El trato brutal y violatorio a sus derechos que reciben los detenidos por supuestas conspiraciones contra Nicolás Maduro Infobae

El número de los presos políticos en Venezuela se ha disparado desde que el Fiscal Tarek Saab, en conjunto con los cuerpos de Inteligencia, Sebin y Dgcim, ha presentado no menos de siete supuestas conspiraciones, y en todas coinciden las ganas, el anhelo o el pensamiento de atentar contra Nicolás Maduro Moros. Cada una tiene sus variantes, a algunas le agregan que también el objetivo es el Ministro de la Defensa, el Gobernador del Táchira e incluso el diputado Diosdado Cabello. Las víctimas de la acción fiscal han sido periodistas, militares, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.

Todas las supuestas conspiraciones, según la trama del Ministerio Público y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) o la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tienen a Maduro como el objetivo y a María Corina Machado como verdugo. En las grabaciones que publica el Fiscal General, siempre hay un libreto similar. Lo peor es el trato que le dan a quienes son detenidos para justificar dichas conspiraciones.

Dos casos revelan el trato a detenidos sin distinción de que sean militares o civiles, uno es el de los hermanos Zambrano Arias, uno de ellos autista, lanzados a la cárcel de Yare. El otro es el periodista Carlos Julio Rojas, recluido en el Sebin, incomunicado, sin derecho a abogado privado, sin saberse en qué condiciones físicas está, cuando se sabe que el SEBIN, como la DGCIM, son centros de tortura.

Carta a la ministra

Luz Marina Arias tiene a dos hijos, uno es militar activo de la Fuerza Armada y el otro, lo fue hasta que lo dieron de baja por su condición autista. Los dos están presos luego de la celada que le montaron dos funcionarios en busca de ascenso y quienes los señalaron de ser conspiradores. La angustiada madre le dirige una misiva muy puntual a la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Vicealmirante Celsa Sirley Bautista Ontiveros, resaltando que los jóvenes son maltratados por negarse a asistir al lunes cívico donde obligan a cánticos religiosos y lemas políticos.

“Señora ministra le escribe la madre de los hermanos Zambrano Arias injustamente detenidos en Yare 2, desde hace dos años. El director Ángel Flores amenaza y coacciona a mis hijos, porque ellos no quieren participar de la actividad Lunes Cívico, aunque sí salen a todas las demás actividades donde no estén obligados ‘a rezar cánticos ni lemas políticos’. El director dice que son instrucciones suyas que hagan esa actividad cívica”.

Sigue la misiva relatando que si los jóvenes se niegan a asistir al Lunes Cívico “no les dejan ver a su papá, un hombre de 70 años, que es el único que los visita. A pesar de su edad su papá es el único apoyo familiar con el que cuentan, y viaja desde San Cristóbal, cada vez que puede, a Caracas”.

Otra de las amenazas de Flores, el director de la prisión, es que va a enviar a los hermanos Zambrano Arias “para donde los ex funcionarios que ya los golpearon brutalmente. Con esas amenazas, los mantiene coaccionados”.

“Por favor señora ministra, mi hijo Juan Zambrano esta diagnosticado en el espectro autista y su salud está deteriorada; no permita esos abusos en contra de la dignidad de mis hijos, que son inocentes. Cualquier atropello en contra de la salud y vida de mis hijos es su responsabilidad directa y lo haré público. Del aberrante caso de mis hijos tiene conocimiento la CPI (Corte Penal Internacional) y en usted queda ministra garantizarles la vida y su integridad física. Atte Luz Arias”, finaliza la carta.

La excusa de la jueza

Juan Nahir Zambrano Arias, quizá por su condición autista, ni siquiera ha alcanzado a comprender por qué está preso, menos aun puede aceptar que esté preso porque fue víctima de las ambiciones de ascenso y poder de tres funcionarios: el Mayor (GNB) Danilo del Coromoto Rivero Moretti, el general de División (Ej) Homero Miranda Cáceres entonces director de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Los Andes y el capitán Santiago. Hasta entonces Juan Nahir y Daniel Josué eran jóvenes destacados en fútbol y ajedrez con sueños de prestar servicios al más alto nivel de la Fuerza Armada.

Hace unos días, el lunes 22 de abril de 2024, el director Ángel Flores dio la orden de rapar a todos los cuatro presos políticos, como una forma de humillarlos, mientras trata de obligarlos a hacer orden cerrado y a que griten consignas: “Chávez vive, la patria sigue”.

El 10 de abril de 2024, a las 8:30 de la noche (20:00) por fin permitieron que el abogado privado de los hermanos Zambrano se juramentara, exigiéndole, sin derecho a protesta, que ahí mismo debía hacerse la audiencia preliminar; el abogado solo tuvo 40 minutos para leer el expediente y hacer sus alegatos.

Ajustado a derecho y en defensa de Juan Nahir, su abogado alegó la condición de autista, de los cuales hay informe médico desde el 2012.

La juez Angie Carolina Garfie Uribe dijo en el Tribunal que Juan Nahir había sido evaluado por la unidad psicológica de atención del Ministerio Público; el joven le contó a su familia que eso no era cierto, que nunca ha recibido ningún chequeo de ese tipo. Si bien es cierto que la Fiscalía tiene ahí una unidad de atención inmediata para determinar al consumidor de droga, está muy lejos de cumplir con las pruebas de evaluación que determinen el espectro autista.

Juan Nahir tiene la edad mental de un niño de 12 años. Cuando lo llevan al Tribunal los alguaciles le preguntan a su hermano si él podía firmar, lo que demuestra que es notable el espectro autista que tiene, aunque sea de nivel leve. Esa fue la razón por la que la Guardia Nacional lo expulsó en diciembre 2021.

Otro periodista

Desde hace 11 días el periodista Carlos Julio Rojas, directivo del Colegio Nacional de Periodista (CNP) seccional Caracas, quien además es un activista de derechos humanos y luchador social, fue detenido por tres hombres vestidos de negro, armados y encapuchados, que lo subieron en una camioneta, frente a su esposa Francys Fernández.

Ante la presión de los medios de comunicación y redes sociales, el Fiscal Tarek Saab se vio obligado a salir unas horas después a reconocer que el comunicador social estaba detenido y en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), acusado de supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en un acto del 25 de marzo.

Con Rojas ocurrió lo mismo que con muchísimos detenidos: funcionarios fuertemente armados y encapuchados sin ningún tipo de identificación, en vehículos particulares y sin placas, en desaparición forzada que a veces llega a ser más de un mes, lo que no ocurrió con el periodista porque su esposa, amigos y colegas denunciaron inmediatamente el hecho. Lo incomunican sin derecho a llamar a un abogado, porque el Tribunal le impone, contra su voluntad, un defensor público.

Otra de las reiteradas praxis que hasta ahora no ha ocurrido con Rojas, pero sí con muchos otros de la misma causa, es que el Fiscal Tarek William Saab Halabi expone la grabación del detenido auto inculpándose, casi como un robot narrando un libreto y señalando a otras personas como cómplices de los actos terroristas o magnicidas que son objetivo del régimen venezolano, principalmente María Corina Machado.

Francys Fernández, en un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), dijo que “desde que se lo llevaron, no ha vuelto a saber de él, ni lo ha visto. Carlos Julio fue presentado en el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo. Le asignaron un defensor público y no se le ha permitido a su abogado privado juramentarse y tener acceso al expediente”,

La joven asegura que ese 25 de marzo, día en que el Fiscal Saab indica el intento de magnicidio, “Carlos Julio estaba conmigo en la casa. Pasamos todo el día en la casa. Carlos Julio es un luchador social”, dice asegurando que esos delitos que le imputan son impuestos. “Carlos Julio goza de solvencia moral”.

Sobre el día del secuestro por parte de los funcionarios del Sebin, ella relata que “íbamos caminando por la Candelaria cuando se presentan dos personas totalmente vestidas de negro, lo toman por los brazos y lo meten en una camioneta. Había una tercera persona grabando lo que estaba pasando; los tres de negro con los rostros tapados”.

Cuando va a El Helicoide, una de las sedes del SEBIN, “dejo su ropa, dejo su comida, pregunto por él, me dicen que está bien, pero no me permiten verlo. Cuando pregunto ¿cuándo lo voy a ver? La respuesta es: ‘no sé, 45 días’. Eso no es el debido proceso”.

Dice que han sido días muy difíciles por no saber cómo está Carlos Julio Rojas. “La angustia de no saber cómo está, qué le hicieron, porque por la forma en la que se lo llevan a mí me permite pensar cualquier cosa, porque no hubo una orden de aprehensión. Yo andaba con Carlos Julio, yo soy testigo de eso. No tenían ninguna insignia, no estaban identificados, no mediaron palabras con Carlos Julio ni conmigo”.

Cataloga que el único problema de Rojas “es que combino la política con el periodismo y lo hace muy bien; él informa, él usa las redes para informar, esas son sus armas”, finaliza diciendo la esposa de Rojas.

En Venezuela hay actualmente dos periodistas detenidos; por una parte, tiene más de dos años preso, Ramón de Jesús Centeno Navas, por haber entrevistado a un narco diputado del chavismo. Y ahora Carlos Julio Rojas por su activa militancia en acompañar las protestas en reclamo a los pésimos servicios públicos, a las ínfimas pensiones, al maltrato al anciano, denunciando la invasión de propiedades privadas; por eso el Fiscal Saab lo acusa de terrorista.