JEP decretó medidas cautelares por un año sobre el cementerio Colombia de Cimitarra (Santander) Infobae
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó el viernes 31 de marzo que decretó medidas cautelares, por un año, sobre el cementerio Colombia de Cimitarra (Santander), en el municipio del mismo nombre, con el fin de proteger sitios de interés forense en los cuales podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado en Colombia.
Una de las decisiones de la justicia transicional, adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento, fue que se le ordenó a la Alcaldía de esa población y a la parroquia del municipio abstenerse de exhumar cuerpos de personas no identificadas, ya que podrían ser víctimas del conflicto armado.
Asimismo, se le ordenó a la alcaldía adoptar las medidas pertinentes para proteger los restos óseos que se encuentren en el cementerio y también presentar, junto con la iglesia, un plan de mantenimiento del lugar.
Para las labores de reconocimiento que se realicen en ese lugar, solicitaron el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), para que le brinden asistencia técnica en el término de un mes. La misma solicitud la elevaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
“También se le solicita a la @FiscaliaCol y al Instituto de @MedLegalColombi que entreguen un informe de los cuerpos que ya han sido identificados y entregados, y su actual ubicación en el cementerio (sic)”, indicaron a través de su cuenta de Twitter.
Además, solicitaron información de los restos de personas que no evidenciaran lesiones asociadas al conflicto armado, así como de su ubicación, para facilitar la identificación de las víctimas.
“Por último, la JEP solicitó información a la Aeronáutica Civil para determinar si se dictan medidas cautelares adicionales sobre el cementerio rural Santa Rosa y el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, también ubicados en Cimitarra”, concluyeron.
Para la JEP estas medidas buscan proteger los derechos a la verdad y la memoria de las víctimas del conflicto armado que pudieran encontrarse en ese campo en el nororiente del país.
Según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en Santander se han registrado 4.234 denuncias de personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. Los hechos más graves de desaparición se vivieron en Barrancabermeja, Bucaramanga, Girón, Landázuri, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Charalá, Rionegro y El Playón.
En el caso de Cimitarra, de acuerdo con el documento de las medidas cautelares de la JEP, se presume que habría restos de personas asesinadas que bajaban por las aguas del río Carare y de la quebrada la Corcovada, que la población enterraba de forma improvisada ante el asedio de los grupos armados que delinquían en esa época.
Mientras que en el caso del aeropuerto, la jurisdicción de Paz señaló: “Entre los años 70 y finales de los 80 operó como base militar de los batallones del Socorro, Galán y Rafael Reyes Prieta y los pobladores habrían sufrido diversos vejámenes”.
JEP solicitó oficina en Colombia de la Corte Penal Internacional
Esta semana, ras una reunión en La Haya (Países Bajos), el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, le solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) abrir una oficina en Colombia para que el país se le brinde apoyo técnico.
Vidal señaló que llegó “con una propuesta muy concreta que está tratando de materializar y que fue muy bien recibida, para abrir un programa conjunto entre la CPI y la jurisdicción de Colombia de complementariedad positiva”.
La idea es que la Corte Penal Internacional ayude a la JEP en “problemas del derecho penal internacional en su conjunto”, agregó el jurista.
Desde la CPI señaló que Colombia puede servir de ejemplo en el que el Estado cumple sus obligaciones con el tribunal internacional bajo el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de ese organismo.
