DESDE FILOMENO MATA 8: El Legislativo debe honrar la moderación AlMomento.mx

Por Mouris Salloum George

Los diputados y senadores de México ya comenzaron la carrera alcista hacia el 2024. En el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) solicitan 18 mil 397 millones de pesos para sacar adelante su quehacer legislativo; por supuesto, también para aumentos a su “dieta” y para cubrir las abundantes prerrogativas de que goza toda la extensa burocracia del poder Legislativo.
El monto presupuestado significa un aumento de un mil 636 mdp, respecto del presente año.
Las dos Cámaras requieren de una complicada red de asistentes para su estratégica operación, que suma varios miles de colaboradores.
También cuentan con dependencias como la fundamental Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es la encargada de supervisar y pedir cuentas a los responsables del ejercicio presupuestal de cada año, así como de denunciar ante otras instancias los manejos irregulares del dinero público.
Para el próximo año, el Senado solicitó un presupuesto de 5,365 mdp, contra 4,728 del presente. Los diputados demandan 9,919 mdp para el 2024; para el presente aprobaron 8,572 mdp. El restante de lo mencionado corresponde a sus organismos dependientes.
Los ingresos mensuales de un senador para el presente año se establecieron en 119 mil 700 pesos; en 2022 fueron 105 mil 600.
La dieta de los diputados este año es de 75 mil 763 pesos netos al mes, un poco más que el año pasado.
Los 628 legisladores, así como los altos mandos administrativos de ambas Cámaras y sus dependencias, gozan de abundantes “prestaciones”, algunas en efectivo y otras en especie. Los directivos de las Cámaras se consienten con sueldos de secretarios o subsecretarios de Estado; algunos ganan incluso más que los mismos legisladores.
Son polémicas las prebendas que se adjudican a sí mismos, solo por mencionar algunas: aguinaldo de 40 días; vales para gasolina y despensa; boletos de avión; seguro de vida equivalente a 40 meses de sueldo con cargo al presupuesto, entre otras.
El marco jurídico mexicano establece que el gasto público debe ser ejercido con eficiencia y racionalidad.
Puesto que los legisladores nadan en la abundancia, quizás por eso -desde hace décadas, al menos- para muchos el llegar a ser diputado o senador se convirtió en una aspiración en la que invierten muchas negociaciones y dinero. No pocas veces “compran” los boletos premiados. Y no solo es la atractiva “dieta”, sino el fuero que obtienen y la información privilegiada que manejan (que no pocos negocian por fuera). Así que tratan de llegar al cargo, cueste lo que cueste.
Se ha criticado la facilidad que otorga la legislación y la sociedad mexicana en los requisitos para convertirse en “legislador” (no se les pide algún grado académico).
Han fracasado todas las demandas ciudadanas por condicionarles un título universitario mínimo a los aspirantes. Igualmente, han fracasado las exigencias de “austeridad” en el gasto y de moderación en las prerrogativas.
Por ahora, el proyecto de presupuesto está sujeto a discusión y aprobación.
Es justo señalar que en el aspecto de la moderación, el Legislativo no es el primero en los excesos, pero sí es el encargado de poner los límites. Por eso no debiera cesar el reclamo ciudadano de que diputados y senadores pongan el buen ejemplo.

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