Después de años de escándalos jurídicos y éticos en torno al fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, la Cámara de Representantes del estado, controlada por el Partido Republicano, votó este sábado a favor de someterlo a juicio político, lo que provoca su suspensión inmediata del cargo.
La maniobra extraordinaria que rara vez es utilizada se llevó a cabo en los últimos días de la sesión legislativa del estado, dando paso a una feroz lucha política que enfrenta a Paxton, quien se ha alineado estrechamente con el expresidente Donald Trump y los conservadores de extrema derecha del estado, contra los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, quienes de repente parecen haber tenido suficiente de las acusaciones de irregularidades que han perseguido durante mucho tiempo al principal abogado de Texas.
Paxton luchó en cada paso del camino, señalando que el proceso era “corrupto” y pidiendo a sus partidarios que se manifestaran por él en el Capitolio estatal durante la votación.
Este es un vistazo de cómo funciona el proceso de juicio político en Texas, y cómo el republicano de 60 años se convirtió en el tercer funcionario en enfrentar un juicio político en los casi 200 años de historia del estado:
Según la Constitución y las leyes de Texas, el juicio político de un funcionario estatal es similar al proceso a nivel federal: La acción comienza en la Cámara de Representantes estatal.
En este caso, la Comisión de Investigación General de la Cámara de Representantes, compuesta por cinco miembros, votó de forma unánime el jueves a favor de enviar 20 cargos de acusación al pleno, integrado por 149 miembros.
Paxton enfrentaba una matemática legislativa sombría. Sólo se necesitaba una mayoría simple para llevarlo a juicio político. Eso significaba que sólo se necesitaba que una pequeña fracción de los 85 representantes republicanos votara en su contra si los 64 representantes demócratas lo hacían. La votación final fue de 121 a favor y 23 en contra.
La Cámara de Representantes puede llamar a declarar a testigos, pero la comisión investigadora ya lo hizo antes de recomendar el juicio político. Durante varias horas el miércoles, los investigadores hicieron una extraordinaria exposición pública de los años de escándalos y presuntas infracciones de Paxton.
El debate y la votación del sábado duraron unas cuatro horas.
Ahora que la Cámara de Representantes ha aprobado someter a Paxton a un juicio político, un juicio en el Senado decidirá si lo destituye permanentemente o lo absuelve. La destitución por el Senado requiere de una mayoría de dos terceras partes.
Existe una gran diferencia entre el sistema de Texas y el federal: El juicio político significa que Paxton es suspendido inmediatamente de su cargo hasta el resultado del juicio en el Senado. El gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, nombraría a un sustituto interino.
El Partido Republicano de Texas controla todas las ramas del gobierno estatal. Hasta esta semana, los legisladores y líderes republicanos habían guardado silencio ante los innumerables ejemplos de presunta conducta indebida e infracciones a la ley por parte de Paxton que han aparecido en expedientes judiciales y noticias a lo largo de los años.
En febrero, Paxton accedió a resolver una demanda por corrupción presentada por excolabores. El pago de 3,3 millones de dólares debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Dade Phelan, ha dicho que no cree que los contribuyentes deban cubrir el costo.
La cámara baja empezó a investigar a Paxton poco después de que se alcanzara el acuerdo.
“Si no fuera por la solicitud del propio Paxton de un acuerdo financiado por los contribuyentes sobre su conducta ilícita, Paxton no se enfrentaría a un juicio político”, escribió la comisión de investigación en un memorándum el viernes.
La comisión de cinco miembros que elaboró la investigación sobre Paxton está dirigida por sus compañeros republicanos, lo que contrasta con los ejemplos recientes más prominentes de juicios políticos de Estados Unidos.
Los juicios políticos federales que enfrentó el expresidente Trump en 2020 y 2021 fueron impulsados por los demócratas que tenían la mayoría en la Cámara de Representantes. En ambos casos, los cargos de destitución que aprobó la Cámara de Representantes fracasaron en el Senado, donde los republicanos tenían suficientes votos para bloquear la condena.
En Texas, los republicanos controlan ambas cámaras por amplias mayorías y los líderes del Partido Republicano del estado tienen todos los elementos con los que pueden ejercer influencia. Eso no impidió que Paxton tratara de organizar una defensa partidista.
Cuando se dio a conocer el martes la investigación de la Cámara de Representantes, Paxton insinuó que se trataba de un ataque político de Phelan. Pidió la dimisión del portavoz “liberal” y lo acusó de presentarse en estado de ebriedad a una maratónica sesión el viernes pasado.
La oficina de Phelan rechazó la acusación y señaló que Paxton estaba tratando de “salvar su reputación”.
Momentos después de la votación, la oficina de Paxton dijo que el juicio político estaba “basado en afirmaciones totalmente falsas” y mencionó los informes internos que no encontraron ningún delito. Los investigadores de la Cámara baja dijeron que la investigación del fiscal general sobre sus acciones incluye afirmaciones falsas y refutadas.
Mientras que los principales funcionarios republicanos habían guardado silencio en gran medida en el período previo a la votación, Trump y el senador federal Ted Cruz salieron a su defensa este sábado. El senador aseveró que el proceso de juicio político era una “farsa”, mientras que el expresidente advirtió en su red social Truth Social que “lucharía” contra los republicanos de la Cámara de Representantes que siguieran adelante con el proceso.
Abbott, quien elogió a Paxton mientras le tomaba juramento para un tercer mandato en enero pasado, no se ha pronunciado sobre el proceso de destitución.
Paxton, que fungió como representante durante cinco periodos y uno más como senador para después convertirse en fiscal general del estado, aún tiene aliados en Austin.
Un de ellos es su esposa, Angela, senadora que lleva dos periodos en el cargo y que se podría ver en una incómoda posición de votar sobre el futuro político de su marido. No está claro si ella participaría o debería participar en el juicio del Senado, donde los 31 miembros hacen que los márgenes sean estrechos.
En un giro inesperado, el juicio político de Paxton tiene que ver con una relación extramarital que reconoció a miembros de su personal años antes. Los cargos de destitución incluyen el soborno de uno de los donantes de Paxton, el promotor inmobiliario de Austin Nate Paul, quien supuestamente contrató a la mujer con la que tuvo el amorío a cambio de ayuda legal.
El proceso de juicio político se remonta a 2015, cuando Paxton fue imputado por cargos de fraude de valores por los que aún no ha ido a juicio. Los legisladores acusaron a Paxton de hacer declaraciones falsas a reguladores estatales de valores.
Pero la mayoría de los cargos se derivan de las relaciones de Paxton con Paul y a una notable revuelta de los principales agentes del fiscal general en 2020.
Ese otoño, ocho principales colaboradores de Paxton reportaron a su jefe ante el FBI, acusándolo de sobornos y abuso de autoridad para ayudar a Paul. Posteriormente, cuatro de ellos presentaron una demanda de denunciante. El reporte obligó a que se iniciara una investigación penal federal, la cual asumió la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal en febrero.
Los cargos de juicio político abarcaron una amplia variedad de acusaciones relacionadas a los tratos de Paxton con Paul. Las acusaciones incluyen intentos por interferir en demandas de ejecución hipotecaria y uso indebido de opiniones legales para beneficiar a Paul, así como el despido, acoso e interferencia con el personal que reportó lo que sucedía. Los cargos de soborno se derivan de esa relación, así como de que Paul supuestamente cubrió las costosas renovaciones en la residencia de Paxton en Austin.
El altercado dejó una huella en la fiscalía del estado, que durante mucho tiempo ha sido uno de los principales opositores legales a los gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
Desde que el personal de Paxton recurrió al FBI, su agencia ha quedado sumida en el caos tras bambalinas, con la renuncia de experimentados abogados debido a prácticas que aseguran son con el objetivo de sesgar su trabajo jurídico, recompensar a los aliados y desterrar a la disidencia.
Paxton ya parecía enfilarse a los libros de historia por su solicitud sin precedentes de que la Corte Federal revirtiera el triunfo de Biden sobre Trump en los comicios presidenciales de 2020. Ahora está escribiendo una historia completamente distinta.
La cámara baja de Texas sólo había llevado a juicio político a dos funcionarios en su historia.
El gobernador James “Pa” Ferguson fue destituido del cargo en 1917 por aplicación indebida de fondos públicos, desfalcos y malversación de un fondo especial. El juez estatal O.P. Carrillo se vio obligado a dejar su cargo en 1975 por usar fondos y dinero público para uso personal y presentar declaraciones financieras falsas.
El mandatario estatal, enfatizó que, en Sinaloa se hace valer la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional
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