Profepa deberá informar sobre la tala ilegal en bosques de la CDMX por instrucción del INAI Infobae

Ante los múltiples casos de tala ilegal que se han presentado en la Ciudad de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá transparentar la información referente a la deforestación que han sufrido los bosques de la capital.

Así lo instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) este 21 de marzo. Lo anterior se debe a que un sujeto particular solicitó a la Profepa dar a conocer la cantidad de árboles que fueron talados de manera ilegal en el bosque del Ajusco entre 2018 y 2022.

Sin embargo, la Profepa se declaró incompetente para brindar la información requerida y, en respuesta, recomendó al solicitante presentar una solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta negativa, la persona que solicitó los datos presentó un recurso de revisón ante el INAI. La Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, fue la encargada de exponer el caso ante el Pleno. Tras un análisis, determinó que la Profepa sí puede conocer la información solicitada, por lo que le ordenó realizar una nueva búsqueda al respecto.

Entre los datos requeridos se encontraba la cantidad de árboles talados ilegalmente en el bosque del Ajusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo, ubicada en la alcaldía Tlalpan. También se solicitaba información sobre la superficie afectada, los materiales sustraídos, las personas detenidas por este ilícito y si hay policías involucrados en dicha práctica.

En ese sentido, la comisionada Blanca Ibarra indicó que la deforestación no solo afecta al medio ambiente, sino que también genera graves consecuencias socioeconómicas, además de amenazar la superviviencia de las comunidades que dependen de los bosques, como advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Agregó que según estudios de la Profepa, hay 122 zonas críticas forestales en 20 de los 32 estados de la República Mexicana, debido a la tala clandestina, el lavado de madera, los incendios forestales provocados por el ser humano y la delincuencia organizada que esta detrás de estos ilícitos.

“La problemática que aborda este proyecto adquiere la mayor centralidad, más aún si consideramos que desde el año 2018 México se adhirió al Acuerdo de Escazú, un instrumento vinculante que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información medioambiental”, comentó Ibarra Cadena.

El Acuerdo de Escazú es el primero en materia ambiental de América Latina y el Caribe. El 27 de septiembre de 2018, 24 países de la región lo suscribieron. Su objetivo es favorecer el acceso a la información, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientalistas.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, hay tres tipos de tala: la hormiga (realizada por pequeños grupos para el autoconsumo); la organizada (en la que participan personas equipadas con motosierras, camiones, radios y otras herramientas), y las redes de explotación forestal (que incluyen toda la cadena del procesamiento del recurso natural).

Entre las principales consecuencias de estas prácticas -además el cambio climático- destaca el desplazamiento de poblaciones orginarias, la pérdida de los suelos, la fauna y la flora del área afectada, así como la desertificación y escasez de agua.

Las especies forestales de mayor tráfico son el ciricote, chicozapote, caoba, cedro rojo, katalox, machice, huanacaxlte, pino y granadillo. En caso de detectar tala ilegal, se puede denunciar ante las autoridades ambientales, como la Profepa; o bien, dar aviso a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

En la CDMX, la persona que tale un árbol sin permiso podría ser acreedora a una multa que puede alcanzar los 192 mil pesos, además de que deberá permanecer de 3 meses a 5 años de prisión, según el Código Penal local.