‘Esa chamaca va a ser mía’: La violencia de género detona desplazamiento forzado Animal Político

Asolada por la violencia de las pandillas, la familia de Sonia* salió huyendo de El Salvador. “Mis hijos ya no podían estudiar. Mi hija Laura trabajaba y llegaba tarde. Un muchacho decía ‘esa chamaca me gusta, va a ser mía por las buenas o las malas’”, comparte en entrevista.

Se mudaron muchas veces por toda la capital, pero las mafias que se disputaban el control de la zona alrededor del penal de Mariona les seguían los pasos. “Cuando ya no había opción de cambiarnos de casa, tomé la decisión de venirme a México. Dije: ‘no puedo luchar contra ellos. No quiero lamentar que los próximos sean mis hijos e hijas, que los tenga que recoger en bolsas negras o no aparezcan’”. 

Sus dos hijas, dos hijos y una nieta la acompañan en el autoexilio, en busca de mejores oportunidades.

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La historia de Wandina*, procedente de Honduras, es similar. “Vivíamos en El Progreso, Yoro, teníamos un taller de enderezado y pintura de carros, y de balconería. Cuando alguien tiene un negocio pequeño, las pandillas cobran el ‘impuesto de guerra’, que es extorsión. Mi esposo empezó a recibir amenazas. Cuando mis hijos tenían uno y cuatro años, mataron a su papá. Me quedé sin trabajo y también comenzaron a asaltarnos mucho”, cuenta en entrevista.

Sonia y Wandina vendieron, regalaron o abandonaron todas sus cosas y emprendieron el camino a México. Tras ser deportadas, al fin lograron llegar a Tapachula, ser atendidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y obtener el reconocimiento de la condición de refugiadas. 

Desde 2013 ha habido un crecimiento exponencial de las solicitudes de refugio en México a causa de violencias y pobreza en Centroamérica, y persecución política y falta de oportunidades en países como Venezuela y Cuba, de acuerdo con el estudio Perfiles, dinámicas y perspectivas en torno a la situación de las personas refugiadas en México, de El Colegio de la Frontera Norte (Colef). El crecimiento fue de 5 mil 348% en seis años (de mil 296 en 2013 a 70 mil 609 en 2019). 

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La participación de las mujeres en las solicitudes de refugio también aumentó paulatinamente en este periodo y actualmente ellas conforman 42% de las 115 mil 867 personas que iniciaron dicho trámite en lo que va de 2021, dice en entrevista Sofía Cardona, oficial de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“Las mujeres y las niñas que son forzadas a huir de sus hogares se encuentran en un riesgo adicional o elevado de experimentar violencia de género, ya que cualquier desplazamiento es una reducción en la esfera de derechos y exacerba las relaciones desiguales de poder. La violencia de género es tanto causa como consecuencia del desplazamiento forzado”, dice Cardona. 

“Hay mujeres, niñas y personas LGBT+ y no binarias obligadas a huir de sus hogares por violencia doméstica, homofóbica o transfóbica; huyen de parejas o de personas violentas que les quieren obligar a caer en esquemas de explotación o trata”, añade.

Sobre la relevancia del factor género en el desplazamiento forzado coincide en entrevista Martha Rojas Wiesner, investigadora de El Colegio de la Frontera Sur. “En Centroamérica son distintas las violencias, no sólo de las pandillas, también intrafamiliar y de género. En el caso de la población LGBT+, huyen por la fuerte discriminación que hay en esos países”, comenta.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), menciona en entrevista que al llegar a México, las mujeres migrantes están expuestas a violencias que van desde la extorsión y el robo, hasta la violación y la trata. De los casos que el Imumi acompaña, comparte que 64% de las mujeres vivieron persecución, 72% violencia física, 82% violencia psicológica, 57% violencia patrimonial, 42% violencia económica y 17.5% violencia sexual.

Mujeres migrantes se asientan en la periferia de Autlán, Jalisco. Foto: Dzilam Méndez

Durante la pandemia, además, las violencias y discriminación se agudizan, señala ONU Mujeres en Mujeres migrantes y refugiadas en el contexto de la COVID-19. “Pueden experimentar un aumento de casos de violencia sexual y basada en género, derivados de las medidas del aislamiento y confinamiento en los hogares o albergues, las cuales tienen miedo a denunciar por su estatus migratorio o por dependencia derivada de sus casos de solicitud de la condición de refugiado; además de encontrarse imposibilitadas para acceder a servicios de atención o canales de denuncia”, se lee en el documento.

Violencia más allá de fronteras

El Imumi trabaja con mujeres migrantes extranjeras, pero también con mexicanas víctimas de desplazamiento forzado interno. Al respecto, su directora destaca que la violencia intrafamiliar es una de las grandes problemáticas. 

“Desafortunadamente, México es parecido a Centroamérica. Tratas de pedir protección pero pasa lo mismo que con las mujeres mexicanas; muchas veces tú eres la que tiene que entregar la orden de protección al agresor, la policía lo minimiza o te criminaliza. Por la cercanía geográfica y cultural, la violencia puede seguir a la mujer hasta México. No necesariamente por cruzar la frontera hay un espacio nuevo donde la violencia de la que huyes va a desaparecer”, analiza Kuhner. 

La historia de Alejandra**  refleja la realidad del desplazamiento forzado en México. Ella se mudó de Veracruz a Ciudad Juárez en busca de mejores oportunidades de trabajo, ante lo cual su pareja comenzó a volverse cada vez más violenta. Las personas con las que emigró eran cercanas a su agresor, por lo que huyó y buscó apoyo en la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Familia en Ciudad Juárez, donde fue canalizada al refugio Sin Violencia A.C. 

“Mi pareja me amenazó muchas veces con que si volvía a Veracruz me iba a encontrar y a hacer que yo volviera con él. Estoy esperando a que se le pase esa sensación de violencia que tiene contra mí, y que no quiera alcanzarme donde quiera que yo esté”, cuenta Alejandra en entrevista.

Elia Orrantia, activista y directora de Sin Violencia A.C., explica que “80% de las mujeres que llegan a Sin Violencia son migrantes nacionales, de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Generalmente llegan a Ciudad Juárez con su agresor buscando mejores oportunidades laborales, ahí es cuando empieza la violencia, fuera de sus lugares de origen, lo que las vuelve más vulnerables”.

“Me voy a quedar en Juárez a trabajar y recobrar mi documentación. Mi agresor rompió todos mis papeles, el único que pude recuperar fue porque pegué los pedazos y le saqué copias, con eso pude ingresar al refugio. Quiero buscar trabajo con lo que aprendí en el refugio, tengo planes a futuro”, comparte Alejandra, quien es contadora pública de profesión, pero está interesada en el área de belleza. 

Foto: Dzilam Méndez

Xenofobia y barreras al empleo formal

Podóloga certificada, cuidadora de adultos mayores, emprendedora de un negocio de pupusas, especialista en belleza, trabajadora de limpieza y checadora en un gimnasio son las diversas ocupaciones en las que Sonia se ha empleado desde su llegada a México. Con los ahorros que juntó de la pupusería que montó afuera del departamento donde vivía en Tapachula, y el apoyo del programa de integración de la ACNUR —que reubica a las personas en el corredor industrial del norte del país y busca enlazarlas con vacantes—, se mudó a Saltillo con sus hijos.  

“Hay empresas que no contratan extranjeros, tampoco dan estabilidad y nos despedían pronto”, cuenta Sonia, quien identifica el ser de otro país como uno de los principales impedimentos para hallar un trabajo. Además, en ningún trabajo ha tenido prestaciones. “Ni siquiera sus días libres le quieren dar a una, sólo dejarme salir unas horas el domingo y pagarme mil 800 pesos a la semana”. 

Martha Rojas de El Colegio de la Frontera Sur, quien ha estudiado el tema desde hace 20 años, habla sobre la variedad de trabajos que realizan las mujeres migrantes para sostenerse a sí mismas y a sus familias: comerciantes en tianguis, como cocineras, limpiando restaurantes, de meseras, recamareras, trabajadoras agrícolas y trabajadoras domésticas, donde es común que sean mal pagadas, con horarios de 12 horas, que no tengan prestaciones sociales o sean discriminadas.

Las especialistas Rojas, Kuhner y Cardona coinciden en que una de las principales violencias que viven las mujeres migrantes refugiadas es el acceso al empleo formal. “Muchas mujeres con las que trabajamos se quedan en estos sectores informales: sin prestaciones, ni contrato laboral, de arrendamiento, sin acceso a vivienda, sin cuenta de banco. Y mucha de la población mexicana está en la misma situación, entonces las mujeres migrantes se insertan en lo que hay”, dice Kuhner. 

Por otro lado, Sofía Cardona refiere que la xenofobia tuvo un incremento alarmante en los últimos años. “Desde la ACNUR hacemos diagnósticos participativos con personas refugiadas y solicitantes, y en 2020 encontramos una percepción de que han aumentado las barreras al empleo para las personas migrantes, solicitantes y refugiadas, y desafortunadamente, mucho tendría que ver con la xenofobia”.

Wandina narra que en Tapachula no la contrataban. Con el apoyo del programa de la ACNUR se trasladó a Coahuila y entró a trabajar en el Club Campestre de Saltillo, donde sí cuenta con seguridad social. Recuerda el episodio en el que una mujer migrante hondureña fue agredida a través de redes sociales cuando habló sobre la comida que ofrecían en un albergue en Tijuana. A partir de entonces, Wandina comenzó a ser violentada en el trabajo con insultos sobre su origen y asociados a dicho tema.

Wandina fue reubicada a otra área cuando intentó renunciar y ya va a cumplir dos años en su actual empleo, donde ya trabaja también su hijo. Sin embargo, al no tener pasaporte porque antes de su salida de Honduras sólo consiguió los de sus hijos, no tiene acceso al sistema bancario. “Estamos hablando de personas que huyen de sus países, pedirles un pasaporte vigente es una barrera casi insuperable”, dice Sofía Cardona. 

Derechos a la salud y la educación limitados

La hija de Wandina es sordomuda. Cuando vivían en Honduras, una pandilla asaltó su escuela y le robó su aparato auditivo. Desde entonces no ha tenido dinero para reponerlo. “Fui al DIF de Saltillo y me dijeron que no me iban a apoyar porque soy extranjera. Yo les dije: ‘pero si pago impuestos’”. De acuerdo con la Ley de Migración, corresponde a los DIF estatales “proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección”.

Otro aspecto que se ha complicado para Wandina es encontrar una escuela que responda a las necesidades de la discapacidad de su hija, y que acepten a su hijo en una preparatoria. Aunque pagó por la revalidación de los estudios del adolescente, en las preparatorias públicas le decían que ya no lo podían aceptar a los 16 años. 

Cuando Sonia trabajaba cuidando a un adulto mayor, la jornada era muy pesada e incluso tenía que laborar en domingo. Relata que su pierna se durmió por estrés, por lo que tuvo que renunciar. Al no tener acceso a la seguridad social, fueron sus compañeros del curso de podología —que pagó con su trabajo y una beca de ACNUR— quienes la atendieron. 

Durante la pandemia, relata Martha Rojas, si las mujeres migrantes o sus hijos se enfermaban, no tenían recursos, pues el poco dinero que ganaban era para pagar la vivienda y apenas les alcanzaba para consultorios de farmacias. “Sacrificaban la alimentación por medicamentos. En muchos padecimientos, las mujeres tenían que apechugar porque no había otra alternativa. La solución era una pastilla ansiolítica o aspirina con la que combatían la dolencia. Otras tenían que sacar a sus hijos de la escuela porque no tenían para pagarles el internet o llevarlos en transporte”. 

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Redes de apoyo y otras necesidades 

Si bien ha habido un aumento exponencial en las solicitudes de refugio en México, “somos un país lo suficientemente grande, establecido y con programas y capacidad para lograr la integración plena de las personas que desean quedarse acá. Todo está en cómo se distribuyen los recursos y logramos que estos programas sean responsivos, rápidos y que apoyen no sólo a las personas que huyen, sino también a las comunidades que les acogen”, señala Sofía Cardona.

Al analizar los datos de la Comar, en lo que va de este año hay un rezago en el número de solicitudes de refugio con respecto de aquellas que son resueltas y otorgadas, señala Rojas Wiesner. Por su parte,  Cardona destaca la labor de la institución durante la pandemia, que a diferencia de otros países no cerró la atención. 

Gretchen Kuhner coincide en la necesidad de fortalecer el sistema nacional de protección a personas refugiadas y considera que para lograr una mejor integración de las mujeres migrantes en los servicios básicos son necesarios programas comunitarios donde trabajadores sociales apoyen a las personas a encontrar trabajo y les expliquen cómo acceder a servicios de salud. Asimismo, que se capacite a las autoridades.

Las redes de apoyo son fundamentales, explica la también maestra en derecho migratorio, género y asilo. “Cuando la gente está más vulnerable es cuando no buscan insertarse en un lugar. Y no hay nada como una comunidad, incluso pequeña, de personas que vienen de tu país y te pueden enseñar porque han pasado por algo similar o te recomiendan en el trabajo”. 

Como menciona Gretchen Kuhner, “las mujeres y las personas en movilidad en general son muy fuertes, son sobrevivientes, porque el solo hecho de salir de tu país es un paso que demuestra que tienes estrategias y habilidades”. Para ONU Mujeres, “las mujeres y las niñas refugiadas tienen una enorme capacidad de resiliencia y el potencial de convertirse en agentes del cambio”. 

Sonia y Wandina se sienten más seguras y con mejores oportunidades en México. Sonia tiene el sueño de abrir su propio consultorio podológico para tener más clientes, y a Wandina le gustaría montar una tienda de abarrotes, y que sus hijos estudien en la universidad. Ambas quisieran, a largo plazo, acceder a una vivienda propia, así como iniciar pronto el trámite de naturalización mexicana para poder viajar y visitar a la familia que dejaron en sus países. 

Foto: Dzilam Méndez

*Sus apellidos no se incluyen para resguardar su identidad.

**Su nombre fue cambiado por cuestiones de seguridad.

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