‘no tenemos más información, y si quieren saber más del paradero (de los jóvenes) vayan y pregunten a Gildardo López Astudillo, que está como testigo protegido”.

Los familiares, por su parte, respondieron diciendo que, “al ponerse el Gobierno de AMLO del lado de las mentiras del Ejército, los están orillando a levantarse de la mesa de diálogo”.

• Por otra parte, los padres de los 43 también se mostraron decepcionados con el papel del subsecretario Alejandro Encinas, que presentó un nuevo informe con avances del caso que, en palabras del abogado Rosales, “criminaliza a los estudiantes de la Normal” y que se asemeja mucho a la versión de los hechos presentada por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, hoy en prisión preventiva, conocida como la “verdad histórica”.

“Nos presentó una narrativa que se acerca más a la ‘verdad histórica’ que a los nuevos hechos. Hizo una narrativa en la que refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre integrantes del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad del caso al crimen organizado y a un asunto meramente local, dejando por fuera al Ejército. Al único militar que le fincan responsabilidades es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad. Y no se dice nada, por ejemplo, de quienes construyeron la verdad histórica”, planteó.

Ante el enojo de los padres, estos se negaron a recibir ningún informe ni documentos. “Dijeron que si el titular de la Sedena (el general Crescencio Sandoval) quería echarles un cuento, que al menos les diera la cara”, apuntó una fuente que estuvo presente en la reunión.

Los padres señalaron que ahora analizarán si continúan o no con el diálogo con el gobierno de López Obrador.

Los familiares regresaron al plantón que tienen instalado frente al Campo Militar número 1, en los límites entre Naucalpan, Estado de México, y la capital.

Ahí, en una de las entradas al recinto militar, los familiares colocaron mantas con los rostros de quienes denuncian serían los “perpetradores” de la desaparición de los estudiantes, entre los que se encuentran Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, que está prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa, y Omar García Harfuch, quien recientemente se destapó como aspirante al gobierno capitalino, y a quien documentos de la Sedena sitúan en Iguala en dos reuniones de autoridades sobre el caso Ayotzinapa, aunque él ha negado cualquier participación en la construcción de la “verdad histórica”.

“Lo único que queremos y lo único que exigimos al presidente López Obrador es saber ya la verdad, porque ya se van a cumplir 9 años y él se comprometió a dar con el paradero de nuestros hijos. Sin embargo, ya tiene 5 años en el Gobierno y no ha cumplido”, dijo a Animal Político, la señora Nicanora García, madre del normalista desaparecido Saúl Bruno García.

Una Fiscalía no puede estar al vaivén de las órdenes del Presidente: GIEI

Ángela Buitrago, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dijo que no hay una sentencia condenatoria por los desaparecidos y desde ese punto de vista, la investigación debe realizarse de manera oficiosa, además hay un plazo razonable que también ya se extiende en el tiempo.

“Son nueve años, el 26 de septiembre se cumplen nueve años en que los padres ni la sociedad saben qué ha pasado con la participación, realización, procedimiento que se levantó en torno a esta desaparición forzada. Desde ese punto de vista diríamos que en el tema particular del Caso Ayotzinapa, en esos tres niveles, para poder avanzar, tendríamos que trabajar en la necesidad de conseguir una Fiscalía que realmente sea independiente y autónoma.

“Una Fiscalía no puede estar al vaivén de las órdenes del presidente de la República solamente, ni del fiscal general cuando quiera o no quiera investigar el fiscal. La Fiscalía tiene que tener una característica de independencia y autonomía donde le permitan llegar hasta los niveles que muestren la investigación para juzgar y sancionar”, aseveró Buitrago en videoconferencia durante un foro convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

• Advirtió que mientras no haya “independencia real” y “autonomía real” no se tendrá la posibilidad de avanzar en el término de acceso a la justicia, derecho a saber, derecho a la verdad, pero mucho menos al derecho de la posibilidad a la reparación del daño frente a los elementos que toda la jurisprudencia y doctrina ha establecido.
• Durante el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa ¿Qué sigue? Elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”, la experta remarcó que no se ha rehabilitado a los padres ni familiares, además que no se han tomado las medidas necesarias para generar una posible reparación en términos integrales; tampoco se ha podido establecer cuál es el nivel real de acompañamiento.

“Quiero ser clara, que si bien es cierto se han dado medidas aleatorias en términos de salud en algunos problemas físicos o psicológicos, pero no ha habido tampoco una política clara o contundente (…) El tema más grave es que cuando llegamos a un elemento de clarificación que se posee por las Instituciones del Estado como es Sedena, Marina, ahí hay inmediatamente un pare absoluto.

“Si bien es cierto y también hay que decirlo, que en el tema se permitió ir recorriendo caminos para abrir archivos militares, en el momento en el que se encuentra la información que se reflejan en los informes 3, 4, 5 y 6 del GIEI, también se llegó a socializar de manera intencional el hecho de que no hay más documentación, creemos que la documentación por si sola explica esos informes, pero además reporta que hay más información que debe salir a la luz”, resaltó.

La experta manifestó que para avanzar, hay que generar esta revisión y exigibilidad: “No es una benevolencia, es una obligación de que todos estos documentos producidos por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, producidos por Sedena en un seguimiento permanente tengan que ser conocidos por la sociedad mexicana”.

Indicó que en cuanto se omita saber qué ocurrió con los estudiantes, no habrá verdad que valga, sino se llega a establecer ese paso y ese tiempo.

• “Para poder seguir avanzando tiene que haber una decisión real y no solamente una decisión política, una decisión de justicia en los entes de justicia de la Fiscalía y los jueces, que tienen que tener claridad sobre toda la necesidad de la prueba.
• “Pero que, sin lugar a dudas la repercusión que también tiene el negar estos elementos probatorios para de una u otro forma evitar que se sepa el nivel de actuación, el nivel de deshumanización que se tuvo el día 26 y 27 de septiembre”, consideró Buitrago.

Comentó que mientras la sociedad genere una permanente petición de que se esclarezcan los hechos, habrá justiciar justicia.

“Mientras tanto creemos que hay instituciones que necesitan un poco de ayuda en esta independencia de autonomía y necesitan seguir generando personas que con toda la independencia e imparcialidad puedan investigar estos casos”, puntualizó.

Padres demandan frente al extinto Cisen entrega de información

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, realizaron una protesta frente a la entrada principal del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en demanda de que entregue toda la información que tiene en su poder, y que es “crucial” para dar con el paradero de los estudiantes.

• A diferencia de las manifestaciones realizadas en días anteriores, en esta ocasión un grupo de normalistas encapuchados realizó pintas sobre la fachada color gris del inmueble, en las que se leía “9 años de injusticia” y “Perpetradores”.

Además, en el portón principal principal del CNI, con pintura roja en aerosol escribieron “AYOTZI 43”.

El momento más tenso ocurrió enseguida cuando lanzaron decenas de petardos al interior de las instalaciones del CNI, cuyo estruendo resonaba a las afueras sobre la estrecha avenida Real de Contreras.

También lograron perforar un cristal blindado de la caseta de vigilancia, rompieron cámaras de seguridad, espejos y lámparas que estaban instaladas en la parte superior de los muros de alrededor de 5 metros de altura.

• Previamente, durante el mitin, Melitón Ortega, vocero de las familias, señaló que este órgano de inteligencia “también estuvo monitoreando todas y cada una de las actividades de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa” durante los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
• En entrevista, puntualizó que esta información, además de los expedientes que tiene el ejército, también fue solicitada al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión que sostuvieron la semana pasada en Palacio Nacional.

“Tenemos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dan cuenta de ello. Se tienen identificadas dos personas que dieron seguimiento a los estudiantes en la ciudad de Iguala. Se tienen datos concretos, nombres y apellidos del personal del Cisen”, destacó Isidoro Vicario, abogado de las familias.

Acompañados de estudiantes de distintas escuelas normales, que en esta ocasión fue más numeroso, entre ellas Teteles, Panotla y Ayotzinapa, las familiares de los estudiantes reclamaron que al igual que el Ejército, el Cisen “también se está negando en proporcionar la información”.

• Los padres y madres de los 43 normalistas, y los estudiantes, se trasladaron en unos 30 autobuses desde el plantón que instalaron el jueves pasado frente a la puerta 1 del Campo Militar 1-A, en avenida del Conscripto, a las instalaciones del CNI, ubicadas en la alcaldía Magdalena Contreras, adonde arribaron alrededor del mediodía.

Poco después de las 13:30 horas, los familiares y los estudiantes se retiraron para alistarse para la reunión programada a las 5 de la tarde en Palacio Nacional./Agencias-PUNTOporPUNTO