Estado de los ESTADOS AlMomento.mx
Lilia Arellano
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido.
El silencio estimula al verdugo: Elie Wiesel
Reformatorio y correccionales, vigentes
Nuevo nombre pero igual universidad del crimen
Niños y Adolescentes infractores sin protección
AMLO empieza a dar la lectura de su testamento
Ciudad de México, 8 de mayo de 2024.- Se demanda transparencia en las cuentas públicas, lo cual debe seguir exigiéndose, cuando así se requiera, pero, existen puntos, lagunas, hoyos negros en los cuales se sigue hundiendo un buen número de familias mexicanas al tener, dentro de sus integrantes, a jovenes dentro de los pomposamente llamados en el presente “Centros Especializados”, de los cuales los gobiernos, los estatales y el federal, no hablan, callan, no se involucran y mucho menos cumplen con la Ley. Se trata de 51 correccionales, reformatorios, auténticas cárceles formadoras de delincuentes de alta escala, sin atención ni dentro de ellos y mucho menos por parte del Poder Judicial, de los Tribunales destinados a juzgar sus delitos.
La constante fuga de menores infractores considerados peligrosos, quienes evaden las custodias de los tutelares de las zonas geográficas más conflictivas del país, enfocan los reflectores, una vez más, para conocer cómo están operando en México, aunque la realidad señala el problema es regional y abarca a toda América Latina. En nuestro país, las instalaciones siguen siendo insuficientes, no cuentan con el personal adecuado, sus condiciones sanitarias dejan mucho que desear, y las autoridades estatales y federales siguen rehuyendo el problema de fondo: reintegrarlos a sus familias y a la sociedad en general. Por el contrario, muchos de estos centros, como lo son los llamados de Rehabilitación Social o Ceresos, son verdaderas escuelas del crimen y lugares de ejército de reserva de “soldados” para las organizaciones criminales. Cada uno de los lugares en donde se ubican cuentan con una atención particular por parte de los mafiosos, quienes analizan a los internos, los favorecen, cuidan de sus familias y los insertan en sus filas recibiendo lealtades a toda prueba.
No existe una sola entidad en donde se tengan correccionales, reformatorios, centros de reinserción de menores en situaciones dignas. Las carencias son máximas y los gobernadores prefieren olvidarse de estos lugares e inclusive de las cárceles y sólo salen a exigir investigaciones cuando se presentan suicidios o crímenes en el interior. A ningún gobernante le interesa realmente reintegrar a estos jóvenes, ofrecerles estudios dentro del lugar de reclusión, capacitarlos en algún oficio. Esperan cumplan la mayoría de edad para seguir con sus juicios y llevarlos como internos a los reclusorios. Ni siquiera se protestan sus sentencias, no tienen abogados de oficio y el alejamiento familiar se hace presente.
Cada sexenio a nivel federal y cada gobierno estatal admiten en sus informes y reportes “es urgente” se mejoren las condiciones actuales que imposibilita se les atienda en caso de adquirir alguna enfermedad. En los tiempos de pandemia nada se supo de cuántos fueron los infectados y de ellos, el número de fallecidos o si los enviaron a sus hogares ¿qué hicieron durante el Covid 19 con estos jóvenes? Tienen perdidos derechos humanos como la salud, la educación, a la cultura, al deporte entre otras prácticas con las cuales se podría dar con facilidad y convencimiento una reintegración social exitosa.
Las deficiencias pese a reportes de organizaciones nacionales e internacionales siguen siendo las mismas, no se atiende lo marcado por la Ley de menores infractores. Pese a tratarse de un tema tan delicado en donde aparece el escenario de los grupos de los cuales se verán rodeados nuestros hijos si no se logra la reinserción y atención de los adolescentes, las autoridades no voltean a cumplir con estos jóvenes mexicanos y sin un claro futuro después de asistir, en ocasiones durante una década a una universidad del delito y el crimen.
A casi siete años de la publicación de la Ley Nacional del Sistema Penal para Adolescentes, está confirmado no se han logrado revertirse y superarse los retos que el Comité de los Derechos del Niño enfatizó a México en el año 2015, principalmente respecto de las precariedades observadas en diversos centros de internamiento y/o especializados, así como en la falta de administración y actualización, ahora reflejada en los ordenamientos internos que rigen dichos establecimientos a la luz de lo dispuesto en la Constitución con la propia Ley Nacional y General de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los posibles actos de violencia hacia dicho grupo de personas al interior de los centros.
Los casos de niños infractores que se fugan de los centros a los cuales cada administración estatal les cambia de nombre y pintan sus paredes con costos millonarios, es un problema persistente en cada gobierno federal, desde no se exige, simplemente, el cumplimiento de la Ley. Las cuestiones de fondo sobreviven y lo peor es que se agudizan. El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), reportó el análisis de las condiciones que enfrentan adolescentes y jóvenes que cumplen una medida de sanción con internamiento en los “centros especializados” existentes a nivel nacional. María del Rosario Ibarra de Piedra, firmó un pomposo registro en donde los abusos se hacen presentes, pero también la inutilidad de solamente dar a conocer buenos deseos, sin perseguir algún cumplimiento..
Al cierre de 2022, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por un total de 314 centros: 15 centros penitenciarios federales; 248 centros penitenciarios estatales y 51 centros especializados destinados al internamiento o semi internamiento de las personas adolescentes, tales como los centros de tratamiento o internamiento para personas adolescentes, escuelas de readaptación social, comunidades, albergues, o cualquier otro destinado a ese tipo de funciones. El cambio de nombre no ha impedido se sigan considerando como correccionales y sus prácticas pertenezcan a varios siglos pasados o reformatorios con esa concepción de mayores daños practicada desde la vieja Europa.
Caer a los centros de internamiento para jóvenes y adolescentes provoca el mismo pavor de cuando se ingresaba a las correccionales o a los reformatorios. Ni antes ni ahora funcionan los Tribunales para menores, inclusive de ellos, poco se ocupa el Poder Judicial aún a sabiendas de ser los sitios en donde se está formando a los capos y grandes delincuentes del futuro, incluyendo defraudadores y asesinos en serie.
Los estados con más “centros especializados” son específicamente aquellos en donde más problemas de seguridad enfrentan sus juventudes en la actualidad: en las fronteras, Sonora con 6; Tamaulipas, 5; Ciudad de México 4; Baja California 3; Chiapas, Jalisco, Michoacán, Coahuila y Durango con dos 2; y solamente uno en el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Chihuahua, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Campeche, a pesar de la profundidad del problema a nivel regional y nacional.
Puede apreciarse salvo en Colima y Tlaxcala, el resto de las entidades cuentan con territorios muy amplios en donde se hace imposible a las familias estar en contacto con los menores internados. El desprendimiento de padres, hermanos, es otro factor influyente en el comportamiento posterior de estos jóvenes quienes, en un buen número, han cometido errores propios de la edad y es ahí en donde los transforman y los convierten en auténticos delincuentes.
Los centros existentes a la fecha en cada entidad de la República cuentan con su propia denominación, sin embargo, no hay uno sólo en donde se hubiesen entregado buenas cuentas, en donde pudieran haber presumido de la reintegración de jóvenes ahí internados. Si las cárceles son un desorden del cual hablaremos en fechas próximas, los reformatorios, o correccionales están todavía mucho peor. En la Ciudad de México han separado a niños de niñas y, en el nombre algunos llevan la penitencia como es el caso del nombrado “Doctor Alfonso Quiroz Quaron”. Coahuila lo copió y lo llama Centro de Internamiento Especializado en Adolescencia Femenil y de la misma manera tiene el de Saltillo solamente que, varonil.
Entidades como Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, ni siquiera cuentan con un registro de menores infractores y carecen de medidas para ser aplicadas en el terreno de los derechos humanos, aunque sus códigos penales tampoco están a la altura de los hechos perpetrados por numerosas pandillas y en donde el narcomenudeo emplea a numerosos jóvenes, casi, casi niños. Las denuncias sobre trata de blancas, abastecimiento para pederastras, desaparición de internos, de uno y otro sexo, no son atendidas y muchos menos dadas a conocer a la opinión pública..
Pasan años, décadas y los narrado en informes de 2017 y 2019, enmarcan, como sucedió en los anterior que la infraestructura de los centros no cumple con los requerimientos que admitan la aplicación y protección de los derechos humanos de las personas adolescentes, principalmente a las pertenecientes a algún grupo de atención prioritaria. A la fecha no se ha permitido que las personas adolescentes y jóvenes sean escuchadas de forma activa a partir de sus necesidades.
DE LOS PASILLOS
En el testamento lopezobradorista aparecemos todos los mexicanos. Nos hereda, para la grata consulta, para el recordatorio, para mantener vigentes sus palabras, sus errores, alegrarnos con sus mentiras, nada menos que mil 300 mañaneras, cómo pasará el dos de junio: usted decide… Interesante entrevista la de López Dóriga al General León Trawitz, ex responsable de la seguridad en Pemex, particularmente lo relacionado con el huachicoleo. El mílite sigue en Canadá, destapó la verdad sobre esta actividad al recordar el 80 por ciento se practica desde las tomas en las refinerías y solamente un 20 por ciento lo realizan otros grupos pero, la interrogante en el aire ¿quién paga por esa gasolina? ¿A quién le venden el huachicoleo de la materia prima, del petróleo? Esta delincuencia está enraizada y según el General, quien habrá de llevar a todas las instancias legales la no extradición aceptada apenas hace unos días por Canadá para enviarlo a México, Pemex está infiltrado y eso, simplemente, no puede dudarse porque se vé, se siente, está presente aunque AMLO lo niegue… Disculpando la ignorancia pero ¿en dónde están los 11 mil Comités de Salud anunciados por el primer mandatario y cuál es su responsabilidad. Porque lo de la contratación de cinco mil médicos anunciada por el director del invento IMSS-Bienestar, puede estallarles al dejar sin médicos a los consultorios de las farmacias, los cuales han impedido se desborden las exigencias de los mexicanos quienes no logramos visualizar de hoy al 30 de noviembre un servicio de salud como en Dinamarca…
Y, hablando de salud y como se encuentran las campañas en los Cuautitlanes, la candidata de Morena, Juanita Carrillo se comprometió a garantizarles se rehabilitarán las clínicas y habrá un hospital de segundo nivel para lograr atención inmediata de los ciudadanos quienes contarán con promotoras de salud cuya misión será detectar y atender a quienes requieren con urgencia de medicamentos. El DIF, de ganar la alcaldía será otro de los renglones prioritarios… prometer no empobrece, todos esperan que cumpla porque no le están regateando el apoyo.
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