Profepa debe informar cuántos árboles se talaron ilegalmente en el Ajusco: INAI Milenio

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe dar a conocer cuántos árboles fueron derribados por tala ilegal de 2018 a 2022en el bosque del Ajusco y la zona de San Miguel Topilejo, en la Ciudad de México, la superficie afectada y el número de personas que fueron detenidas por ese delito.
Así lo ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al resolver un recurso de revisión con en el que también le instruyó a dicha procuraduría que informe la cantidad de materiales sustraídos de esa región boscosa de la capital y si entre los detenidos hay policías.
En su respuesta inicial, la Profepa se declaró incompetente para informar sobre lo solicitado y orientó al ciudadano solicitante a presentar la petición ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Fiscalía General de la República.
Ante esa respuesta, la persona solicitante presentó ante el INAI un recurso de revisión.
En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, se determinó que, contrario a lo señalado en la respuesta, dicha dependencia sí puede conocer de los contenidos solicitados, porque conforme a las atribuciones analizadas en el Reglamento Interior de la Semarnat, la Profepa, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, y la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas, se encarga de aplicar la vigilancia forestal y, en su caso, presentar las denuncias por hechos probablemente constitutivos de delitos contra el medioambiente.
En la exposición del caso ante el pleno del organismo, la comisionada Ibarra recordó la Profepa ha informado sobre la realización de diversos operativos contra la tala ilegal, sobre todo uno en San Miguel Ajusco, Tlalpan, donde se aseguraron 5 mil 595 metros cúbicos de madera, se impuso la clausura total temporal del centro de almacenamiento y transformación, y se evaluaba la posible imposición de multas que pueden ir desde los 9 mil 622 pesos hasta más de un millón de pesos.
Añadió que el propio sujeto obligado indicó que había actuado como coadyuvante con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e informó que los materiales naturales que han sido sustraídos de manera ilegal son madera de rollo, motoaserrada, leña tierra de monte, tierra de hoja y vara de perilla.
Ante esos argumentos, por unanimidad, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Profepa y le ordenó asumir competencia y hacer una nueva búsqueda respecto de la cantidad de árboles talados de manera ilegal en el bosque del Ajusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, así como la superficie afectada y las personas que han sido detenidas.
“La problemática que aborda este proyecto adquiere la mayor centralidad, más aún si consideramos que desde el año 2018, México se adhirió al Acuerdo de Escazú, un instrumento vinculante que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información medioambiental”, afirmó la comisionada Ibarra al exponer el caso.
“La existencia de este acuerdo internacional de esta naturaleza es pertinente, porque, como ustedes saben, la deforestación tiene graves consecuencias socioeconómicas, amenaza también la cultura y la supervivencia de poblaciones que dependen de los bosques y, al mismo tiempo, incentiva conflictos sociales por la competencia de los recursos naturales.
Esto no lo digo yo, lo advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”, expresó Ibarra.
La comisionada recordó que, de acuerdo con el último estudio realizado por la Profepa, hay 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, como consecuencia de distintos ilícitos, como la tala clandestina, el lavado de madera, los incendios forestales provocados y la delincuencia organizada.
LP