Soberanía y derechos humanos El Financiero
La idea de que las personas tienen derechos básicos que deben respetarse en todo tiempo y lugar quedó consagrada en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (1945) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Posteriormente (1966) se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obliga a las partes a presentar un informe periódico universal, supervisado por expertos independientes del Comité de Derechos Humanos.
En 1993 se codificó una serie de normas en la conferencia de Viena y se nombró a un alto comisionado para recibir denuncias. En 2006 se creó el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas.
Se ha organizado además una Corte Penal Internacional y cortes de derechos humanos regionales. La latinoamericana cuenta con 21 países, la europea con 47 y la africana con 49.
Aunque en teoría los países miembros se obligan a respetar escrupulosamente esos derechos, lo cierto es que los gobiernos se extralimitan frecuentemente y es muy difícil meterlos al orden porque invariablemente reclaman respeto a su soberanía.
Se enfrenta el derecho de los individuos con el derecho colectivo a la autodeterminación; la soberanía de las personas con la de los Estados.
Y si las acciones multilaterales son controvertidas porque falta transparencia y consistencia en los criterios aplicados y porque fácilmente se politizan, mucho más cuestionadas son las políticas unilaterales.
Los informes anuales del Departamento de Estado sobre derechos humanos en otros países siempre se ven como una pretensión imperial, un intervencionismo impropio. Rara vez cumplen con su función de imponer costos reputacionales. Los gobiernos recalcitrantes pocas veces se avergüenzan.
Tampoco han probado ser útiles los condicionamientos (de ayuda, créditos o inversiones) o las sanciones. Mucho menos las intervenciones directas que han empeorado los conflictos internos de otras naciones.
Un caso emblemático
Cuando en 1976 se produjo en Argentina un golpe militar (el sexto desde 1930) el gobierno de Gerald Ford lo vio con alivio. Supuso que serviría para recuperar la estabilidad política y económica del país. En los tres años anteriores Argentina había tenido tres gobiernos (Héctor J. Campora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez) y estaba sumida en una guerra civil. La guerrilla urbana de los Montoneros y el ERP ejecutaba actos terroristas cada vez más audaces y la Alianza Argentina Anticomunista, auspiciada por el gobierno, la combatía con salvajismo.
El embajador de Estados Unidos, Robert C. Hill (que antes estuvo en México), consideró “civilizado” el golpe militar porque no hubo sangre. Su optimismo se esfumó rápidamente. Con el apoyo tácito del Departamento de Estado, la junta militar presidida por Jorge Rafael Videla intensificó la represión. Henry Kissinger se entrevistó con César Guzzeti, ministro de Relaciones Exteriores, y le dijo: “Lo que tengan que hacer, háganlo rápidamente”. Las detenciones ilegales, la tortura y las desapariciones se multiplicaron.
No fue muy diferente el apoyo estadounidense a los gobiernos militares de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Paraguay. La doctrina de seguridad nacional fue el paradigma de las relaciones con América Latina durante la Guerra Fría.
Por eso fue sorprendente que, en enero de 1977, al tomar posesión, Jimmy Carter condenara los abusos de la junta y le cortara a la mitad la ayuda militar. Carter pensaba que era una gran incongruencia que su país permitiera violaciones de derechos humanos tan evidentes.
Carter nombró secretaria asistente de Derechos Humanos a la activista Patricia Derian. Amenazada con no permitir la venta de turbinas para una gran planta hidroeléctrica, la junta militar tuvo que aceptar que ella escuchara directamente las denuncias de las organizaciones sociales y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborara un reporte detallado, que reveló la magnitud de los abusos.
Sin embargo, Videla siguió reprimiendo a los disidentes (acaso con más discreción) y emprendió una campaña de relaciones públicas, que incluyó la obtención de la Copa Mundial de Futbol.
Siguieron tres juntas militares más y no fue hasta que perdieron la guerra de las Malvinas que, desprestigiados, dieron paso a la recuperación de la democracia y al enjuiciamiento de los culpables.
Dos décadas después, Bill Clinton retomó la política exterior con énfasis en los derechos humanos. Los resultados fueron muy malos porque las presiones resultaron contraproducentes y quedó claro que, en realidad, se perseguían objetivos geopolíticos. Bosnia, Ruanda y Somalia quedaron peor después de las intervenciones “humanitarias”.
