Cómo el actual Fiscal General de Nayib Bukele protegió a un capo narco salvadoreño
José Adán Salazar Umaña, “Chepe Diablo” como le conocen la policía y sus amigos más antiguos, es un hombre libre. Libre como lo era a principios de siglo, cuando levantó en Metapán, al noroeste de El Salvador, uno de los enclaves de narcotráfico y lavado de dinero más importantes y duraderos del país centroamericano. Chepe Diablo está libre porque la fiscalía salvadoreña nunca investigó los indicios de blanqueo de fondos que habían descubierto agentes estadounidenses antidrogas e investigadores del ministerio de hacienda local.
Uno de los que omitió investigar a Salazar Umaña es Rodolfo Delgado, el actual fiscal general de El Salvador, quien desde que fue nombrado en el puesto de forma ilegal en mayo de 2021 por diputados del presidente Nayib Bukele ha privilegiado casos e investigaciones en las que aparecen nombrados adversarios políticos del oficialismo y ha hecho desaparecer las que implican al mandatario y sus colaboradores.
La policía y el ministerio público salvadoreño habían empezado a investigar a Salazar Umaña a finales del siglo pasado. En 1998, como parte de una de las investigaciones de narcotráfico más importantes que ha hecho la justicia salvadoreña, la inteligencia policial empezó a perfilar Chepe Diablo. Descubrieron que había sido cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala y que él y sus asociados movían contrabando de ganado y armas hacia Honduras. La base de operaciones de Salazar era Metapán, una ciudad enclavada en las montañas del noroeste salvadoreño, conocida por su ganadería y por albergar una de las cementeras más importantes del país.
Durante los años siguientes, los investigadores fueron agregando folios al expediente. Con el tiempo, Salazar Umaña y sus asociados empezaron a comprar tierras cerca de Metapán y luego en todo el país e invirtieron en el negocio de la molienda industrial de harinas. Él, Chepe Diablo, se convirtió también en un hombre de fútbol: compró el Isidro Metapán, club de primera división, y lo hizo multicampeón de la liga salvadoreña, e incluso llegó a ser presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En el gremio de gasolineros, rubro en el que también invirtió dinero, es recordado como un hombre jovial, simpático.
Para mediados de la década 2000, Salazar Umaña ya estaba financiando campañas políticas en la zona de influencia de Metapán. Y después de 2004 ya se codeaba con Herbert Saca, primo del entonces presidente Antonio Saca y entonces uno de los operadores políticos más importantes del país. Luego, Chepe Diablo hizo negocios con Óscar Ortiz, alcalde de Santa Tecla, un suburbio de San Salvador, y quien a la postre se convertiría en vicepresidente del país por el partido de izquierda FMLN.
Las actividades de Salazar Umaña empezaron a llamar la atención de agentes antidrogas estadounidenses desplegados en Centroamérica justo a finales de los 2000. Para entonces, la Agencia de Control Antidrogas de Estados Unidos (DEA) había mapeado dos grandes rutas de tráfico de cocaína en El Salvador, la oriental, que a través del Golfo de Fonseca en la costa del Pacífico unía los flujos marítimos y terrestres procedentes de Nicaragua, Honduras y Costa Rica con la Carretera Panamericana en territorio salvadoreño; y la occidental, en la que confluyen la ruta oriental y las que alimentan el tráfico desde el sur de Honduras y desde Guatemala. La organización de Chepe Diablo, que para entonces ya era conocida como el Cartel de Texis, controlaba la ruta occidental.
Para 2014, la Unidad de Investigación Penal Tributaria del Ministerio de Hacienda había detectado que las empresas de Salazar Umaña estaban evadiendo impuestos y que el capo y sus socios movían grandes cantidades de dinero a través de la banca nacional, especialmente por el Banco Promérica, uno de cuyos empleados fue a la postre sancionado por omitir protocolos de seguridad en más de 80 cuentas relacionadas a las empresas del capo. El 30 de mayo de ese año, basado en parte en las investigaciones del Ejecutivo salvadoreño, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Salazar Umaña en la lista relevante de capos del narcotráfico en el mundo.
La fiscalía salvadoreña empezó una investigación formal por evasión de impuestos que llevó al arresto de Salazar Umaña en mayo de 2017. Pero el capo solo estuvo en la cárcel ocho meses: la justicia salvadoreña lo liberó luego de que pagó la deuda que tenía con Hacienda y una fianza, unos USD 300,000.
El ministerio público salvadoreño trató, luego, de convertir el caso contra Chepe Diablo en uno por lavado de dinero, pero era muy tarde: tres jefes fiscales de la época, entre ellos el actual fiscal general de El Salvador, se habían encargado de que los indicios de blanqueo advertidos por Hacienda no se convirtieran en pruebas sólidas contra Salazar Umaña al retrasar las investigaciones y congelar las pesquisas con argucias que iban desde no pedir a tiempo los documentos a los investigadores tributarios hasta alegar que no había, en las instalaciones de la fiscalía, salas de reunión con espacio suficiente para albergar los legajos de documentos, según comunicaciones oficiales en poder de Infobae.
La omisión inicial de la fiscalía salvadoreña
Rodolfo Delgado Montes, el actual titular de la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), fue jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado del ministerio público (UDECO) entre 2004 y 2014. Cuando, entre 2010 y 2014, Hacienda investigó las cuentas de Salazar Umaña, los agentes hacendarios compartían la información de sus pesquisas con dos unidades de la FGR, la UDECO de Delgado y la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que entonces dirigía un fiscal llamado Tovías Menjívar.
“Hacienda lo compartió todo. El detalle es que ellos (los fiscales) nunca investigaron por lavado y tenían toda la información que necesitaban, pero como no lo hicieron después no tenían para presentar el caso por lavado”, dijo a Infobae hace unos días uno de los investigadores salvadoreños que conoció el expediente de Salazar Umaña y quien habló desde el anonimato por razones de seguridad.
En 2014, Haciende hizo llegar a la UDECO que dirigía Delgado el memo con referencia 10014-NEX-0603-2014, en el que constan dos pagos que Salazar Umaña hizo al fisco salvadoreño entre junio y agosto de ese año por un total de USD 1.05 millones en concepto de impuestos adeudados. El memo llegó con la advertencia de que los pagos habían sido en efectivo a pesar de que las empresas de Chepe Diablo tenían abiertas líneas de crédito en la banca salvadoreña hasta por USD 200 millones.
La investigación de Hacienda había empezado a dejar claras anomalías desde 2010. Los auditores hacendarios rastrearon un patrón constante de crecimiento económico no justificado del patrimonio de Chepe Diablo desde aquel año: de USD 753,289 en 2010 y de USD 981,000 en 2011. Hacienda también reportó ejercicios financieros irregulares como pagos de deudas inexistentes a varios acreedores.
Los auditores de Hacienda, durante la investigación, cuestionaron a los contadores de Salazar Umaña por un préstamo de USD 350,000 que el empresario se supone había hecho en 2008 a la transnacional Chevron Caribbean Inc. Según los documentos que entregó al gobierno, el dinero serviría para financiar la construcción de hoteles, otro rubro en el que Salazar Umaña invirtió. Pero Chepe Diablo no registró el supuesto préstamo ante el gobierno sino hasta 2011, tres años después, y no presentó documentos que lo avalaran. Por ello, los peritos de Hacienda dijeron que el dinero “se presume” inexistente, y advirtieron que era una de las formas en que Salazar estaba blanqueando dólares.
“Todo estaba ahí… No había forma legal de explicar esos crecimientos”, explicó a Infobae una de las peritas que participaron en la investigación.
Para 2014, la UDECO de Delgado y la UIF de Menjívar tenían todas las pruebas remitidas por Hacienda, pero no hicieron más que acusar a Salazar Umaña por evasión de impuestos y, con ello, le dieron la oportunidad de salir de la cárcel al pagar su deuda y, más aún, lo blindaron de una nueva persecución por lavado, como efectivamente sucedió.
Cuando en 2017 la FGR intentó procesar a Chepe Diablo por lavado de dinero, no añadió prueba nueva, porque tres años antes ni la UDECO y ni la UIF habían fortalecido las investigaciones hechas por Hacienda, y se limitaron a presentar la misma evidencia que tenían en el caso por evasión de impuestos. Casi de inmediato, la defensa de Salazar Umaña alegó que había doble persecución: los fiscales estaban acusando a su cliente de lo mismo con las mismas pruebas. Un tribunal de apelación dio la razón a los defensores.
El 21 de mayo de 2021, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador resolvió, tras apelación de los abogados de José Adán Salazar Umaña, que no había motivo para continuar el caso y lo exoneró de forma definitiva. Veinte días antes, el 1 de mayo, el congreso salvadoreño, dominado por diputados leales al presidente Nayib Bukele, había nombrado al frente de la FGR a Rodolfo Delgado, el jefe fiscal que años antes había omitido investigar para encontrar las pruebas que hubiesen permitido fortalecer un caso de lavado de dinero contra el líder del Cartel de Texis.
A la sombra de José Adán Salazar Umaña se suman a otras que acechan al fiscal general Delgado, como su negativa a investigar indicios de corrupción de funcionarios de Bukele durante la gestión de la pandemia de Covid-19. O la posible participación del presidente en un esquema de lavado internacional de dinero a través de Alba Petróleos, la filial salvadoreña de la estatal venezolana PDVSA, de la que Bukele recibió préstamos por USD 1.9 millones. O la participación del gabinete de seguridad de Bukele en un pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18 que, al romperse, provocó una masacre en la que murieron al menos 87 salvadoreños. El mismo Delgado es señalado por violencia intrafamiliar, de haber recibido él mismo salarios de Alba Petróleos y de haber defendido a un lavador de dinero de la MS13.
Y a Salazar Umaña, quien es ya un hombre libre, le sobran los amigos en el gobierno de Bukele. Además de Delgado, Chepe Diablo ha hecho buenas migas con Herbert Saca, el operador político con el que financió campañas electorales y quien es cercano a Gustavo Villatoro, el ministro de seguridad. Uno de sus defensores, el abogado Miguel Flores Durel, es hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también leal a Bukele. Y Héctor Mendoza Cordero, un comisionado de la Policía Nacional señalado por ser cómplice del Cartel de Texis que lideró Chepe Diablo, es agregado policial en el consulado salvadoreño en Los Ángeles.
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