México debe investigar los casos de discriminación racial contra migrantes MPV
El país avanza en el reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes, pero tanto estos como los indígenas siguen enfrentando discriminación y exclusión racial, dice un comité de derechos humanos especializado en el tema, que también denuncia presuntos abusos en los puestos migratorios de acceso al territorio mexicano.
El Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial instó este lunes a México a acelerar el proceso de reforma de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, asegurando que se incorpore una definición de discriminación que incluya todos los motivos de discriminación racial, en particular los motivos de raza y linaje.
Si bien destacó los avances del país en cuanto al reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes, lamentó que tanto esas comunidades como los pueblos indígenas sigan enfrentando discriminación y exclusión social.
En este sentido, pidió a México que emprenda acciones concretas para reducir los altos niveles de pobreza y desigualdad que afectan a los pueblos indígenas y que adopte medidas especiales para eliminar la discriminación estructural contra esos pueblo y los afrodescendientes, así como para protegerlos de cualquier acto de discriminación por parte de agencias estatales y funcionarios públicos.
Acceso sin discriminación al mercado laboral
México debe asegurar que las personas indígenas tengan acceso al mercado laboral sin discriminación y que cuenten tanto en la ley como en la práctica, con condiciones de trabajo justas y satisfactorias, que incluyan una remuneración que les permita condiciones de vida dignas y acceso a la seguridad social, en particular las mujeres indígenas trabajadoras domésticas, señaló el Comité en las observaciones finales de su más reciente informe periódico sobre el país.
Asimismo, llamó a México a garantizar que los pueblos indígenas a sean consultados para obtener su consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos de desarrollo económico, industriales, energéticos, de infraestructura y de explotación de recursos naturales que afecten sus territorios y recursos naturales.
Atropellos contra los migrantes
El informe abordó el tema del creciente número de migrantes, reconociendo los desafíos que enfrenta México debido a los grandes flujos de personas que atraviesan su territorio.
Con respecto a esta cuestión, consideró que no obstante los compromisos del país de implementar una política migratoria basada en el respecto de los derechos humanos, los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados continúan siendo víctimas de actos de discriminación y violaciones de sus derechos, incluyendo tortura, malos tratos, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas y asesinatos.
El Comité se refirió a presuntos casos en los que se somete a perfiles raciales a las personas de ascendencia africana, pueblos indígenas o de piel morena o negra que llegan a los puntos de control migratorio operados por agentes del Instituto Nacional de Migración y miembros de la Guardia Nacional.
Asimismo expresó preocupación por deportaciones ilegales y otros atropellos supuestamente ocurridos en dichos controles migratorios, instando a México a investigar con celeridad e imparcialidad todas las denuncias en este sentido, a asegurar que los perpetradores rindan cuentas ante la justicia y a compensar a las víctimas.
También recomendó al país encontrar alternativas a la detención de los solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular; adoptar las medidas necesarias para que las estancias migratorias cuenten con condiciones de vida adecuadas de conformidad con las normas internacionales; continuar con las investigaciones del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, asegurando que los responsables sean enjuiciados y debidamente castigados y que las víctimas tengan acceso a una reparación justa y a garantías de no repetición.
Niños migrantes no acompañados
En cuanto a los niños migrantes no acompañados, el Comité tomó nota de las reformas a la Ley de Migración en materia de protección de la niñez, así como la prohibición de recluir a niños migrantes en los centros de inmigración. Sin embargo, manifestó preocupación por la aplicación de estas disposiciones que en algunos casos ha dado como resultado la devolución de niños no acompañados a su país de origen, sin la posibilidad de iniciar el procedimiento de solicitud de protección internacional.
Para evitar estas devoluciones, pidió a México velar por que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado preste la debida atención a la situación individual e interés superior de cada niño, estableciendo mecanismos de coordinación con las autoridades estadounidenses a fin de facilitar a los niños migrantes no acompañados el acceso al procedimiento de asilo y reagrupación familiar en ambos países.
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