Cárceles al tope

Bomba de tiempo

La sobrepoblación ha puesto en jaque al sistema penitenciario en Guanajuato. El foco rojo está encendido desde hace tiempo y no se conoce alguna solución.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 que recién publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos refleja los apuros que pasa Guanajuato con una población de 7,244 internos en los diferentes penales.

El 26 de noviembre del 2021, en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la base militar en Irapuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez pidió ayuda al Gobierno federal para resolver este serio problema.

En conferencia de prensa,  AMLO pidió a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, que los reclusos de los Ceresos estatales fueran trasladados al Cefereso de Ocampo que sí tenía espacio.

También planteó que, de no ser suficiente, el Gobierno Federal apoyaría al Gobierno de Guanajuato para la gestión de un crédito de Banobras para un nuevo penal.

“Pero vamos a ayudar, lo que decida el Gobernador”, dijo entonces el Presidente.

En la reunión previa privada Diego puso tres opciones sobre la mesa: Promover una Asociación Público Privada (APP) para la construcción de un nuevo penal; ampliar un Cereso ya existente; y utilizar la disponibilidad del Cefereso de Ocampo.

Se dijo que habría una reunión Diego y Rosa Icela para afinar acuerdos. Lo cierto es que de las soluciones que urgen a corto, mediano y largo plazo, no se dijo más.

En febrero se informó que 300 se enviaron a cárceles de otros estados. Es todo.

Diego Sinhue anunció en septiembre del 2019 en Celaya, el proyecto de un nuevo Cereso en esa región. Fue más un deseo que un hecho. Nunca hubo presupuesto.

Dejan Ceresos de ser los mejores

La calificación estatal de Guanajuato fue de 6.84, para ubicarse en el lugar 10. Esto es, hay 22 peor evaluados, pero ya no es uno de los mejores, como se presumía.

En 2018, por ejemplo, se tenía el primer lugar nacional con una calificación de 8.21. 

En 2019 mantuvo un 8.01 para estar a la cabeza junto con Coahuila que tuvo 8.03. En el 2020 Guanajuato sostuvo un 8.04, otra vez en escala verde junto con Querétaro (8.5), Tlaxcala (8.1), Nuevo León (8.06), CDMX (8.06) y Coahuila (8.0).

La evaluación del 2021 es la primera que desploma la calificación de la entidad. La principal razón es la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles de hombres.

Las siete cárceles estatales para hombres tienen una capacidad para 3,404 internos y lo que registraron en este reporte fueron 4,702, son 1,298 más, o sea un 38%.

El caso más crítico es el de Celaya con capacidad de 406 y población de 723.

En mayor o menor grado también están rebasados los de: San Felipe, Acámbaro, Guanajuato, León, Irapuato y San Miguel de Allende, para acabar pronto, todos.

Incluso el Femenil de Valle de Santiago de 182 espacios ya reportó tener 170.

La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, admite que la situación es complicada y hoy, hoy, no se ve una salida. 

El Gobierno del estado no tiene por ahora etiquetado un presupuesto para nuevos o la ampliación de espacios en los penales existentes. 

Hay dos mil millones de deuda todavía por ejercer, quizá aparezca el tema ahí.

“Guanajuato está en una coyuntura complicada porque si sigues trabajando y deteniendo criminales sigues ‘provocando’ la sobrepoblación en penales. Es costo-beneficio, tener un criminal con un grado de sobrepoblación es preferible a seguir teniendo delincuentes en la calle. 

“La gente lo que más demanda no es un número de camas adecuado para personas legalmente privadas de la libertad, lo que demanda es sacar delincuentes de la calle”, opinó Huett López a AM sobre el panorama.

Eso sí, defiende, todavía se mantiene un control del Gobierno hacia el interior. Guanajuato ha mantenido la paz en los penales, pero eso cada vez es más complicado por la gran cantidad de internos de grupos criminales antagónicos.

Las mujeres en el IEEG

Esta semana, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato admitió un recurso de revocación del ciudadano Carlos Enrique Mendoza Santibáñez en contra del acuerdo del mismo Consejo por el cual se aprobó la terna enviada al Congreso del estado para la designación del contralor interno del propio instituto.

Esta impugnación evidencia que nuevamente el Consejo General del Instituto Electoral, que encabeza Brenda Canchola Elizarraraz, ha caído en un exceso al resolver asuntos de su competencia. 

Ahora fue en su sesión del 29 de abril cuando aprobaron que, a pesar de haber obtenido una de las mejores calificaciones en el proceso de selección, solo por ser hombre uno de los finalistas para formar la terna de candidatos a contralor interno del Instituto Electoral no fue incluido en la misma y en su lugar anotaron a una mujer.

El hombre excluido interpuso la impugnación, pues ahora se conoció que había ocupado el tercer lugar en la evaluación que hicieron de los aspirantes. 

Así que, a pesar de que originalmente la terna estaba formada por dos hombres y una mujer que obtuvieron las calificaciones más altas, con la exclusión se conformó por dos mujeres y un hombre.  

Y así fue enviada al Congreso del estado, que deberá nombrar al titular de dicha contraloría interna. 

Por el recurso del ciudadano, el nombramiento quedó en “stand by”, hasta que se resuelva la impugnación. El asunto podría alargarse, porque lo más seguro será que el Consejo General le rechazará el recurso. Y si así lo desea, el hombre podrá acudir al Tribunal Estatal Electoral e incluso a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación.  

Con la exclusión de uno de los candidatos mejor evaluados, el Consejo General incurrió en una discriminación hacia un profesionista que demostró, con un examen de conocimientos, con currículum y con una entrevista ante los consejeros electorales, que era capaz de ocupar la contraloría interna.

Así lo decidieron los siete consejeros: Brenda Canchola, Beatriz Tovar, Sandra Prieto, Nora García, Concepción Aboites, Luis Gabriel Mota y Antonio Ortiz.

La justificación de Brenda Canchola, quien evidentemente impulsó esta decisión, fue, en esencia: “Tenemos que cuidar como parte del Estado mexicano que las mujeres tengan real oportunidad de acceder no solo a los cargos de elección popular, sino a cargos públicos de manera general.

“Es potenciar a que una mujer tenga una posibilidad de llegar al cargo. No es discriminatorio, va un hombre (en la terna)”, dijo.

La oportunidad ya la tuvieron las mujeres cuando se inscribieron a la convocatoria y la tomaron 23 personas, entre hombres y mujeres. Tuvieron la oportunidad cuando hicieron su examen de conocimientos y las entrevistas con los consejeros. 

Veinte pasaron a esta última etapa. Ocho mujeres y dos hombres fueron de los que obtuvieron las calificaciones más altas en las evaluaciones. ¿Dónde está la falta de oportunidades para las mujeres en el IEEG?

Las mujeres mandan 

Pero dichos argumentos no tienen sustento en el Instituto Electoral porque si en algún campo las mujeres ya han alcanzado bastantes puestos de decisión y directivos es en el Instituto Electoral. Y no de ahora, sino desde hace varios años.  

Simplemente, cinco de los siete consejeros son mujeres: Brenda Canchola Elizarraraz, ella, nada más y nada menos que la presidenta. Además: Beatriz Tovar Guerrero, Sandra Prieto de León, Nora García Huitrón y Concepción Aboites Sámano. Puestos de decisión ya tienen las mujeres. 

La elección de mitad de mujeres consejeras se dio por primera vez en agosto de 2014, cuando se eligió a Yari Zapata López, Dolores López Loza e Indira Rodríguez. 

La secretaria del Consejo General es mujer: Indira Rodríguez, desde el año 2020. La contralora interna saliente, Ileana Catalina Arriola Sánchez, quien duró en el cargo por lo menos desde 2013 ó 2014, es mujer. 

De acuerdo con el organigrama del Instituto publicado en su página de internet, Patricia Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral, es mujer.

Guadalupe Mendiola, titular de la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, es mujer. ¿Dónde está la falta de oportunidades para las mujeres en el IEEG?

Fedepales freseros, sin pena ni gloria

En Irapuato, la remoción del director de Policía Municipal, Rubén Omar Jaramillo, inició la desbandada de los Fedepales que en noviembre del 2021 conformaron el Comando Especial de Reacción Inmediata Irapuato (CERII), ahora ya extinto.

Este martes, sorprendió la destitución del mando que llegó de la mano de Miguel Ángel Simental, a quien la presidenta municipal Lorena Alfaro culpó de la decisión de hacer mal uso de la fuerza pública durante la marcha feminista del 1 de mayo.

Caray, Lorena andaba turisteando en Colombia mientras las mujeres exigían freno a la justicia y a su regreso le echó la culpa a quien no la tuvo. Le faltó investigar poquito para darse cuenta que quien ordenó la golpiza de las manifestantes fue Víctor Armas Zagoya.

Víctor fue el coordinador de la campaña de Lorena-candidata y sigue gozando de la confianza de la alcaldesa así que ni se inmutó cuando culparon a Rubén Omar.

Las autoridades de Irapuato se dicen dispuestas a investigar los hechos desde la Unidad de Asuntos Internos y a poner todo de su parte para que se lleven a cabo las investigaciones en la Fiscalía del estado y la Procuraduría de Derechos Humanos.

Pero mientras este tema avanza, se viene otra avalancha para Irapuato, ahora con la desbandada de los Fedepales, que según llegaron a fortalecer el trabajo operativo y de reacción a Irapuato y que se van sin haber dado los resultados prometidos.

Victor Armas, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad, asegura que solo quedan 10 de los 50 elementos que llegaron a conformar el CERII y que estos pocos elementos sí se quieren sumar al nuevo plan de trabajo.

Promete una nueva estrategia de prevención basada en la cercanía, y asegura que los recursos que se destinaban al CERII irán al fortalecimiento de la corporación.

Eso sí, aunque se habla de transparencia, nada más no quieren soltar la información de cuánto recurso se destinó a este grupo táctico e informar resultados.

Lo único cierto es que Irapuato continúa sumido en una histórica crisis de seguridad.

Tránsitos armados en Celaya, dudas

El primer grupo de agentes de Tránsito en Celaya que portan armas de fuego provocó que se desatara la polémica al interior de la corporación y dudas que no han sido aclaradas por ninguna autoridad. 

El miércoles un grupo de elementos con la camisa de Tránsito y Policía Vial de Celaya, que portaban armas de diferentes calibres, realizaron un rondín en pleno Jardín Principal, situación que provocó asombro entre la ciudadanía. 

Tras cinco años de espera, parecía que por fin los agentes viales en Celaya comenzarían a portar armas de fuego. 

Cabe recordar que, desde 2016, en la administración del exalcalde Ramón Lemus, se cambió el enfoque de Tránsito y Vialidad a Tránsito y Policía Vial y ya se tenía el proyecto de armar a los agentes. 

Dicho proyecto se retomó con el exsecretario Miguel Ángel Simental a principios del 2020, sin embargo, durante meses se justificó que debido a la pandemia se retrasaron los trámites con la Sedena para conseguir la licencia oficial colectiva.

Dicen los que saben que el grupo de elementos que se le vio portar armas son expolicías federales de reciente contratación que ya vienen con su respectiva licencia e incluso se rumora que forman parte del Grupo Comando Especial de Reacción Inmediata de Irapuato que renunció en días pasados. 

Esta situación ha provocado nuevamente el descontento al interior de la corporación de Tránsito y Policía Vial en Celaya ya que vieron cómo, de la noche a la mañana, las armas que serían para los elementos capacitados ahora son para los expolicías federales recién llegados. 

Hasta este fin de semana, nadie ha querido aclarar si estos agentes son de reciente ingreso a la corporación y cuándo se les dotará de armas al resto de elementos. 

Francisco Frías, no precisó si todos los agentes comenzaron a portar armas, situación que le originó una severa llamada de atención por parte del secretario de Seguridad, Jesús Rivera. 

Lo que parece inevitable es que tal y como ocurrió con la Policía Municipal de Celaya, ahora en Tránsito vendrá una limpia con varios despidos y posibles contrataciones de exfederales.

INAH golpe de autoridad

Un golpe de autoridad fue lo que dio el INAH al suspender los trabajos de rehabilitación del camino antigüo de Marfil, porque el Municipio nada más no pidió el permiso a la instancia federal, como quien dice se querían ir por la libre.

Pese a que pareciera que es un trabajo de rehabilitación sencillo, la reconstrucción de un muro que tiene siglos de historia, no es cualquier “chambita”. Estaría bien que el cronista José Eduardo Vidaurri Aréchiga, hablara de la historia.

Hace unos días el director de Obras Públicas, Marco Antonio Ortiz Rendón, anunció que en breve comenzarán los trabajos para rehabilitar el histórico camino.  Así que el miércoles muy temprano llegó la maquinaria del Municipio y pa’ pronto comenzó a escarbar, al parecer para llegar a los cimientos del muro. 

En esas andaban cuando llegaron los inspectores del INAH para pedir los permisos, que, al no tenerlos, pues les informaron que la obra estaba suspendida. 

Ahora, como todo ciudadano cumplido, deben acudir a hacer el trámite. Olga Adriana Hernández Flores, delegada del INAH en el terruño, ya le dijo al Municipio que en todas las intervenciones y los nuevos proyectos que sean históricos o estén dentro de la poligonal protegida, deben tener la anuencia de la instancia federal.

Esto cayó como balde de agua helada porque a la carrera el Director declaró que el arranque de las obras del nuevo Museo de Momias, el cual tiene endrogado al municipio con 70 millones de pesos, está en las manos del INAH. 

MCMH