Cateo contra financiera Wallstreet Capital fue montaje, juez federal anula proceso Editorial Aristegui Noticias

El cateo por presunta venta de drogas y posesión de armas largas contra la empresa financiera Black Wallstreet Capital, el cual dejó un saldo de cinco personas detenidas, se llevó a cabo con un sinfín de irregularidades que apuntan a que se ejecutó un montaje que sirvió para facilitar el robo de 3 millones de dólares y 15 millones de pesos, ambos en efectivo, dinero que iba a ser ingresado a la bóveda de la compañía.

En el operativo policiaco también se robaron relojes y teléfonos celulares valuados en 485 mil dólares, activos y metales, “todos estos registrados y acreditados ante la autoridad”, de acuerdo con la declaración que rindió el empresario Juan Carlos Minero ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

No obstante, el parte oficial sobre estos hechos solo reportó el aseguramiento de 168 mil dólares en efectivo, es decir, que el ministerio público encargado del caso, mismo que aparece en diversos videos de seguridad retirando al menos dos grandes bolsas y maletas con numerario, no reportó el aseguramiento 2 millones 832 mil dólares  y 15 millones de pesos.

Por todo lo anterior, un juez federal de Control adscrito al Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes,  determinó anoche anular el cateo y absolvió a los cinco detenidos, destacando que los únicos delitos que se cometieron en este caso fueron perpetrados por ministerios públicos y policías.

Ejecutado el pasado 14 de marzo del 2023 por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el cateo contra Wallstreet Capital no fue videograbado ni fotografiado en el momento por peritos oficiales, a pesar de que existía una orden expresa del juez de control que autorizó la diligencia.

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Además, las videograbaciones de las cámaras de seguridad del inmueble revelan que el Ministerio Público a cargo de la operación dio la orden de destruir las cámaras de vigilancia y hasta el ‘site’ o servidor que alojaba las grabaciones de seguridad.

A pesar de ello, la defensa de los cinco detenidos y vinculados a proceso tras este operativo, pudo rescatar las videograbaciones de días anteriores y de lo ocurrido el día del cateo hasta que las cámaras fueron destruidas, debido a que existían un respaldo externo de esa información.

El hallazgo de drogas tampoco se acreditó, ya que peritajes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que formó parte del montaje, ya que ambos dieron negativo a cualquier sustancia considerada como psicotrópica o estupefaciente.

“El indicio 1 NO contiene NI corresponde a alguna sustancia considerada como estupefaciente o psicotrópico”, concluye el análisis realizado por la Dirección General de Servicios Periciales de la FGR.

Por lo que corresponde a las armas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concluyó que cinco de las armas localizadas, incluyendo la escopeta y el rifle automático, están registradas y cuentan con los permisos correspondientes de portación, debido a que dos de los detenidos eran escoltas de la institución bancaria.

Solo una de las seis armas supuestamente aseguradas durante el operativo, una pistola tipo Colt calibre .45 no cuenta con registro ni permiso de portación de arma.

Ante el cúmulo de anomalías que se han ido acumulando en el caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) determinó este fin de semana separar del cargo al ministerio público identificado como Erick Armando Pérez Venegas, con el argumento de que ocultó y alteró evidencia en el cateo realizado en la calle Cuvier 104, colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

“En consecuencia, la FGJCM a través de la Unidad de Asuntos Internos aplicó este viernes, 26 de mayo de 2023, la suspensión del agente del Ministerio Público relacionado con la investigación, al separarlo de su cargo”, explicó la dependencia en un comunicado.

Sin embargo, la postura oficial de la Fiscalía considera que el ministerio público encargado del caso “fue omiso en preservar el lugar de los hechos”, sin mencionar las acusaciones por el robo de efectivo, la siembra de la droga que resultó falsa y la localización de un pistola tipo Colt que la defensa de los imputados también acusa de ser sembrada en el lugar, con el fin de desvirtuar la legalidad de las otras armas localizadas en el inmueble.

Videos, contradicciones y mentiras

Hasta la madrugada de este jueves, cinco personas se encontraban detenidas y sujetas a proceso penal tras el cateo realizado en el inmueble de la empresa financiera Black Wallstreet Capital el pasado 14 de marzo de 2023, acusados por la Fiscalía capitalina del delito de lavado de dinero, única imputación que no fue remitida a la FGR por tratarse de un ilícito que se puede perseguir a nivel estatal y federal.

Se trata del empresario y socio principal de la institución financiera Juan Carlos Minero Alonso, del inversionista peruano Juan Carlos Reynoso Fernández que ese día iba a aportar capital a la empresa, del argentino Hernán Samper Richard que fungió como contacto entre ambos empresarios y de los escoltas José Antonio Rodríguez García y José Luis Espinosa Bandala, militares en retiro que laboran para una empresa de seguridad privada.

Sin embargo, los videos que la defensa de los procesados ha aportado a la carpeta de investigación ponen en evidencia las contradicciones de los agentes y fiscales que participaron en el operativo realizado el pasado 14 de marzo en la calle Cuvier 104, colonia Anzures. 

De acuerdo con las grabaciones, en los mismos escritorios y cajones en los que supuestamente se localizaron armas y drogas durante el cateo, según las fotografías enviadas a los medios de comunicación, en realidad aparecían escritorios vacíos y cajones vacíos, entre otras anomalías.

Las irregularidades existentes en la carpeta de investigación comienzan desde la justificación del cateo: según la Fiscalía, el 12 de marzo de 2023 se recibió una denuncia anónima que alertaba sobre la venta de drogas en el domicilio de la institución financiera.

Con una inusitada rapidez, el 14 de marzo, es decir, un día después, el Ministerio Público Erick Armando Pérez Venegas ordena presuntas labores de vigilancia que dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) realizaron en el inmueble localizado en Cuvier 104, en el cual se afirma que a las 9:55 horas un motociclista llegó a recoger un presunto paquete de droga, similar a los “ladrillos” de un kilogramo de la falsa droga que los agentes reportaron durante el cateo.

El intercambio de la supuesta droga habría concluido con el pago de 500 pesos, cifra muy por debajo de los 11 mil pesos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera como valor mínimo para un kilogramo de este enervante.

Para darle credibilidad a su informe, los policías de la SSC adscritos a la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia anexaron una fotografía borrosa de un motociclista circulando sobre Cuvier y rebasando una camioneta, en el que no se observa la acción señalada.

Pero los videos de vigilancia del 13 de marzo muestran una realidad distinta: a esa misma hora, nadie circulaba por el lugar y no se advierte ningún intercambio de droga entre los escoltas que custodiaban el inmueble y un motociclista.

Las irregularidades siguen en el acta circunstanciada que la Fiscalía capitalina presentó tras concluir el cateo a la sede de  Black Wallstreet Capital: en los mismos escritorios y cajones en los que supuestamente se localizaron armas y drogas durante el cateo, según las fotografías enviadas a los medios de comunicación, en realidad aparecían escritorios y cajones vacíos.

Además, los peritos de fotografía y video que participaron en la diligencia no ingresaron al inmueble cateado, ya que los propios oficiales de la SSC se los impidieron, por lo que no pudieron dar fe de lo que realmente se encontraba en las oficinas de la compañía financiera al momento del cateo, sino de los indicios que les presentaron los policías y fiscales que habían tomado el control del inmueble.

En los videos no coinciden los tiempos ni las acciones reportadas por los policías, una de las razones por las cuales el juez de la causa anuló todo lo actuado dentro del mismo, incluyendo el aseguramiento de los 168 mil dólares que los agentes de la Fiscalía capitalina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportaron como producto de actividades ilícitas.

De hecho, el acta circunstanciada levantada por estos hechos señala que el arranque del operativo fue a las 11:53 horas, pero las cámaras de vigilancia indican que en realidad arrancó antes: a las 11:25 horas.