Gobierno de Nicaragua quita nacionalidad a activista; pide asilo en México Milenio

El gobierno del presidente Daniel Ortega quitó la nacionalidad a un grupo de nicaragüenses, entre ellosUriel Pineda, consultor independiente sobre derechos humanos que desde 2014 vive en México.
Ante ese escenario, hace unas semanas solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) asilo tras perder su nacionalidad de nicaragüense y en la actualidad continua en ese proceso para obtenerla de manera formal.
“Me reuní con funcionarios de cancillería y se han mostrado abiertos, no sólo a dar cumplimiento a la instrucción presidencial y del propio canciller en mi caso sino en el caso de demás personas que por una u otras circunstancias (inaudible) nos encontramos en México del grupo que fuimos privados de nuestra nacionalidad”.
En entrevista con MILENIO, Pineda sostuvo que, para el 22 de marzo, aún no ha tenido una respuesta oficial a la solicitud de asilo: “es decir, no se ha dicho que no se me va a conceder, pero tampoco se me ha otorgado”.
“Entiendo que el interés principal de las autoridades mexicanas es dar atención de forma integral, es decir, valorar las diferentes situaciones jurídicas que tenemos cada una de las personas que estamos en México en estas condiciones y en función de esa situación jurídica, brindar el apoyo correspondiente”, apuntó.
En el caso de Pineda, él tiene el status de residente permanente en México, pues desde 2014 vive en este país: “lo que me informan las autoridades mexicanas es que no se ha invalidado ningún documento de residencia, pese a que éstos se encuentran vinculados a la nacionalidad de origen”.
“La falta de regulación este sentido obra en favor de nosotros, es decir, bajo ninguna circunstancias puede entenderse que ese vacío puede interpretarse en nuestro perjuicio y aquí está por el contrario la intención y el interés de las autoridades mexicanas ha sido brindar el mayor apoyo posible”, explicó el también activista.
En México, Pineda puede transitar por el territorio mexicano, incluso salir del país, como lo hizo hace algunos días al viajar a Los Ángeles, California, para acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer su situación en una audiencia.
“Pude regresar y las autoridades de Migración consideraron válido el documento de residencia permanente en México.
En el caso de las autoridades de migración de Estados Unidos, obviamente lo que toman en consideración, en virtud de que iba a esta audiencia, pues mi visa Norteamericana y en ese sentido pues lo tuve problemas aquí para salir de México o entrar a Estados Unidos y viceversa”.
La crisisUriel Pineda explicó que desde 2018, Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica muy profunda y es la reacción del gobierno a ese escenario ha sido la represión reflejada en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Entonces desde el 2018, lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua es contener mediante la represión cualquier descontento social, eso ocasionó a su vez, y ante la demanda de elecciones libres y transparentes en el 2021, se encarcelaron no sólo a siete candidatos o aspirantes a la presidencia si lo que también un grupo de personas de las cuales todavía hay personas que permanecen presas al día de hoy, hay un grupo de aproximadamente 35 y 50 personas consideradas presas políticos”.
Entre ese grupo de presos políticos está Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, la cuidad natal del activista por los derechos humanos.
Hace algunas semanas, el gobierno nicaragüense liberó a 222 personas, conformaban un grupo de elite en función del activismo social y por la democracia, explicó Pineda: “Al ser sacados de sus celdas, subidos a un avión y puestos en Estados Unidos, su principal temor del régimen de Nicaragua es que este grupo se organice y empiece a demandar la apertura democrática y sanción al régimen por las graves violaciones a derechos humanos”.
“La estrategia no es tanto el castigo sino buscar la inamovilidad de este grupo”, detalló.
Pineda expuso que, aunque él no vivía en Nicaragua desde hace nueve años, incidía en el país a través de sus columnas en los diarios nicaragüenses La Prensa y Semanario Confidencial, en el cual buscaba generar opinión pública y cuestionar al gobierno.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega "sigue deteniendo a presos políticos y manteniéndolos en condiciones penitenciarias espantosas", afirmó el secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, durante una conferencia de prensa el 20 de marzo.
De acuerdo con un informe de Estados Unidos, se acusa al gobierno nicaragüense de "no tomar medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones" tras las protestas de 2018.
Ortega "reforzó la impunidad" de aquellos que violan los derechos humanos si le han sido "leales", añadió.
¿Es legal quitar la nacionalidad?De acuerdo con Pineda, la legislación nicaragüense no permite que una persona nacida en ese país se le pueda retirar su nacionalidad.
“Según el marco legal nicaragüense, no es posible.
El artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua establece la nacionalidad como un bien jurídico (inaudible), ¿Qué significa esto? Significa que ni la autoridad ni la ley tiene que autorizado el despojo y por otra parte a los otros como como benefactores o beneficiarios de la nacionalidad no nos es permitido renunciar a ella, es decir, aquellas renuncias de nacionalidad que se hacen en función de obtener otras nacionalidad para Nicaragua es válido y eso hace que exista la doble nacionalidad”, apuntó.
Lo que hizo el régimen para simular una legalidad fue que el 9 de febrero fueron enviados en un avión a Washington los presos políticos y un día después se aprobaron dos cosas en la Asamblea Nacional: la primera de ellas tiene que ver con una reforma constitucional al artículo 21 que reglamenta la adquisición, perdida y recuperación de la nacionalidad.
“La Constitución Política de Nicaragua se considera rígida y para que una reforma sea vigente se necesita la aprobación de la reforma en dos períodos legislativo, es decir, no solo basta que se haya aprobado en 10 de febrero sino que para que eso sea materialmente posible el 9 de enero inicia el segundo período legislativo y ahí tendría que ser aprobada esa reforma para que fuera vigente”.
Pineda consideró que mientras siga el régimen actual no cree que existan condiciones para la reparación del daño, es decir, recuperar su nacionalidad.
Al enterarse de que le quitaron su nacionalidad, Pineda confesó sentirse al principio desconcertado, pues esperaba otras medidas arbitrarias en su contra, pero no un escenario como el que ahora enfrenta.
“(Para) mí fue desconcertante, es decir, como jurídicamente no era posible, pues yo lo que esperaba, por ejemplo que no me renovaran mi pasaporte a su vencimiento de forma arbitraria, pero no me esperaba nunca que me fuera privada mi nacionalidad”.
“Luego empiezan a redimensionar otras cosas, por ejemplo, yo cocino, ya la comida de mi país no me sale igual, ya nostalgia y el hecho de saber y tener conciencia de que no puedo regresar, ya no por una decisión de resguardar mi seguridad, sino porque materialmente no puedo regresar, entonces te genera una sensación de desarraigo.
¿Dónde pertenezco? ¿De dónde estoy?“Indudablemente que te impacta emocionalmente porque yo tengo familia y Nicaragua es donde crecí, en donde (están) los recuerdos de mi infancia y mi juventud, incluso mis inicios.
"Como profesional del derecho de manera tal de que te genera una sensación de desarraigo y que no compensa la convicción de que es una decisión injusta, que más temprano que tarde puede ser revertida ante la evidente caída del régimen desposa y violador de derechos humanos”.
Con información de AFPJLMR